Por Sandra Miguez
Néstor Pavón volverá a ser juzgado este jueves 29 de octubre, en Gualeguay, por la imputación que el primer tribunal descartó en 2017: haber sido coautor, junto con Sebastián Wagner, del secuestro, el abuso sexual y el feminicidio de Micaela García. El debate se extenderá durante ocho jornadas, hasta el 11 de noviembre, y estará a cargo de los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad.
A casi diez años del feminicidio que marcó un punto de inflexión en la historia judicial y social de la Argentina, el proceso para esclarecer las responsabilidades encubiertas vuelve al centro de la escena. Este jueves comenzará un nuevo juicio oral y público contra Néstor Pavón. Para el abogado querellante José Iparraguirre, quien junto a Marcelo Boeykens representa a Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García, este debate representa la oportunidad de corregir aquello que la Justicia dejó sin resolver en 2019.
La autoría material de Wagner, condenado a prisión perpetua, no está en discusión. Lo que deberá resolverse es si Pavón, su empleador, intervino en los hechos y si corresponde, condenarlo por el crímen de la joven. La querella sostiene que sí; la defensa invoca la presunción de inocencia, que rige para el acusado hasta que exista una sentencia firme.
“Está muy claro que actuaron dos y que esa otra persona era Pavón”, afirmó Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela, al explicar en este programa la convicción de la familia sobre la prueba reunida.
En una entrevista a fondo en Y de repente la noche, Iparraguirre analiza el escenario jurídico que abrió el fallo de la Corte Suprema, los límites y desafíos probatorios del plenario, y la imperiosa necesidad de juzgar con perspectiva de género.
Un nuevo juicio tras el fallo de la Corte Suprema
El debate, que se extenderá durante ocho jornadas hasta el 11 de noviembre ante el tribunal integrado por los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali, se da luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hiciera suyo el dictamen del procurador general Eduardo Casal. Para el máximo tribunal, la justicia entrerriana había cerrado la causa sin dar una respuesta fundada ni suficiente a las pruebas presentadas y sin examinar de manera exhaustiva la posible coautoría de Pavón.
La querella cuestionó esa calificación. En 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la condena a Pavón y ordenó un nuevo juicio; el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, a instancias de la defensa, revocó esa decisión. Un grupo de abogadas de La Plata y de Buenos Aires recurrió entonces a la Corte Suprema, que hizo suyo el dictamen del procurador general Eduardo Casal y declaró la nulidad del juicio. Para el máximo tribunal, la justicia entrerriana cerró la causa sin dar una respuesta fundada y suficiente a la prueba de la acusación y sin examinar de manera exhaustiva la posible coautoría.
El abogado José Iparraguirre, que junto con Marcelo Boeykens representa a Andrea Lescano y Néstor García, explicó en una entrevista en Y de repente la noche que el fallo de la Corte ordenó el escenario procesal. Quedó establecido que Pavón puede ser acusado por homicidio agravado y abuso sexual con acceso carnal, con el encubrimiento como figura subsidiaria, y que los indicios deben valorarse “en forma concatenada, no en forma aislada”. Como Otero y Ehcosor tienen sentencia firme, la querella desistirá de los testigos vinculados a ellos.
— ¿Cuáles son las cuestiones que se aguardan, cuál es la expectativa a nivel jurídico respecto de atravesar este juicio para ponderar la coautoría de Néstor Pavón en el femicidio de Micaela García?
— Pavón fue condenado en su momento solo por encubrimiento y Sebastián Wagner fue condenado por homicidio triplemente agravado y por abuso sexual. El doctor Impini, que en su momento llevó adelante este proceso en representación de la querella particular, fue en primer lugar en el recurso de casación oponiéndose, entendiendo que, como habían pedido tanto la fiscalía como la querella en el juicio, Pavón fuese condenado como coautor tanto del homicidio como del abuso sexual por coautoría funcional, es decir, haber trabajado en conjunto con Sebastián Wagner. Casación le dio lugar, la defensa fue ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia que revocó la decisión de casación y por eso un grupo de colegas abogadas de La Plata y de Buenos Aires recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hizo suyo en su fallo el dictamen del procurador Casal, sosteniendo que efectivamente había elementos, declarando nulo el juicio oral contra Néstor Pavón y por lo tanto mandando a hacer un nuevo juicio por entender que los distintos tribunales no habían analizado como se debe las evidencias y las pruebas que había sobre Néstor Pavón.
