El humo se extiende sobre los cerros de Chubut como una capa de ceniza que parece tragarse el horizonte. En Cholila, un pequeño pueblo rodeado de bosques nativos y lagunas, los vecinos miran el cielo teñido de naranja y negro. Marta, vecina y madre de tres hijos, señala un valle que el fuego ya ha arrasado. “Nos va a comer si no hacemos algo”, dice con la voz entrecortada mientras organiza a los jóvenes para reforzar cortafuegos improvisados. No hay tiempo para esperar a que lleguen los recursos estatales.
Los incendios de este verano han consumido más de 35.000 hectáreas en la Patagonia argentina, una cifra que supera cualquier registro reciente y que se traduce en pérdida de viviendas, animales domésticos y fauna silvestre. Los vecinos calculan que decenas de familias han quedado aisladas por las llamas, sin caminos seguros para evacuar. “La policía nos dijo que no podían hacer nada hasta que llegaran los bomberos, pero los bomberos no tienen equipos ni camiones suficientes”, cuenta Juan, productor rural, mientras observa cómo el fuego avanza por un monte seco.
La ausencia del Estado es tangible. Bajo la administración de Javier Milei, los recortes presupuestarios al Servicio Nacional de Manejo del Fuego durante los últimos años han dejado a las provincias sin capacidad operativa suficiente para enfrentar incendios de gran escala. Lo que debería ser una infraestructura de prevención y reacción se ha reducido a brigadas sobrecargadas y recursos mínimos que llegan tarde o nunca. Expertos estiman que la desinversión estatal ha puesto en riesgo directo a más de 12.000 personas que viven en zonas rurales y periurbanas del sur argentino, obligadas a actuar por sí mismas frente a un desastre que no espera.
El fuego avanza implacable, alimentado por el viento, la sequía y la vegetación reseca. Los árboles se derrumban en un crujido sordo y el aire está cargado de humo que irrita ojos y pulmones. Las lagunas reflejan el cielo incendiado y las cenizas flotan sobre el agua. Lucía, docente del pueblo, describe la sensación como “estar dentro de una película de desastre, pero sin que nadie nos esté cuidando”.
En Chile, el contraste con la respuesta argentina es evidente. En las regiones de Biobío y Ñuble, los incendios han consumido más de 45.000 hectáreas, pero la declaración de estado de catástrofe permitió movilizar recursos, coordinar ministerios y solicitar ayuda internacional. Más de decenas de miles de personas fueron evacuadas y, aunque la tragedia humana también es grave, la acción del Estado ha limitado el desastre mayor. En Argentina, en cambio, la falta de planificación y recursos ha dejado a los vecinos en primera línea, improvisando cortafuegos y tratando de salvar lo que pueden de sus hogares y cultivos.
El impacto humano en la Patagonia es creciente. Además de la pérdida de viviendas y animales, los incendios han afectado la salud de los pobladores. Hospitales locales reportan un aumento del 60% en consultas por problemas respiratorios, especialmente entre niños y personas mayores. La desinversión en infraestructura de emergencia y prevención convierte cada incendio en un riesgo directo para la vida de las comunidades.
La narrativa oficial ha desviado la atención de la responsabilidad estatal y del análisis científico. El cambio climático, la sequía prolongada y las altas temperaturas son factores que los especialistas señalan como determinantes, pero la falta de políticas públicas efectivas para mitigarlos y prevenirlos convierte cada verano en un riesgo potencialmente catastrófico.
A la emergencia ambiental se suma un marco político y económico que preocupa a vecinos y especialistas: recientemente, el presidente Milei firmó un decreto que facilita la venta de tierras argentinas a extranjeros y permite que los territorios afectados por los incendios puedan ser reutilizados para fines comerciales distintos a los originales, como explotaciones inmobiliarias, mineras o agroindustriales. Para quienes habitan la Patagonia, esto significa que el fuego no solo arrasa con el paisaje y los hogares, sino que también abre la puerta a la pérdida definitiva de tierras bajo fines que podrían priorizar el lucro por encima de la recuperación ambiental y la vida de las comunidades.
Los vecinos actúan como guardianes de un territorio que el Estado ha dejado parcialmente abandonado. Marta, Juan y Lucía forman parte de brigadas improvisadas, vigilando el avance de las llamas, reforzando cortafuegos y ayudando a evacuar animales y personas. Sus testimonios describen un paisaje en tensión constante: bosques ennegrecidos, cielos cargados de humo, cenizas flotando sobre lagunas y ríos, y la certeza de que cada minuto de demora puede ser fatal.
La crisis de los incendios en la Patagonia no solo refleja una emergencia ambiental, sino también la ausencia de una política de contención y prevención. La desinversión en manejo del fuego y la falta de coordinación entre el gobierno nacional y las provincias han dejado a miles de personas sin protección, exponiendo la fragilidad de un Estado que, en palabras de los vecinos, “solo aparece en discursos”.
Mientras las llamas consumen hectáreas y los vecinos siguen luchando por contenerlas, queda claro que el futuro del sur argentino exige más que brigadas voluntarias: requiere políticas públicas sólidas, planificación a largo plazo y un Estado presente que actúe antes, durante y después del desastre. Hasta entonces, la Patagonia seguirá ardiendo, y con ella, la paciencia y la resistencia de sus habitantes.