Por Sandra Miguez
El proyecto de Carolina Losada para penalizar las “falsas denuncias” reabre una discusión sensible en materia de violencia de género. Los datos disponibles muestran que se trata de un fenómeno marginal que ya está sancionado por el Código Penal. Sin embargo, la legisladora busca desviar el fondo de la cuestión y en lugar de proponer herramientas que eviten el subregistro de delitos en materia de violencia de género, impulsa una agenda que desalienta las denuncias. Hay actores con intereses directos en causas de alto perfil, que están detrás del proyecto.
La iniciativa legislativa que busca endurecer sanciones contra las denuncias consideradas falsas se instaló en la agenda pública más allá que los datos van en sentido contrario a lo que difunde la senadora. De acuerdo con el Consejo de la Magistratura (2025), menos del 1 por ciento de las denuncias por violencia de género a nivel global resultan falsas. En Argentina, la cifra no supera el 3 por ciento del total de denuncias penales y se concentra mayormente en delitos económicos. Además existen múltiples herramientas y posibilidades dentro del Código Penal que sancionan específicamente este tipo de delitos a quienes mienten en un proceso judicial (falso testimonio), así como para quienes cometen calumnias e injurias (delitos contra el honor).
El contraste con otros indicadores es significativo. Datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) indican que el 90 por ciento de las víctimas de violencia sexual son mujeres y que el 40 por ciento corresponde a niñas, niños y adolescentes. Solo el 12,5 por ciento de estos delitos se denuncian. En el caso de los femicidios, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (OM-CSJN, 2024) señala que apenas el 18 ciento de las víctimas había realizado una denuncia previa y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes.
Con este panorama, especialistas advierten que la creación de nuevas figuras penales puede generar un efecto inhibidor, y generan nuevos obstáculos a la hora de la denuncia. El sistema jurídico argentino ya contempla delitos como la falsa denuncia y las calumnias. La incorporación de herramientas adicionales, enfocadas específicamente en este tipo de casos, podría reforzar la desconfianza en un esquema que ya presenta dificultades para garantizar acceso efectivo a la justicia.
El debate adquiere otra dimensión que lleva a una pregunta: ¿quiénes están detrás de este proyecto? En torno a la agenda de “falsas denuncias” aparecen actores vinculados a causas por abuso y acoso. El exentrenador Diego Guacci —quien dirigió selecciones juveniles femeninas y fue denunciado por jugadoras, aunque luego absuelto por el Comité de Ética de la FIFA en 2023— se convirtió en una de las voces que promueven este enfoque. Junto a él, su esposa, Andrea Robledo de Guacci, participa activamente en la difusión de esta problemática.
En ese entramado también aparece un colectivo que, en sus inicios, se presentó públicamente como “Padres del Obelisco”: un grupo de hombres con causas judiciales vinculadas a conflictos familiares, denuncias por violencia de género o bajo medidas de restricción, que comenzó a organizarse en el espacio público con reclamos centrados en regímenes de cuidado, denuncias cruzadas y cuestionamientos al fuero de familia. Con el tiempo, esa articulación fue mutando en su estrategia comunicacional. En lugar de exponerse en primera persona, algunos de estos espacios pasaron a promover que fueran las mujeres las que ofician de voceras para amplificar sus demandas e intentar darles mayor legitimidad pública. En ese marco se inscribe la visibilidad reciente de Andrea Robledo de Guacci, quien, junto a Diego Guacci, se convirtió en una de las caras más activas en la instalación del tema de las “falsas denuncias”.
La intervención de estos actores introduce un elemento de interés directo en la discusión pública. La construcción de una agenda legislativa a partir de experiencias particulares o casos resonantes tiende a sobredimensionar fenómenos excepcionales y a desplazar el foco de los problemas estructurales y de cómo esto afecta directamente a las víctimas.
En paralelo, el tema también fue abordado en el ámbito parlamentario. El senador Carlos Linares promovió un foro sobre denuncias de violencia y acceso a la justicia, donde se expusieron posiciones divergentes respecto del impacto de este tipo de iniciativas.
El trasfondo del debate remite a una tensión central: cómo garantizar que las víctimas puedan denunciar sin temor. En un contexto donde la mayoría de los delitos sexuales no llega a la justicia, la orientación de las políticas públicas resulta determinante. El riesgo, advierten especialistas, es legislar sobre la excepción y profundizar las barreras existentes.