En lo que va del año, el rostro de la violencia patriarcal en Argentina no se frena. Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, dependiente de La Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2025 se registraron 80 femicidios en el país. En enero solo, contabilizó 28 femicidios de mujeres y niñas, más un vinculado de un varón adulto.
Más reciente aún, el 1° de agosto de 2025, el Observatorio Lucía Pérez —primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal— reportó 27 femicidios en julio, elevando a 163 el total de casos en lo que va del año. Julio marcó un punto de inflexión: cuerpos descuartizados, una escena de horror constante. La brutalidad no es una estadística: es el resultado directo de la complicidad judicial y ejecutiva, y de una política estatal negacionista.
En paralelo, desde el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven se advierte que entre el 1º de enero y el 30 de julio de 2025 se registraron 149 femicidios en Argentina, según un rastreo diario de medios gráficos y digitales del país. Este conteo ubica a julio como otro mes letal dentro del año y consolida una tendencia alarmante: se produce, en promedio, un femicidio casi cada 26 horas, un ritmo imposible de naturalizar
Cifras que son más que números
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Primer trimestre (Casa del Encuentro): 80 femicidios entre enero y marzo.
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Julio (Lucía Pérez): 27 femicidios, elevando el total anual a 163.
Esto significa que, solo en julio, se cometió casi el 17 % de los femicidios reportados en todo el año hasta ese momento.
El contexto de invisibilización institucional
Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, se disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y se recortaron de forma significativa los recursos para políticas de género: la Subsecretaría que abordaba la violencia de género perdió un 80 % de ejecución presupuestaria interanual. A su vez, la línea 144 —una herramienta esencial para socorro— sufrió una reducción del 38 % en su presupuesto real. Estas decisiones configuran un escenario de dejación estatal frente a una crisis que no deja de escalar.
Consecuencias silenciosas: las infancias huérfanas
El registro tangible e íntimo del daño extendido por el femicidio lo evidencia el Observatorio Lucía Pérez: hasta el 31 de marzo de 2025, se habían registrado 84 femicidios, que dejaron 40 niñas, niños y adolescentes huérfanos. El caso de Carolina —asesinada en febrero junto a su pareja— dejó a cinco menores sin madre, expuestos a una pobreza extrema y radares burocráticos para acceder a las reparaciones de la Ley Brisa. Esto, en un contexto donde los plazos son eternos, las trabas muchas y las respuestas del Estado, escasas.
¿Por qué estas cifras tienen que importarnos?
Porque no son abstractas: son vidas, cuerpos, hogares destruidos. La combinación de datos revela un avance brutal que exige un abordaje complejo: requiere visibilización, presupuesto, certeza judicial, acceso a la reparación, herramientas de prevención y acompañamiento para sobrevivientes e infancias. Y sobre todo, reclamarnos como sociedad que no podemos tolerar estas muertes.