Reclutar menores para vender droga debe ser visto como trata de personas

El consumo: la ley ya prevé una salida que no es el castigo

En la entrevista el fiscal Candiotti abrió el desarrollo diferenciando tres dimensiones del problema: el consumo, la tenencia y la comercialización.

En relación al primero, explicó que en Entre Ríos prácticamente no existen condenas para consumidores de estupefacientes, y que eso no es una omisión del sistema sino el resultado de mecanismos que la propia ley contempla. La Ley 23.737 establece en su artículo 18 y siguientes un procedimiento especial: si la persona imputada por tenencia para consumo realiza un tratamiento satisfactorio, la acción penal se extingue. Además, los defensores pueden solicitar la suspensión del proceso a prueba o plantear la aplicación del fallo Arriola de la Corte Suprema, que establece que el consumo en ámbito privado que no afecta a terceros no es punible.

Para el fiscal, el encuadre correcto de estos casos no pasa por el castigo sino por el acompañamiento. «Para el consumidor de estupefacientes, en Entre Ríos no hay condenas desde hace mucho tiempo. La propia ley establece mecanismos para que quien tiene una adicción pueda tratarse. Lo importante, desde el punto de vista humano, es que pueda salir de ella», afirmó. En sus informes anuales como fiscal federal puso énfasis en la necesidad de ampliar la cantidad de centros de rehabilitación en la provincia, señalando que la respuesta institucional al consumo problemático sigue siendo insuficiente.

«Para el consumidor de estupefacientes, en Entre Ríos no hay condenas desde hace mucho tiempo. La propia ley establece mecanismos para que quien tiene una adicción pueda tratarse. Lo importante, desde el punto de vista humano, es que pueda salir de ella.» José Ignacio Candiotti, fiscal federal

La comercialización: el desafío de no quedarse con el eslabón más débil

En los casos de comercialización, Candiotti fue directo respecto del problema que suele repetirse en la persecución penal: los operativos con cobertura mediática que detienen a quien transporta pero no investigan el origen ni el destino de la sustancia. «El claro desafío de la justicia tiene que ser no solamente perseguir a la mula, que es el eslabón no más alto dentro de la organización, sino tratar de ver de dónde proviene el estupefaciente, cuál va a ser el destinatario y quiénes son los encargados de venderlo en los barrios», sostuvo.

La ley prevé instrumentos para llegar a los niveles superiores de las organizaciones, como la entrega vigilada. El artículo 7 de la Ley 23.737 define la figura del organizador o financista como el máximo responsable de un grupo organizado de venta de estupefacientes: quien da las órdenes, coordina la acción plural de los miembros de la banda y hace posible su funcionamiento. Es hacia esa figura donde deben orientarse los mayores esfuerzos, y la entrega vigilada es uno de los mecanismos que permite llegar hasta ella. «Implica un cierto desafío», reconoció Candiotti, «pero creo que ese desafío hay que darlo.»

«El desafío de la justicia tiene que ser no solamente perseguir a quien transporta. Hay que ver de dónde proviene la sustancia, adónde va y quiénes son los encargados de venderla en los barrios.» Candiotti

El narcotráfico no distingue sectores sociales

Uno de los ejes que el programa venía desarrollando en la entrevista anterior es que la estigmatización de los sectores más vulnerables como únicos afectados por el narcotráfico distorsiona el análisis y obtura las respuestas. Candiotti respaldó este tema con casos concretos juzgados en el Tribunal Oral Federal de Paraná. En dos juicios por cargamentos de éxtasis, las pastillas tenían como destino jóvenes de buena posición económica. En uno de esos casos, las escuchas telefónicas revelaron algo que el fiscal citó en el alegato y repitió en la entrevista: al enterarse de que pastillas con el mismo sello habían causado la muerte de una joven en una fiesta electrónica en Córdoba, los imputados discutían entre ellos cambiarle el sello para que los compradores no lo asociaran con esa muerte. «No les preocupaba que había muerto una persona por la sustancia que ellos vendían. Lo que decían era que le iban a cambiar el sello para que los chicos que consumen no se dieran cuenta de que era de la misma calidad y de la misma letalidad. Eso dice todo sobre quiénes son», afirmó.

