La conmoción social que generan los crímenes violentos contra mujeres suele abrir debates urgentes: la tendencia a relativizar, minimizar o desplazar la perspectiva de género cuando los hechos se entrelazan con otras tramas delictivas, como el narcotráfico, es un riesgo frecuente.
En diálogo con Y de repente la noche, el médico legista y periodista Martín Carrizo recordó que la discusión sobre si un crimen es o no un femicidio “no debería ser un tema opinable, porque ya está contemplado en el Código Penal y en protocolos específicos”. Según explicó, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como femicidio: “Esto no es un detalle menor —remarcó—, porque la ley da herramientas procesales que hacen más sólida la investigación, desde la cadena de custodia hasta la incorporación de estudios completos de autopsia, toxicología y ADN”.
Carrizo subrayó la importancia de diferenciar entre informes preliminares y estudios integrales: “Lo que se observa a simple vista es lo macro, pero recién con las pericias interdisciplinarias se comprueba si existieron factores como violencia de género, uso de fuerza excesiva, violencia sexual o signos de alevosía. Es allí donde la perspectiva de género se vuelve insoslayable”.
Feminismo y narcocriminalidad: lecturas necesarias
Desde el movimiento feminista se viene alertando sobre un fenómeno creciente: la convergencia entre violencias de género y expansión de economías ilegales. Los barrios atravesados por el narcotráfico suelen ser también escenarios donde mujeres y disidencias padecen de manera más brutal las lógicas de disciplinamiento, explotación sexual y territorialización de la violencia.
Datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación confirman que en Argentina se sigue registrando un femicidio cada 27 horas. La intersección con el narcotráfico no disminuye la dimensión de género, sino que la agrava: allí donde el negocio narco se instala, las mujeres quedan más expuestas a múltiples violencias.
La socióloga Rita Segato ha insistido en que la violencia contra las mujeres “es un mensaje disciplinador que excede al hecho individual: es un acto que ordena y reproduce jerarquías en el territorio”. En esa línea, la lectura de estos crímenes no puede desvincularse de las estructuras de poder patriarcal que los sostienen.
Una investigación más sólida
Para Carrizo, lo central es no perder de vista el marco legal: “Que haya habido un factor narco no excluye la perspectiva judicial de género. Lo que agrava la situación es que se tiende a naturalizar la violencia y a discutir lo que no debería discutirse. Si es femicidio o no lo es, no es el punto. Lo que importa es garantizar justicia y proteger a las familias”.
Esa mirada permite comprender que los femicidios, más allá de sus contextos específicos, son síntomas de un problema estructural: la imbricación entre violencia de género, economías criminales y un Estado que aún llega tarde. Tal como lo recuerdan especialistas en políticas públicas, el avance del narcotráfico en la región no solo compromete la seguridad, sino que también reproduce desigualdades y vulnerabilidades de género.
Más allá de las estadísticas
Cada femicidio arrastra historias con nombre y apellido, familias destruidas y comunidades desgarradas. “Como sociedad —afirmó Carrizo— debemos ser cautelosos y responsables: más allá de cualquier hipótesis, investigar con perspectiva de género garantiza procesos judiciales más exhaustivos y más justos”.
En definitiva, la discusión no debería centrarse en las vidas privadas de las víctimas ni en detalles anecdóticos, sino en los problemas estructurales que habilitan estos crímenes: la persistencia de la violencia patriarcal, el avance del narcotráfico en los territorios y las deudas de la justicia.