Un informe de Canal 9 Litoral / Nueve Ahora reveló que en la ciudad de Paraná se registra un incremento sostenido de denuncias por acoso sexual contra conductores de vehículos que operan mediante aplicaciones como Uber y Didi. Las víctimas —en su mayoría mujeres jóvenes y adolescentes— están visibilizando una violencia que se repite en espacios cotidianos y que, en este caso, se traslada al interior de un auto o una moto.
De acuerdo a los datos del Ministerio Público Fiscal, durante la primera semana de septiembre las denuncias pasaron de un promedio de dos casos a entre cuatro y cinco por semana. En varios de ellos se incluye la modalidad de “Motouber”, que implica el traslado en motocicleta y, por tanto, una cercanía física mayor entre pasajera y conductor.
El fiscal Leandro Dato, a cargo de la Unidad de Género, explicó que los tocamientos no consentidos constituyen abuso simple y que los comentarios o insinuaciones sexuales también deben denunciarse, ya que “configuran un traspaso del límite del respeto”.
Entre los hechos más graves figura la denuncia presentada el 30 de agosto contra el exfiscal de Nogoyá y Rosario del Tala, Federico Uriburu, acusado de acoso sexual y privación ilegítima de la libertad de menores que habían solicitado un viaje por Uber. Este caso derivó en nuevas denuncias y reactivó la discusión sobre los mecanismos de control de las plataformas.
Dato también advirtió sobre situaciones que pueden constituir privación ilegítima de la libertad, como desvíos injustificados del recorrido o el cierre de puertas con seguro. “La libre disponibilidad ambulatoria de una persona está protegida por el delito de privación de la libertad”, señaló.
Una de las denunciantes relató que, al notar que el conductor desviaba la ruta, logró arrebatarle el teléfono, escapar del vehículo y llamar al 911. Su causa continúa en trámite, aunque las víctimas suelen enfrentar trabas burocráticas y respuestas insuficientes por parte de las aplicaciones, que se limitan a bloquear al conductor denunciado.
En Paraná, la Ordenanza N° 10.170, sancionada en mayo de 2024, regula los servicios de transporte por aplicación, pero aún no cuenta con decreto reglamentario, por lo que los controles son casi inexistentes.
Las autoridades recomiendan documentar el hecho, realizar la denuncia ante la Fiscalía de Género o la comisaría, y pedir medidas de restricción si el agresor intenta retomar el contacto.
En tanto, la ausencia de políticas de prevención, el déficit de control estatal y la falta de protocolos de las empresas revelan un escenario donde la violencia sexual se filtra en la cotidianeidad de los traslados urbanos.
Crecen las denuncias por acoso sexual en transportes por aplicación en la ciudad de Paraná