Eduardo Betancur, enfermero oriundo de Gualeguaychú, fue hallado sin vida en su departamento de Buenos Aires con ampollas abiertas de fármacos de uso quirúrgico restringido. Su muerte se inscribe en una causa que involucra a anestesistas de hospitales de alta complejidad y a una red de suministro ilegal de sustancias hospitalarias para fiestas privadas. La investigación judicial avanza, pero las preguntas superan las certezas.
El viernes 4 de abril, la hermana de Eduardo Betancur, Florencia, llevaba varios días sin poder comunicarse con él. La última señal había sido el 30 de marzo. Luego del 911 y la denuncia correspondiente, personal policial ingresó al departamento del noveno piso de Fray Justo Santa María de Oro al 2400, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo encontraron muerto, con ampollas de propofol, ampollas de fentanilo abiertas y una vía intravenosa colocada.
Betancur tenía 44 años, era enfermero y había llegado a Buenos Aires hacía exactamente un mes en búsqueda de trabajo. Antes se había desempeñado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde sus compañeros lo recuerdan con respeto y sin ningún antecedente de consumo. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una patología cardíaca: un paro cardíaco. Pero el contexto en que ocurrió esa muerte es el que concentra ahora la atención judicial y periodística.
«Nunca manifestó una situación de consumo. En un contexto de trabajo hospitalario, cuando tenés muchas horas con alguien, eso se puede detectar» señaló Paola Robles Duarte sobre el testimonio de colegas de Betancur en Gualeguaychú
La muerte de Betancur no puede leerse de forma aislada. Se inscribe en una investigación que comenzó con el fallecimiento de Alejandro Salazar, médico residente de anestesiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ocurrido el 20 de febrero pasado. Salazar murió en circunstancias similares, con fármacos hospitalarios presentes en la escena, y su caso tardó casi un mes en llegar a los medios nacionales.
«Esto llega casi un mes después a los medios nacionales. Ahí ya se da una situación de encubrimiento en relación a dar la noticia de este fallecimiento en este contexto».Paola Robles Duarte
La causa judicial avanzó a partir de testimonios que surgieron, en parte, por interés de los propios involucrados en desvincularse de la red. La trazabilidad de los fármacos —el rastreo de por dónde circularon esas drogas desde su origen hospitalario hasta el lugar donde aparecieron— condujo al Hospital Italiano y a la identificación de residentes y jefes de servicio imputados. Entre ellos, Hernán Boveri, jefe del servicio de Anestesiología de esa institución, quien renunció antes de que la situación se tornara imposible de contener internamente.
«Lo judicial aparece cuando la situación no se puede ocultar más. Eso habla del contexto corporativo en el que estas cosas ocurren»- Paola Robles Duarte
Según la información que circula en el expediente y que fuentes consultadas por Robles Duarte comenzaron a confirmar ante la presión judicial, la red no sólo sustraía propofol y fentanilo del circuito hospitalario. También retiraba bombas de infusión, necesarias para administrar estas sustancias de manera controlada. Las fiestas, que algunos de los implicados denominaban de «viajes controlados», habrían tenido un costo de entre dos y tres mil dólares por persona.
«No solamente robaban estas drogas: también bombas de infusión y demás, porque era toda una estructura la que debía ponerse en juego al momento de administrar las drogas para dormir a estas personas»- Paola Robles Duarte
Los mecanismos para eludir los controles internos también integran la causa. Uno de los audios incorporados al expediente registra la naturalidad con la que algunos profesionales hablaban de cómo sortear los antidoping obligatorios: contaban con colegas en otros servicios que firmaban certificados médicos falsos para ausentarse del hospital el día del control.
«Para que estas cosas ocurran se construye toda una ingeniería que funciona con la connivencia de muchas personas: quienes tenían que controlar, quienes se llevaban una tajada, quienes miraban para otro lado» -Paola Robles Duarte
De acuerdo al informe de Paola Robles Duarte, lo que distingue el caso de Eduardo Betancur del resto de los involucrados en la causa es precisamente la diferencia de clase. Los profesionales imputados hasta ahora pertenecen a sectores de alto poder adquisitivo. Betancur era un enfermero que llegó a Buenos Aires buscando trabajo, cuya familia tuvo que recurrir a una colecta en redes sociales para poder trasladar sus restos a Gualeguaychú y despedirlo allí.
Una amiga cercana, que brindó declaraciones públicas en los últimos días, sostuvo que lo conocía hace más de diez años, que no tenía historia de consumo, y que posiblemente pudo haber sido testigo de alguna situación vinculada a la red antes de morir. Fue mencionado como posible testigo dentro de la causa. Esa circunstancia, más la cantidad de ampollas encontradas en su domicilio —algunas abiertas, otras no— y la dificultad técnica de que una persona se aplique sola esa cantidad de fármaco sin perder el conocimiento, son los elementos que la investigación deberá despejar.
«La duda es cómo se aplica esa cantidad de droga sin perder el conocimiento inmediatamente. Es difícil pensar que pudo haberlo hecho solo, más allá de las apariencias»- Paola Robles Duarte, citando a profesionales de la salud consultados
También se identificaron tres ampollas de fentanilo contaminadas con una bacteria, pertenecientes a lotes que habían sido retirados de circulación por ANMAT. Las ampollas tenían fecha de vencimiento el 30 de marzo, el mismo día en que la familia dejó de tener contacto con Betancur.
La pregunta que organiza el fondo de esta investigación no es sólo quiénes robaban los fármacos, sino quiénes no lo impedían. El Hospital Italiano cuenta con certificación internacional de calidad y seguridad. La sustracción sistemática de sustancias de uso restringido en instituciones de ese nivel no es posible sin algún grado de tolerancia institucional.
«Puede ser falta de control o connivencia. Quienes tienen la mayor responsabilidad son los jefes de los servicios, en relación a la pirámide»- Paola Robles Duarte
La causa sigue su curso. En torno al fallecimiento de Salazar hay testimonios judiciales; en torno al de Betancur, todavía no hay declaraciones formales en sede judicial más allá de la amiga que habló públicamente. Los caminitos que conectan a Betancur con la red están siendo rastreados por la justicia, que deberá determinar si su presencia en ese escenario fue la de una víctima, la de un testigo o la de algo que todavía no está claro.