El país atraviesa lo que especialistas ya consideran la mayor crisis de medicamentos en la historia argentina. El fentanilo contaminado, distribuido durante años en instituciones públicas y privadas, sigue arrojando datos estremecedores. El primer informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema confirmó que las bacterias presentes en las ampollas contribuyeron de manera directa o indirecta al fallecimiento de la mayoría de los pacientes analizados.
El relevamiento se basó en 20 historias clínicas de distintos hospitales y sanatorios de La Plata, Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. En el centro de la investigación aparece el lote 31202, elaborado en diciembre de 2014 por el laboratorio HLB Pharma, en el que se detectaron dos bacterias altamente peligrosas: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. La primera de ellas, resistente a numerosos antibióticos, representa un desafío sanitario mayor.
Los hallazgos del informe
Si bien en ninguno de los casos el fentanilo contaminado pudo ser considerado como “nexo causal directo” de la muerte, los peritos concluyeron que en 12 de las 20 historias clínicas analizadas el producto funcionó como un “factor agravante significativo” que contribuyó al desenlace fatal en pacientes ya atravesados por cuadros complejos y múltiples comorbilidades.
Otros cuatro casos fueron catalogados como “nexo causal fortuito”, en los que los gérmenes encontrados convivían con otras patologías graves que podían, por sí solas, provocar la muerte. Finalmente, cuatro historias quedaron como “no clasificables”, a la espera de completar registros médicos incompletos o contradictorios.
Los resultados ya están en manos del juez federal Ernesto Kreplak, que investiga la cadena de responsabilidades por la distribución del fentanilo adulterado. La Provincia, a través de la conferencia encabezada por los funcionarios Pieckenstainer y Giordana, adelantó que se constituirá como querellante.
Una crisis que se expande
La preocupación se extendió esta semana a Río Negro, donde el Ministerio de Salud notificó un caso sospechoso en Viedma. Se trata de un paciente internado en el sistema privado con presunta enfermedad invasiva asociada al fentanilo contaminado. La denuncia fue cargada en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y se activaron los protocolos sanitarios.
El secretario de Salud provincial, Leonardo Gil, confirmó la situación y remarcó que ya se habían retirado más de 45 mil ampollas de hospitales y clínicas desde que la ANMAT prohibió el uso y comercialización del producto el 13 de mayo.
La dimensión política y social
Más allá de la investigación judicial y de los pasos administrativos, el caso abre un interrogante profundo sobre los mecanismos de control, las fallas en la trazabilidad de medicamentos y el impacto humano de un sistema que dejó expuestos a cientos de pacientes.
Detrás de los números y de los informes forenses, lo que aparece es un territorio de vidas interrumpidas y familias atravesadas por un dolor evitable. Una vez más, la pregunta sobre quiénes responden ante estos hechos no es solo jurídica sino política: se trata de la salud pública, de la confianza en las instituciones y, sobre todo, de la garantía de que lo ocurrido no vuelva a repetirse.