La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación emitió el miércoles 10 de junio un dictamen de mayoría para declarar la emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades, por un plazo de dos años prorrogables. La iniciativa deberá ser debatida ahora en la Comisión de Presupuesto y Hacienda antes de llegar al recinto.
El proyecto apunta a prevenir y disminuir el número de personas en situación de violencia por razones de género. Entre las medidas que contempla se encuentran la restitución del Plan Nacional de Acción, el fortalecimiento de la Línea 144, el acceso al patrocinio jurídico gratuito, la implementación de sistemas de alerta temprana, soluciones habitacionales transitorias y apoyo económico para mujeres en situación de vulnerabilidad.
El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, uno de los autores de la iniciativa, señaló que se registran 125 intentos de femicidio en lo que va del año, uno cada 26 horas, y que el país atraviesa un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, desfinanciamiento y negacionismo. «El Estado tiene que volver a garantizar herramientas concretas para prevenir y erradicar la violencia de género y los femicidios», sostuvo.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad acompañó el dictamen de mayoría con disidencia parcial, por considerar que la pelea requiere financiamiento concreto. La Libertad Avanza, en tanto, no suscribió el dictamen.
La diputada entrerriana Marianela Marclay, de Unión por la Patria, también respaldó el dictamen y cuestionó la política del gobierno nacional en la materia. «Necesitamos que el gobierno nacional deje de mirar para otro lado y cuide a las mujeres», expresó la legisladora.
Marclay señaló que en lo que va del año se registraron 105 femicidios, lo que equivale a un crimen cada 35 horas, y remarcó la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención, asistencia y protección para las víctimas.
La legisladora también apuntó contra el incumplimiento de marcos legales vigentes: «Existe una falta de cumplimiento de leyes fundamentales para la prevención y el abordaje de estas problemáticas, como la Ley Micaela», afirmó.