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El caso, que tuvo alcance internacional, llega finalmente a los tribunales con siete personas imputadas por la entrega irregular de una niña nacida en 2000 en Entre Ríos.
Después de más de dos décadas de reclamos judiciales, este viernes se inició en la Ciudad de Buenos Aires el juicio por la apropiación de la hija de Leonardo Fornerón, un caso que se remonta al año 2000 y que fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una vulneración al derecho a la identidad y a las garantías judiciales.
El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18, que fijó audiencias para el 1, 7, 14 y 28 de noviembre y el 5 de diciembre. Los abogados Margarita Nicoliche y Diego Dousdebes representan a Fornerón.
Un caso que comenzó en Entre Ríos
Leonardo Fornerón, hoy de 53 años y residente en Rosario del Tala, era policía cuando nació su primera hija en junio del 2000, en una clínica privada de la ciudad entrerriana de Victoria. Según consta en la causa, la madre biológica, su expareja, negó el embarazo y la paternidad, y la niña fue entregada al día siguiente de su nacimiento a un matrimonio de Buenos Aires mediante un acta administrativa.
Cinco años más tarde, la justicia entrerriana convalidó la entrega en un proceso de adopción que la defensa de Fornerón calificó como irregular. Fornerón, en tanto padre biológico, continúo con su reclamo por la restitución de su hija sin obtener respuesta favorable.
Los imputados
Son siete las personas que llegan a este: la madre biológica de la niña, el matrimonio que recibió la guarda, el juez civil de Victoria que dictó la sentencia de adopción, un abogado que intervino en la tramitación y dos intermediarios.
Se los acusa del delito de sustracción y retención de una menor de diez años, previsto con penas de entre cinco y quince años de prisión.
La intervención internacional
Ante la falta de respuestas en el ámbito nacional, Fornerón acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llevó el caso ante la Corte Interamericana. En 2012, ese tribunal declaró responsable al Estado argentino por violar los derechos de Fornerón y de su hija, al permitir una entrega irregular sin considerar su voluntad ni garantizar un proceso judicial adecuado.
La Corte también señaló que el caso estuvo atravesado por estereotipos de género, al presumir que un padre solo no podía ofrecer condiciones adecuadas de cuidado y afecto, y recordó la obligación estatal de prevenir y sancionar toda forma de entrega o venta ilegal de niños y niñas.
Si bien el fallo significó un reconocimiento a los derechos vulnerados, no ordenó la restitución de la niña por el tiempo transcurrido, sino que dispuso un proceso gradual de acercamiento entre ambos, que luego se interrumpió.
Un recorrido extenso
En 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la declaración de cosa juzgada dictada por la Cámara de Casación. Dos años más tarde, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21 procesó a diez imputados, aunque posteriormente la Cámara de Apelaciones sobreseyó a seis de ellos y declaró la falta de mérito para los demás.
La defensa de Fornerón apeló, y la Corte Suprema ordenó continuar la investigación. Finalmente, la fiscalía a cargo de Ignacio Mahíques solicitó la elevación a juicio de siete imputados, lo que da inicio a esta nueva etapa.
Un caso emblemático
El expediente Fornerón se convirtió en un antecedente relevante en materia de derechos de la niñez y de las responsabilidades estatales frente a adopciones irregulares. Su desarrollo judicial, a lo largo de 25 años, expuso las demoras, los prejuicios y las falencias institucionales que marcaron la resolución de un hecho que ha mostrado la dilación en la resolución de un caso que afecta derechos esenciales.