La tarde se fue poblando de banderas, pancartas y pasos firmes. Frente al Congreso y en las distintas ciudades del país, la movilización social volvió a hacerse sentir con fuerza: universidades, gremios docentes, sindicatos de la salud, profesionales del Garrahan y familias enteras se unieron para rechazar el veto presidencial a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica. Dos normas conquistadas con amplio consenso parlamentario, que Milei intentó borrar de un plumazo, pero que encontraron en la calle y en el recinto una respuesta contundente.
La escena no fue sólo protesta: fue afirmación de derechos. Porque lo que se pone en juego no son cifras abstractas, sino el futuro de la educación pública, la salud de los niños y la capacidad de un país de sostener su democracia más allá de decretos.
En diálogo con Y de repente la noche, Alejandro Carrere, decano de la UTN Regional Paraná, reivindicó el camino recorrido hasta la sanción de la ley de financiamiento educativo: “Lo que vemos hoy es la ratificación de un gran trabajo colectivo: los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional lograron conversar y convencer a legisladores de todos los espacios sobre la importancia de esta norma”.
Carrere subrayó que no se trata sólo de defender presupuestos, sino de garantizar la posibilidad de planificar: “La ley permite proyectar un horizonte de previsibilidad, con la meta de llegar al 1,5% del PBI en 2031. Eso significa sostener la enseñanza, la investigación, la producción de conocimiento y el trabajo en territorio. Sin financiamiento, las universidades quedan con la responsabilidad de sostener la ciencia sin recursos, cuando esa debería ser una garantía del Estado.”
La otra pata de esta construcción estuvo en el Congreso. La diputada nacional Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, participó activamente del debate que culminó con la votación mayoritaria contra el veto. En comunicación con este programa, remarcó el valor político de la jornada: “Fue un trabajo difícil, atravesó distintos bloques y requirió una construcción muy ardua, pero dio sus frutos. La movilización en las calles y el trabajo en el recinto se retroalimentaron, y eso fue clave para alcanzar esta votación mayoritaria que frena el veto.”
Para Osuna, la trascendencia del resultado trasciende lo inmediato: “Lo de hoy tiene un valor concreto porque se ratifican dos leyes fundamentales, pero también tiene un valor simbólico. No es fruto de un trámite, sino de una construcción que lleva años, de las marchas, del empuje de la comunidad universitaria y de la sociedad que no está dispuesta a resignar derechos.”
En su intervención, la diputada también marcó las tensiones políticas que quedaron a la vista: algunos legisladores entrerrianos eligieron acompañar el veto, alineados con el oficialismo nacional, mientras que otros reconocieron que no había margen para darle la espalda a sus propias comunidades, donde la universidad pública es motor de desarrollo regional.
La votación, aplastante en su resultado, muestra también cómo se reconfigura el mapa político: aliados que se corren, un oficialismo debilitado y una sociedad que marca la necesidad de sostener derechos conquistados desde las calles.
La marcha federal y el rechazo legislativo se entrelazan así como parte de una misma trama: el ejercicio democrático de un pueblo que no se resigna. Como se vio una vez más, en las calles y en las aulas late la certeza de que sin educación ni salud pública no hay futuro posible.