En otra causa en la cual está imputado el ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, mencionada en el programa, y el caso de los anestesiólogos de Buenos Aires que robaban sustancias quirúrgicas para abastecer fiestas privadas, que se viralizó durante la semana, operan en el mismo sentido: el narcotráfico tiene expresiones en todos los estratos sociales. «El narcotraficante no distingue. Lo que le importa es obtener su ganancia espúrea, que lamentablemente es muy grande», dijo Candiotti.

«No les preocupaba que había muerto una chica por la sustancia que vendían. Decían que le iban a cambiar el sello para que los compradores no se dieran cuenta. Eso dice todo sobre quiénes son.» Candiotti, sobre un caso juzgado en el Tribunal Oral Federal de Paraná

Los barrios: organización narco, desorganización estatal

Anabella Albornoz de Suma de Voluntades aportó la dimensión territorial sobre la temática. Las organizaciones narco no solo venden droga en los barrios: compran viviendas, generan desplazamientos de familias, producen migraciones internas. En el barrio donde trabaja Suma de Voluntades, en la zona del basural de Paraná, el crecimiento de cuatro o cinco cuadras en pocos meses se explica por la llegada de familias que abandonaron otros barrios por conflictos vinculados al narcotráfico. «Hay migraciones entre los barrios. Las familias se van porque han tenido problemas, porque les quemaron las casas. Es una situación muy compleja», describió.

Mientras eso ocurre, los espacios de contención se achican. Centros de atención comunitaria que sostienen trabajo territorial con niños, niñas y adolescentes llevan tres meses sin recibir los fondos que se les adeudan y están cerrando sus puertas. El vaciamiento institucional y la expansión de las redes narco operan en sentido inverso y simultáneo. «La policía no desconoce lo que pasa. Esas versiones nos llegan a todos. Ellos están muy organizados y nosotros muy desorganizados, muy divididos», señaló Albornoz.

«La policía no desconoce lo que pasa. Esas versiones nos llegan a todos. Ellos están muy organizados y nosotros muy desorganizados, muy divididos.» Anabella Albornoz, Suma de Voluntades

Perspectiva de género: mujeres en la estructura narco

Candiotti fue preciso al situar el lugar de las mujeres dentro de las organizaciones de narcotráfico juzgadas en Entre Ríos. En todos los casos que llegaron al Tribunal Oral Federal de Paraná, una sola organización estuvo dirigida por una mujer. La figura del organizador o financista es casi exclusivamente masculina. Sin embargo, hay mujeres que participan en roles secundarios, muchas veces bajo presión de sus parejas o maridos.
Esa situación, sostuvo el fiscal, debe ser ponderada al momento de solicitar la pena. La ley prevé un rango de entre cuatro y quince años de prisión para estos delitos, y ese margen existe para que la justicia pueda considerar las particularidades de cada caso. «Muchas veces las mujeres merecen una pena menor porque su actuación es secundaria y porque son las circunstancias las que las llevaron a ese lugar. A estas mujeres las hemos llamado mujeres de las circunstancias. Eso hay que ponderarlo», afirmó. No se trata de eximirlas de responsabilidad, aclaró, sino de distinguir el rol de quien conduce la organización del de quien actúa desde una posición de subordinación estructural.

 

«Muchas veces las mujeres merecen una pena menor porque su actuación es secundaria y porque son las circunstancias las que las llevaron a ese lugar. Eso hay que ponderarlo.» Candiotti

El agravante que ya existe y la perspectiva que falta: trata de personas

La utilización de menores por parte de las organizaciones narco tiene una respuesta en el derecho penal vigente. El artículo 11 de la Ley 23.737 prevé agravantes que elevan considerablemente las penas cuando la comercialización de estupefacientes se realiza valiéndose de niños, niñas o adolescentes. En el Tribunal Oral Federal de Paraná, ese agravante fue aplicado en varias oportunidades a pedido de la fiscalía. «No es una agravante porque sí. Tiene su justificación porque valerse de menores que deberían estar en la escuela, haciendo deporte, jugando en la plaza, para que intoxiquen a la población, son conductas que deben ser castigadas severamente«, sostuvo Candiotti.

