Por Sandra Miguez
La detención de Pablo Laurta, fundador de la organización «Varones Unidos», por el brutal femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, ha vuelto a poner en escena un entramado ideológico: no se trata tan solo de un “debate cultural”. Lo que está en juego no es un cruce de opiniones entre progresistas y conservadores. Lo que se juega, literalmente, son vidas.
En 2018, Laurta organizaba presentaciones en la Legislatura uruguaya con Nicolás Márquez y Agustín Laje, quienes, con micrófono en mano, denunciaban la “ideología de género” y se lanzaban de lleno contra el feminismo. Hoy, Laurta enfrenta cargos por doble femicidio. ¿Es culpable por haber asistido a una charla de Laje? Por supuesto que no. ¿Es Agustín Laje responsable directo del crimen? Tampoco. Pero reducir el problema a una cuestión de fotos o saludos compartidos es una forma burda de desviar la discusión real: la relación entre discurso, legitimación de la violencia y consecuencias concretas.
Laje, ideólogo libertario devenido influencer político, se apresuró a deslindarse de Laurta tras la viralización de fotos compartidas en redes. Pero su condena pública del crimen, aunque necesaria, no puede ser un escudo que lo exonere de su rol como promotor de una batalla cultural que ataca de frente la lucha por los derechos de las mujeres. Porque no es sólo una cuestión de compañía: es una cuestión de contenido.
La ideología que Laurta, Laje y Márquez ayudaron a propagar niega sistemáticamente la violencia de género, relativiza las denuncias de las víctimas y difunde la narrativa de las “denuncias falsas” como si fueran moneda corriente, cuando los estudios serios –como el de la Universidad CLAEH en Uruguay– demuestran que son insignificantes. Esa narrativa no sólo miente: desprotege, revictimiza, y, en algunos casos, habilita la tragedia.
No es coincidencia que Luna Giardina, quien había denunciado a su agresor en 2023 y contaba con medidas de protección, figurara en el sitio web de Varones Unidos como autora de una “denuncia falsa”. Tampoco es un accidente que esa misma organización, tras otro caso de femicidio en Uruguay, afirmara públicamente que un padre tenía derecho a llevarse a su expareja e hijos “a donde le venga en gana”, naturalizando el secuestro y la violencia.
Detrás del discurso de “derechos de los varones” se esconde una lógica de poder que pretende revertir los avances del feminismo a fuerza de provocación, desinformación y manipulación. No es un movimiento por la igualdad. Es una reacción organizada frente a la pérdida de privilegios.
Que Varones Unidos haya tenido participación en la elaboración de una ley como la de Corresponsabilidad en la Crianza –que permite la revinculación entre niños y personas procesadas por violencia de género– no debería pasar desapercibido. Cuando el antifeminismo se institucionaliza, sus consecuencias se miden en víctimas.
Los femicidios no ocurren en el vacío. Son el punto final de una cadena de silencios, negaciones, complicidades y discursos legitimantes. Quienes alientan esa cadena, aunque no aprieten el gatillo ni empuñen un cuchillo, son parte del problema. Porque las ideas también matan, sobre todo cuando se disfrazan de libertad.