— ¿Con qué basamento y con qué expectativas asumen ustedes este nuevo debate en representación de los padres de Micaela?
— Nosotros asumimos este proceso penal en la etapa del plenario del juicio oral teniendo ya un basamento: hay situaciones que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene entendido que se deben merituar, por ejemplo, la totalidad de las evidencias que vinculan a Pavón con el hecho y que demuestran su autoría material y responsable en una forma concatenada, no en forma aislada, sino en conjunto, obviamente en base de la sana crítica racional, pero conglobada. Nosotros venimos con esta base y en esta base se va a hacer un nuevo debate. Las pruebas que fueron ofrecidas en su momento por la defensa y por la fiscalía para el primer juicio oral siguen siendo absolutamente válidas. Esa audiencia de remisión a juicio donde se incorporó la prueba tanto documental como testimonial es la prueba que va a ir a este debate. Es decir, nosotros no podemos aportar, salvo que apareciera un hecho nuevo, una circunstancia nueva, nueva prueba a este juicio. Tenemos que basarnos y analizar la prueba que se va a rendir en este debate o la que se declaró o se incorporó en la investigación penal preparatoria, pero estamos limitados en términos probatorios a la prueba que ya fue en su momento admitida a juicio.
— A pesar de esos límites probatorios, ¿cuáles son las expectativas concretas de la querella?
— Nosotros tenemos expectativas muy favorables porque entendemos que este basamento jurídico que estableció la Corte, entre otras cosas, también estableció, ya lo había hecho Casación, que no había ningún inconveniente de plantear penas alternativas, es decir, que no había ningún problema de acusarlo a Pavón tanto por el homicidio triplemente agravado como por el abuso sexual con acceso carnal y subsidiariamente hacer la acusación por encubrimiento. Esto también ya está saldado, esto no se puede volver a discutir. Entonces nosotros la verdad que vamos con expectativas. Si bien es cierto que aparte es como que se ha limpiado el proceso: en aquel primer juicio, además de Néstor Pavón y de Wagner, estaban vinculados Ehcosor, que era la pareja nueva de la madre de Sebastián Wagner que lo cubrió en Buenos Aires, y también el hijastro de Wagner, Otero. Otero fue absuelto y Ehcosor fue condenado por encubrimiento. Por lo tanto, toda aquella prueba, por ejemplo varios testigos que había aportado la defensa de Otero en su momento —que también habíamos ofrecido la querella y la acusación pública—, nosotros vamos a desistir de esos testimonios.
Qué se puede probar, los avances técnicos y los testigos
El límite probatorio es central en este plenario. La querella deberá trabajar con el marco que dejó la investigación original, aunque intentará agotar las instancias técnicas que no se explotaron adecuadamente hace diez años.
— ¿Ustedes sienten que todo este manejo de las pruebas allana el camino o resulta un obstáculo para el esclarecimiento? — A nosotros nos hubiera gustado tener prueba nueva. Nos parece que, por un lado, por los avances científicos y técnicos, hoy hay capacidad técnica para poder analizar los teléfonos celulares, tanto de Wagner como de Pavón y de alguno de los otros que estaban en su momento imputados, pero sobre todo de ellos dos y de testigos con los que mantuvieron conversación. Hay elementos técnicos avanzados que permitirían un mayor desarrollo y una claridad con respecto a llamadas que todavía no pudieron ser analizadas. Nosotros lo vamos a plantear. Después intentamos buscar testigos nuevos que en su momento no hubiesen sido conocidos, pero hasta ahora no han aparecido.