Hasta ahí, lo que el derecho vigente ya contempla. Lo que el fiscal propone es una lectura adicional que no reemplaza ese encuadre sino que lo complementa desde una perspectiva de derechos.

La Ley 26.842, que modificó la Ley 26.364 de trata de personas, define el delito a partir de tres elementos constitutivos: captación o reclutamiento, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y explotación en beneficio de terceros. Cuando la víctima es menor de edad, la ley elimina la posibilidad de consentimiento y presume la situación de vulnerabilidad con independencia de los medios empleados en el reclutamiento. La captación de un niño o adolescente para cualquier forma de explotación configura el delito por sí sola, sin necesidad de acreditar engaño o coacción.

Esos tres elementos, señaló Candiotti, están presentes cuando una organización narco incorpora menores a su cadena de distribución. Hay captación, hay aprovechamiento de vulnerabilidad social y económica, y hay explotación en beneficio de la organización. «Muchas veces son personas de 40 o 50 años con toda una experiencia de calle en el narcotráfico las que utilizan a chicos de 18, 19 años o incluso menores. Hay una utilización, y encima con aprovechamiento, porque al ser chicos son mano de obra barata y si los detienen las consecuencias penales son menores», afirmó.

Leer esa conducta simultáneamente desde el tipo penal de trata tiene consecuencias concretas: amplía el horizonte de la investigación más allá del hecho puntual de la venta, obliga a indagar las condiciones en que el menor fue captado y, sobre todo, instala al niño o adolescente como víctima de un delito federal con protocolos específicos de protección, en lugar de ubicarlo exclusivamente como integrante de una organización criminal. La diferencia no es semántica: en un encuadre el menor puede terminar siendo imputado, en el otro es sujeto de derechos que el Estado tiene obligación de proteger.

Por su parte Albornoz señaló que esa perspectiva no estaba siendo considerada hasta que Candiotti la planteó en el foro. «Nos quedamos sorprendidos. Nosotros no lo estábamos mirando desde ese lugar», dijo. La propuesta no tiene aún traducción procesal sistemática en Entre Ríos, pero su enunciación por parte de un fiscal federal en ejercicio abre una discusión con implicancias directas para la política criminal y para el diseño de políticas públicas de protección de infancias. Como resumió el propio Candiotti: «Cuando una organización narco capta a un menor para vender droga, hay reclutamiento, hay vulnerabilidad y hay explotación. Esos son los elementos del delito de trata. Hay que empezar a mirarlo también desde ahí».

«Cuando una organización narco capta a un menor para vender droga, hay reclutamiento, hay vulnerabilidad y hay explotación. Esos son los elementos del delito de trata. Hay que empezar a mirarlo también desde ahí.» Candiotti

El próximo paso: una agenda colectiva

La hoja de ruta que Suma de Voluntades proyecta a partir del foro tiene como objetivo armar mesas operativas organizadas por área de trabajo: prevención, salud mental, educación. «No queremos que esto quede en un reclamo. Queremos construir una agenda de abajo hacia arriba que termine siendo una política pública sostenida e integral», afirmó. El reclamo, aclaró, no es exclusivo de la organización: lo formulan también los docentes y el sistema de salud, y la situación de los centros comunitarios que están cerrando le pone urgencia concreta a lo que de otro modo podría quedar en declaración de intenciones.

Candiotti sumó una propuesta que apunta al mismo objetivo desde otro lugar: retomar la experiencia del programa «La Justicia va a la escuela», que la Asociación de Magistrados llevó adelante hace algunos años y que acercó a fiscales y jueces a establecimientos educativos de Paraná. Y cerró con una idea que atravesó toda la conversación: si el narcotráfico opera de manera organizada, coordinada y con visión de largo plazo, la respuesta del Estado y de la sociedad civil no puede seguir siendo fragmentada. «Los narcotraficantes actúan pluralmente y organizadamente. Para dar una respuesta, para luchar contra el narcotráfico, no sirven los arrestos individuales. Hay que unirse entre todos para poder dar este combate».

«Si los narcotraficantes actúan organizados y en conjunto, para combatirlos también hay que unirse. No sirven los esfuerzos aislados.» Candiotti

Y de repente la noche se emite por FM Universidad y nueve radios más de Entre Ríos. Conducción: Sandra Miguez.