Que una ex primera dama denuncie a un ex presidente por violencia de género es un hecho sin precedentes. La violencia de género que se vive mayoritariamente en el ámbito doméstico, cobró un carácter social, gracias a la acción de los feminismos, de hacer visible un problema que antes se escondía bajo la alfombra, o quedaba recluido a las cuatro paredes del espacio privado y familiar.
Fue el activismo de las mujeres, las organizaciones que los feminismos se dieron los que mostraron con claridad los estragos que hace la violencia de género en la vida de las mujeres. No solo condiciona su desarrollo personal, profesional, económico, social, deja huellas en la psiquis, afecta la salud en todos sus aspectos, e incluso genera la muerte.
No es un tema menor. Las cifras crecen, las estadísticas se ensanchan. Sería un error pensar que solo se trata de considerar que hay más violencia per sé. Porque la violencia tiene múltiples capas, se forma en un tejido denso de relaciones y condiciones de poder que abusa de la situación de las mujeres y las somete. Pero también es necesario ver y analizar el contexto, comprender de qué manera las condiciones sociales, políticas, de salud, educación; el conjunto de leyes y sus reglamentaciones, la ejecución de programas y políticas públicas, beneficia o deteriora el cuadro de situación que ubica a las mujeres en un marco de precariedad y abandono.
Eso que comúnmente llamamos las brechas de género, no son otra cosa que esos obstáculos que hacen que las mujeres nos veamos obligadas en términos generales, a luchar contra esas barreras, a enfrentarnos a las inequidades que tienen los sistemas en todos los sectores sociales, en todos los espacios políticos. Por eso decimos que es un problema transversal, afecta a todos y a todas, particularmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres, disidencias.
Por eso cuando una mujer denuncia, sabemos que el proceso que tuvo que atravesar hasta llegar a formular una acusación, es complejo y la vuelve a colocar en el centro de la escena. Quien denuncia sabe a esta altura que el sistema va a poner en duda su testimonio, que todo lo que diga, tendrá que demostrarlo con pruebas, que deberá someterse a pericias médicas, psiquiátricas, a informes de equipos interdisciplinarios de los juzgados, cosa que generalmente no se le solicita al denunciado, porque todo el andamiaje judicial fue pensado por y para los hombres.
Por eso tiene un valor fundamental lo que han logrado los activismos feministas, permitiendo que las mujeres y disidencias tengan otras herramientas y asistencias para poder expresarse libremente y denunciar lo que antes solo se reservaba en la intimidad o en soledad. Es un acompañamiento sostenido por los colectivos feministas, que aprendimos a construir.
La denuncia de Fabiola Yañez va en consonancia con este proceso histórico: de lo que sale a la luz que antes estuvo velado. Hoy hay palabras donde antes había silencios. Hoy el sistema judicial cuenta con leyes que reconocen la violencia de género como un delito. Hoy como nunca antes en nuestro país, un ex presidente, como Alberto Fernández, es denunciado por su ex mujer y la justicia toma medidas de protección.
Que Fernández haya propiciado estas políticas públicas que dan el marco de legalidad a las demandas de las mujeres en materia de violencia de género, es un factor que lo equipara a él, a quien fuera el máximo mandatario de un país, a las generalidades de la ley. Y ahí radica la fuerza de las leyes, y de todas las acciones que desde el Estado se articulan para que esas leyes sean efectivas en su cumplimiento. Pero que se entienda, fue el movimiento y la organización de las mujeres las que sin lugar a dudas han encontrado la oportunidad de hacer valer sus derechos, de concretar en políticas y acciones, que se sostuvieron durante décadas de reclamos.
Hoy un hecho de esta naturaleza se difunde y se conoce, justamente porque la fuerza colectiva de las mujeres ha hecho que la violencia de género no cuente con el aval, ni sea naturalizada como lo era antes.
Sandra Miguez
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