— ¿Qué medidas centrales van a solicitar al comienzo de las audiencias y cómo afecta el paso del tiempo a la nómina de testigos?
— Uno de los temas primordiales con los que se va a arrancar el juicio, más allá de cuestiones preliminares que pueda plantear la defensa, es que nosotros vamos a pedir que se le tome declaración a Sebastián Wagner. Wagner obviamente no estaba en la lista de testigos porque era imputado y tenía derecho a declarar o abstenerse. Él optó en ese momento por declarar, pero todo eso quedó nulo y no se puede tener en cuenta. Así que nosotros vamos a pedir junto con el Ministerio Público Fiscal la declaración de Sebastián Wagner en el proceso porque nos parece central. Después hay situaciones que complican un poco la causa: pasaron 10 años y algunos testigos han fallecido, como dos vecinos de Pavón que negaron haberlo visto cuando llegaba a las 4 de la mañana a su casa; sobre ellos vamos a pedir que se incorporen por lectura las declaraciones que hicieron en la investigación penal preparatoria. O el caso del camionero Gorosito, que es el camionero que lleva a Sebastián Wagner hacia la localidad de Campana luego del homicidio; como ese hombre ha muerto, pediremos la incorporación por lectura de sus declaraciones.
— ¿Y respecto a los testigos que sí están en condiciones de declarar?
— Por suerte nos hemos encontrado con que la mayor parte de los testigos que en su momento depusieron están dispuestos y van a ir a declarar. Es el caso de una señora, que ve a dos personas en el vehículo allá por la zona donde fue dejado el cuerpo de Micaela; la verdad es que es una persona grande, pero está en muy buenas condiciones para declarar y recuerda muy bien todo. Y la mayor parte de los testigos con los que se ha entrevistado la fiscal Burruchaga están dispuestos a declarar.
Perspectiva de género, audiencias públicas e inmediatez
— Han pasado 10 años y ha habido avances no solo en la técnica jurídica sino también en la concepción de derechos y la perspectiva de género. ¿Crees que esto contribuye al desarrollo de este nuevo juicio?
— Yo creo que sí. Es indudable que el caso Micaela ha significado un avance muy importante; siempre voy a felicitar no solamente a los papás de Micaela, sino a la Fundación Micaela por poner en práctica la Ley Micaela para la formación de funcionarios y operadores judiciales.
“Hay un antes y un después de este hecho, de la muerte de Mica, en términos de reconocer las cuestiones de género y reconocer el tema de los feminicidios como una práctica lamentablemente habitual en nuestro país”.
A nosotros nos parece que sí, que la concepción de género va a primar, a diferencia de lo que ocurrió en aquel juicio de 2017. Eso nos alienta a que este nuevo tribunal, con nuevos jueces, tenga otra perspectiva sobre la cuestión de género.
— ¿Qué otros elementos del proceso permiten pensar en una reparación institucional y en un mayor significado social?
— En el juicio anterior, por pedido de los padres obviamente con todo el dolor de una muerte trágica y de mucha angustia, se decidió que ese plenario fuese a puertas cerradas, sin público. A nosotros nos parece que la publicidad de los actos judiciales es muy importante. Vengo de una experiencia con el doctor Marcelo Boeykens en los juicios de lesa humanidad donde justamente uno de los elementos principales es la publicidad de los juicios para que la sociedad sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. En este caso, qué fue lo que sucedió con un feminicidio. Salvo situaciones particulares, como el análisis de la autopsia que es algo muy difícil y escabroso, hemos acordado que sea un plenario a puertas abiertas donde pueda participar público. Vamos a acompañar una lista de gente que ha colaborado con este proceso: el equipo de abogadas y abogados de La Plata y de Buenos Aires que llevaron el recurso ante la Corte, la gente de la Fundación Micaela y de organizaciones feministas que van a viajar incluso desde Paraná. Estamos analizando además la posibilidad de que se pueda transmitir, algo que tenemos que cerrar con papá y mamá de Micaela. La publicidad de estos procesos hace que la sociedad civil pueda vivenciar qué significa un feminicidio y cuál fue la lucha que llevaron adelante los padres y las organizaciones.
