La imagen recorrió las redes, amplificada por la cuenta oficial de Javier Milei. Lo que parecía un gesto de propaganda —una postal de cercanía con un niño— se convirtió en una causa judicial. El niño tiene autismo. Su rostro fue difundido sin consentimiento. Y eso tiene consecuencias.
La Justicia federal le pidió al presidente que informe por qué, cómo y con qué consentimiento se difundió la imagen. La denuncia fue presentada por la madre del niño, respaldada por organismos que promueven los derechos de las infancias neurodivergentes. El caso pone sobre la mesa la tensión entre el marketing político y el respeto por los derechos humanos más elementales.
No es la primera vez que el gobierno de La Libertad Avanza juega con los límites del respeto y la privacidad. Pero esta vez, la justicia le puso un freno. Y la sociedad civil lo está mirando.