Ocho años después del femicidio de Micaela García, la justicia vuelve a revisar un expediente que nunca debió cerrarse. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos deberá fijar una nueva fecha de juicio para Néstor Pavón, el hombre que fue condenado apenas a cinco años por encubrimiento, pese a las pruebas que lo vinculaban directamente con la violación y asesinato de la joven entrerriana.
El nuevo juicio llega tras una larga cadena de demoras y decisiones judiciales cuestionadas. En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el fallo del Superior Tribunal de Entre Ríos, que había cerrado el caso en forma irregular. El máximo tribunal del país coincidió con el procurador general, Eduardo Casal, quien había advertido que el tribunal entrerriano había actuado con una “evaluación parcial de la prueba” y sin ajustarse a derecho.
“La única persona que actuó con rapidez fue el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Conocía el expediente y pidió a la Corte que anule el fallo del Superior Tribunal de Entre Ríos, porque estaba mal evaluado y no se ajustaba a derecho”
La decisión de la Corte dejó sin efecto la sentencia anterior y ordenó la reapertura del juicio. Sin embargo, el paso del tiempo —esa burocracia que suele funcionar como refugio de la impunidad— vuelve a exponer la distancia entre la justicia y las víctimas.
“Ocho años después seguimos esperando que la justicia resuelva lo evidente. Y eso también es una forma de violencia”.
Entre la impunidad y la demora
Yuyo García conoce cada pliegue del expediente. Desde el primer día, su compromiso no se limitó al reclamo personal sino a la construcción de una política pública: la Ley Micaela, sancionada en 2018, que establece la capacitación obligatoria en género para todos los funcionarios del Estado. Sin embargo, a casi siete años de su sanción, su implementación está lejos de ser efectiva.
“Durante los dos gobiernos de Bordet se hizo poco y nada. Y ahora en esta gestión se hizo apenas una reunión en dos años”.
El dato no es menor. Entre Ríos fue la provincia donde nació la ley y, paradójicamente, una de las que menos la aplicó. Según García, ni la gestión provincial anterior ni la actual han mostrado compromiso sostenido. “Las capacitaciones no se institucionalizaron —explica—. Y cuando eso no ocurre, la ley pierde sentido”.
A nivel nacional, la situación tampoco es alentadora. Si bien durante el gobierno de Alberto Fernández hubo ministerios que impulsaron la formación en género —como Interior o Justicia—, otros la ignoraron completamente. “Fue muy desparejo —describe Yuyo—. Algunos ministerios se involucraron, otros no hicieron una sola capacitación”.
“Hoy hay órdenes de frenar las capacitaciones. Y eso demuestra una decisión política: la de desmantelar todo lo que implique igualdad y derechos”.
Negacionismo y discursos de odio
La conversación se detiene en un punto que atraviesa toda la coyuntura: el avance del antifeminismo y la negación de las políticas de género por parte del gobierno nacional.
“Hay un discurso de mucho odio desde el gobierno nacional. Un discurso que dice abiertamente que va a gobernar para unos pocos, y los derechos de las mujeres no están en ese grupo”.
Ese clima político se traduce también en acciones concretas. En la provincia de Buenos Aires, legisladores de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar la adhesión provincial a la Ley Micaela.
“Más allá de que no tienen los votos para aprobarlo, lo instalan en la agenda. Y eso es peligroso, porque esos discursos calan en la sociedad. Empiezan a naturalizar la idea de que la igualdad es un privilegio y no un derecho”.
Para García, ese retroceso discursivo se inscribe en una ofensiva más amplia: la de los sectores que buscan borrar los avances del feminismo y deslegitimar los reclamos por justicia. “Nosotros lo vemos en cada territorio —dice—. Hay miedo, hay hostigamiento, hay burla. Pero también hay resistencia”.
La violencia que no se detiene
Los últimos registros del Observatorio de Femicidios de la Fundación Micaela muestran un crecimiento preocupante.
“En las últimas semanas hay un femicidio cada 16 horas. Eso duplica la media anual. Y muchos casos tienen denuncias previas, como el de la joven de Concepción del Uruguay a la que seguía un hombre armado. Si no intervenían a tiempo, hoy estaríamos contando otra víctima”.
La dimensión del problema desborda las fronteras provinciales. En las últimas semanas, los casos de Luna Giardino en Córdoba, de Daiana Mendieta en Mansilla, y el triple femicidio de Buenos Aires reactivaron el debate sobre la responsabilidad estatal.
“La justicia se demora cuando una mujer denuncia, pero actúa rápido cuando tiene que archivar una causa. Y esa es una forma de impunidad institucional”.
Yuyo García lo dice sin eufemismos: la violencia machista no se combate solo con leyes, sino con decisiones concretas. “El Estado se retiró de todo. No hay políticas públicas activas, no hay presupuesto, no hay voluntad. Pero si el Estado no está, la sociedad civil tiene que sostener el trabajo, aunque sea a pulmón”.
La Fundación Micaela hoy
Desde la Fundación, las capacitaciones continúan, pero con recursos mínimos. La demanda sigue siendo alta, sobre todo desde instituciones educativas, municipios, clubes y sindicatos.
“Hoy estamos haciendo la sexta parte de las capacitaciones que hicimos en 2023. Los gremios no pueden sostenerlas porque los despidos y los recortes les quitaron recursos. Los municipios tampoco tienen fondos, porque no reciben coparticipación. Es un escenario de desfinanciamiento total”.
A pesar de todo, la tarea no se detiene. La fundación ofrece talleres presenciales y virtuales, adaptados a distintos públicos. También otorga certificaciones de formación en la Ley Micaela a quienes no pueden acceder desde sus organismos.
“Seguimos porque hay demanda y porque los cambios culturales ya comenzaron. Aunque los gobiernos se resistan, hay una parte de la sociedad que entendió que la violencia de género no es solo física. Y eso no tiene marcha atrás”.
En ese horizonte de persistencia, García vuelve a hablar de Micaela. De su compromiso político, de su mirada solidaria, de esa frase que se volvió lema: “Que la revolución de las mujeres no tenga marcha atrás.”
Memoria y presente
El nuevo juicio a Pavón todavía no tiene fecha. La justicia deberá definir el tribunal y avanzar en un proceso que, como recuerda Yuyo, “ya no puede esquivar lo que la Corte ordenó”. Mientras tanto, la lucha continúa en los territorios, en las aulas, en las calles, en los espacios donde el dolor se transforma en acción colectiva.
“Mientras la justicia se toma todo el tiempo posible, las mujeres siguen muriendo. Por eso necesitamos que estos temas vuelvan a la agenda política, no solo mediática.”
Yuyo lo dice con la serenidad de quien no se rinde: “Los medios a veces son el único lugar donde las causas encuentran voz. Y cuando la política no escucha, es la sociedad la que empuja los cambios.”
En la memoria de Micaela y en la de todas las víctimas de femicidio, la urgencia se repite: que la justicia no llegue cuando ya no sirve.