Por Sandra Miguez
El femicidio de Julieta Riera, ocurrido en mayo de 2020 en Paraná, vuelve a estar en el centro del debate público por las irregularidades en el cumplimiento de la condena contra su femicida, Julián Christe. Condenado a prisión perpetua por arrojarla desde un octavo piso, Christe goza desde 2023 del beneficio de la prisión domiciliaria, una decisión judicial que generó fuertes críticas de organizaciones feministas, que señalaron el caso como el de “un hijo del poder protegido por ciertos sectores de la Justicia entrerriana”.
Un beneficio cuestionado
La prisión domiciliaria le permitió a Christe cumplir su condena en la vivienda de su madre, Ana Stagnaro, una ex jueza del Poder Judicial de Entre Ríos, con amplios vínculos. La concesión de este beneficio fue cuestionada desde el principio: en casos de femicidio, y sobre todo ante condenas a perpetua, la prisión domiciliaria es excepcional.
A esto se sumó la entrega de una tobillera electrónica, recurso escaso dentro del sistema penitenciario, que debía garantizar que Christe no saliera del domicilio. Sin embargo, el dispositivo falló o nunca se activó correctamente, ya que el condenado abandonó la vivienda en múltiples oportunidades sin que el sistema emitiera alerta alguna.
Vecinos de la zona fueron claves para destapar la situación: aportaron fotografías y testimonios a la División Homicidios e Inteligencia de la Policía de Entre Ríos, señalando que Christe salió en reiteradas ocasiones de la casa de su madre. La información fue confirmada por los canales oficiales del Superior Tribunal de Justicia, que reconocieron que estas pruebas motivaron el pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria por parte de la Fiscalía y dieron detalles de la audiencia que definirá este caso prevista para mañana que estará presidida por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, a solicitud del fiscal Santiago Alfieri, quien lleva adelante la acusación.
Alfieri confirmó a este medio que la División Homicidios reportó el quebrantamiento de la medida mediante un informe con fotos y testimonios.
“Esto da cuenta de un quebrantamiento reiterado, no de un solo episodio, que claramente contraría las pautas del arresto domiciliario”, señaló el fiscal que explicó que sin perjuicio mañana en audiencia se deberá resolver si Christe vuelve a la Unidad Penal.
Tobilleras electrónicas: derechos y beneficios
Fuentes judiciales explicaron que la configuración de la tobillera permite un rango limitado de movimiento dentro del hogar, pero “no tiene precisión quirúrgica”. El sistema funciona con dos partes: la base fija instalada en la vivienda y el dispositivo que porta la persona en el tobillo. Si se aleja del radio establecido, la tobillera debería emitir un alerta inmediato al juzgado.
En el caso de Christe, no hubo ninguna notificación oficial, a pesar de que las imágenes y testimonios lo ubican varias veces en la calle. Según confirmaron las fuentes, la Sala Penal le había advertido expresamente que ni siquiera podía salir a la vereda, pero lo hizo sin que el sistema ni los controles judiciales lo detectaran.
Pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria
El fiscal Santiago Alfieri explicó que el pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria de Julián Christe se fundamenta en que la medida ya no resulta eficaz para evitar la fuga. “El arresto domiciliario con tobillera se dispuso para evitar la posibilidad de fuga, bajo el principio de progresividad de las medidas, que indica que antes de la prisión en una unidad penal se aplican alternativas menos gravosas”, indicó. Y añadió: “Con su conducta quedó demostrado que el arresto domiciliario es ineficiente. Si abre la puerta y se va, puede subirse a un auto y retirarse sin que nadie lo impida. La tobillera no evitó ni alertó estas salidas”.
El funcionario remarcó que la Fiscalía tiene la obligación de informar al Tribunal sobre el incumplimiento y pedir que se revoque el beneficio: “Nosotros no podemos hacer otra cosa que poner en conocimiento del Tribunal lo que ocurrió y pedir que se revoque el arresto domiciliario por ineficiente, para que se aplique la prisión preventiva en una unidad penal”. Ahora, la decisión quedará en manos de la magistratura, que deberá definir si Christe vuelve a la cárcel.
Un caso que evidencia desigualdades
Este episodio vuelve a exponer las desigualdades en el acceso a la justicia y los beneficios que obtienen personas con vínculos y poder, en contraste con las demoras y obstáculos que enfrentan las familias de las víctimas, que siguen exigiendo justicia y el cumplimiento efectivo de la condena.