Por Sandra Miguez
En el primer trimestre de 2025, las denuncias por violencia doméstica crecieron un 9 por ciento en Argentina respecto al mismo período del año anterior, según el informe oficial de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El guarismo representa un promedio de 53 casos por día, con 2.643 presentaciones y 3.331 personas afectadas, lo que da dimensión a la crisis en materia de género.
La OVD funciona las 24 horas, los 365 días del año, y desde su creación en 2006 ha registrado más de 400.000 casos. No es una ventanilla de emergencia: es el termómetro permanente de una sociedad que golpea puertas porque no tiene otro lugar adonde ir.
Aunque el gobierno nacional insista en borrar de su vocabulario el término «violencia de género», los números gritan lo que las políticas callan: la inmensa mayoría de las personas afectadas son mujeres: un 73 por ciento de las víctimas son mujeres, según informes oficiales, y dentro de ese universo, el 66 por ciento de los ataques se dirigieron contra mujeres de entre 18 y 59 años. También hay niñas, niños y adolescentes en el radar del horror (36 por ciento), y una parte preocupante recae sobre adultos mayores (11 por ciento) y varones adultos (13 por ciento). Negar el nombre del problema no lo hace desaparecer: lo profundiza.
Vale contextualizarlo: la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2023, junto al desfinanciamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Razones de Género, dejaron un vacío institucional que los números del primer trimestre de 2025 no hacen más que confirmar. No es una frase: es una consecuencia.
El agresor: casi siempre conocido
Del total de 2.849 personas denunciadas como agresoras, el 71 por ciento eran varones, entre ellos hubo 21 adolescentes entre 14 y 17 años denunciados, familiares directos. Es que la violencia cotidiana genera heridas profundas y muchas veces pérdidas irreparables.
Esa violencia adquiere distintas modalidades: en el 95 por ciento de los casos se detectó violencia psicológica; también en un 44 por ciento de los casos hubo violencia simbólica, y física en un 44 por ciento de los casos. Otras formas incluyeron violencia ambiental (30 %), económica/patrimonial (26 %), social (8 %), sexual (7 %) y digital (4 %).
El dato sobre violencia digital merece atención especial: aunque figura último en el ranking, su crecimiento es sostenido año a año y opera muchas veces como plataforma de control y hostigamiento previo a otras formas de violencia física. De las 566 personas evaluadas por el equipo médico de la OVD, 511 presentaban lesiones físicas, muchas con impacto evidente en el rostro.
El vínculo entre víctima y agresor sigue siendo, en la mayoría de los casos, de pareja o ex pareja. La violencia no entra por la ventana: viene desde adentro.
La respuesta judicial: medidas urgentes, pocos recursos
De acuerdo a la información oficial, la mayoría de las denuncias (99 por ciento) fueron remitidas a la Justicia Nacional en lo Civil, mientras que el resto se derivó a tribunales penales o al Consejo de Niñez según la situación. Durante ese trimestre, se dictaron 8.964 medidas preventivas urgentes para intentar frenar el daño: restricciones de acercamiento, botones antipánico, exclusiones del hogar. Medidas que, en el papel, suenan contundentes, pero que en la práctica resultan poco eficientes: sin recursos humanos suficientes, sin seguimiento real, sin presupuesto destinado a contención y asistencia, muchas veces se convierten en parches formales sobre un abismo cotidiano.
Un dato que no suele aparecer en los titulares: Argentina no tiene un registro unificado y en tiempo real de las medidas cautelares incumplidas. Cuando un agresor viola una restricción de acercamiento, la respuesta del sistema depende de la agilidad de cada juzgado, de si hay policía disponible, de si la víctima tiene celular con señal, de si alguien la escucha antes de que sea tarde.
La justicia responde como puede, pero lo hace desbordada, con sistemas obsoletos, como el botón antipánico, o colapsados y equipos técnicos que trabajan al límite. Sin políticas públicas sostenidas ni voluntad política para fortalecer estas estructuras, la respuesta termina siendo reactiva, burocrática y tardía. Mientras tanto, las víctimas —en su mayoría mujeres— siguen tocando puertas que no siempre se abren a tiempo. Y cuando se abren, no siempre alcanzan.
Es la cruda realidad, mientras crecen las denuncias, las mujeres siguen siendo el blanco principal. Un sistema sobreexigido que responde con medidas urgentes pero corre el riesgo de quedar corto frente a una demanda que aumenta.
Profesionales del Observatorio advierten que el alza se explica en parte por mayor visibilidad y menor tolerancia a la violencia, mientras los recursos estatales permanecen por detrás de la crisis.
El problema tiene nombre aunque no se quiera nombrar
Lo cierto es que, contrariamente a lo que señala el gobierno nacional, es indispensable fortalecer los programas de atención, prevención y contención. Mientras las autoridades nacionales continúan sosteniendo un desajuste total entre un problema de magnitud creciente y el financiamiento efectivo, eso implica reformular las respuestas institucionales, para que no queden solo restringidas a la atención de la urgencia, sino en aquellos casos que ya han formulado denuncias, para hacer un efectivo seguimiento.
En ese marco, la Línea 144 —el único dispositivo nacional de orientación y contención en violencias por razones de género que sobrevivió al ajuste— opera con menos personal y sin la campaña de difusión sostenida que tuvo en años anteriores. Que exista no alcanza si no se sabe que existe o si cuando se llama, no hay quien atienda con la formación adecuada.
Esta es parte de la verdadera emergencia que registra la Argentina, en un contexto adverso por la toma de decisiones políticas que han profundizado la pobreza estructural, la falta de empleo, así como otras oportunidades de desarrollo humano. El aumento de denuncias revela esta herida profunda que se sostiene y crece, mientras se sigue aguardando una respuesta integral, sostenida y urgente.
53 denuncias por día, es parte de una crisis que el Estado elige no escuchar.
Fuente: Informe OVD — Corte Suprema de Justicia de la Nación, primer trimestre 2025.