— ¿Por qué resulta fundamental el formato del juicio oral para la estrategia de la querella?
— Por el principio de inmediatez del juicio oral: que el tribunal y las partes puedan ver cara a cara no solo a los imputados cuando declaran, sino también a los testigos. Realmente es diferente leer un papel o ver un video de una persona declarando que tenerla cara a cara y poder interrogarla en profundidad. A nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, la declaración testimonial de la psiquiatra de los equipos técnicos para evaluar la relación que había entre Néstor Pavón y Sebastián Wagner; nos parece que ahí hay un punto interesante de análisis que no se hizo en el juicio anterior. Una cosa es ver un proceso judicial 10 años después, analizando incluso los videos del juicio anterior, y otra cosa es estar ahí en el momento. En aquel 2017 hubo un trabajo encomiable de la acusación pública y la querella, y uno ahora puede dar una segunda lectura a las cosas porque también hay una perspectiva de género que ha calado en muchos de los operadores del derecho.
Lo que dejó el jury a Rossi y el costo de esperar
Esa necesidad de juzgar con perspectiva de género remite directamente a discusiones previas sobre el funcionamiento del sistema penal entrerriano. En Crímenes Menores. Género y Poder Judicial, la trama de una disputa (2019) se reconstruyó el jury al juez de Ejecución Penal Carlos Rossi, quien había concedido la libertad condicional a Wagner pese a informes técnicos que la desaconsejaban. Fue el primer jury a un magistrado por una cuestión de género y el primero en admitir especialistas como testigos de contexto. Entre ellos estuvieron la antropóloga Rita Segato y Enrique Stola, convocados por la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná. Segato objetó que Rossi hubiera decidido con el “sentido común” del hijo del vecino y no con un criterio jurídico que ponderara la desigualdad de poder entre agresor y víctima.
El 30 de julio de 2018, el Jurado de Enjuiciamiento absolvió a Rossi por cuatro votos contra tres. El procurador general, Jorge Amílcar García, no sostuvo la acusación: entendió que la resolución del juez era discutible pero no justificaba su destitución, y calificó el concepto de mal desempeño como “sumamente vago”. La defensa planteó que un fallo, por opinable que sea, no configura esa causal. Rossi argumentó que las denuncias no objetaban técnicamente su decisión, sino que le reprochaban no haber ponderado con perspectiva de género las advertencias sobre la conducta futura de Wagner. Los padres de Micaela calificaron el proceso como “un circo”.
Ese es el eje que recorre la causa: la reticencia del Poder Judicial a incorporar la perspectiva de género y la consideración de la violencia contra las mujeres como una cuestión secundaria. Qué peso se otorga al contexto de violencia al decidir y al valorar la prueba es la cuestión que reaparece ahora en el juicio a Pavón.
Al evaluar este camino, Néstor García remarcó las responsabilidades del sistema judicial y político que condicionaron la causa y sostuvo que la búsqueda de justicia es inseparable de la formación y la prevención.
“Tenemos el compromiso, el deber, las ganas y la voluntad de tratar de que esa sociedad con la que Micaela soñaba sea lo más cercana posible”, dijo. Y precisó que juzgar a los responsables es necesario, pero no suficiente: “Estamos convencidos de que la sociedad no se cambia solamente con condenas”.
La Corte advirtió en su resolución la falta de respuesta fundada a los planteos de la acusación. Casi diez años después del feminicidio, la familia sigue reclamando que se examine a fondo lo ocurrido y se determinen responsabilidades, con el costo emocional, económico y personal que eso implica. Cuando acceder a la justicia depende de la capacidad de una familia para insistir y esperar, el derecho pierde efectividad. En los crímenes contra las mujeres, la Convención de Belém do Pará fija el estándar de la debida diligencia, que supone investigaciones sin omisiones que prolonguen la incertidumbre.