Ni una menos, once años después: los patrones que se repiten y el Estado que desfinancia
Por Sandra Miguez
El femicidio de Agostina Vega, 14 años, ocurrido en Córdoba días antes del nuevo aniversario del Ni Una Menos, no sorprende. Indigna, duele, agobia. Pero no sorprende. Porque lo que rodea a este caso no es nuevo. Es la repetición de un sistema que ya conocemos y que hemos denunciado antes.
Cuando empezaron a buscarla, los patrones se repitieron con una exactitud que espanta. La respuesta de la policía, los tiempos de la justicia, el tratamiento mediático, el lugar asignado a la palabra de las mujeres: todo reproducía lo que ya vimos en el caso de Micaela García, en tantos otros casos que podríamos enumerar. Sebastián Wagner tenía antecedentes de delitos sexuales y estaba en libertad cuando mató a Micaela. El imputado por el femicidio de Agostina, Claudio Barrelier, también tenía denuncias previas por violencia de género y violencia sexual. En ambos casos las alertas existían. En ambos casos el sistema no respondió.
La madre de Agostina fue a radicar una denuncia y le dijeron que volviera más tarde. Años antes, cuando una familia intentó denunciar a Wagner por un intento de abuso previo al secuestro de Micaela, en la comisaría les dijeron que volvieran al día siguiente. Wagner tenía libertad condicional: una denuncia radicada en tiempo y forma hubiera habilitado su detención inmediata. Lo mismo aplica al caso de Barrelier. Sin embargo, siguieron libres. Una víctima anterior de Barrelier logró escapar desnuda y fue socorrida por vecinos. Ese testimonio fue lo que evitó que no fuera la primera víctima fatal. Él siguió circulando amparado por el sistema, integrado a él en su lugar de trabajo, de participación, en espacios sociales.
Hay un concepto que Rita Segato desarrolla y que este caso vuelve a poner en evidencia: la voz de las mujeres es desoída por los ámbitos del Estado, o directamente minimizada. Ese concepto es el de «crímenes menores». Lo ilustra con claridad un detalle del propio expediente: cuando el imputado manifestó intención de suicidarse, fue internado de inmediato en un dispositivo de atención. La denuncia de una mujer puede esperar hasta el lunes. La palabra de un varón no espera.
Esa misma lógica explica la conferencia de prensa del fiscal a cargo de la investigación, Raúl Castro, donde el eje de la intervención fueron los elogios a los perros rastreadores mientras una niña de 14 años había sido asesinada por alguien que no debería haber estado libre. Fue la periodista Laura Vilches, presente en la sala quien marcó ese corrimiento. Sin esa intervención, el episodio hubiera quedado como el momento de gloria de un funcionario que habló de una muerte como si fuera el cierre de un operativo exitoso.
Los medios que en los días posteriores pusieron el foco en la historia personal de Agostina, y pasó lo de siempre: corrieron el foco hacia la víctima. Pero hay una contradicción que vale señalar. Vivimos en una cultura que sexualiza las infancias de manera sistemática, que las expone a estándares de adultos desde muy temprano y que luego se horroriza cuando una adolescente actúa imitando el modelo que se les ofrece para ingresar al mundo adulto. Esa condiciones materiales y culturales de existencia en las que se desarrollan nuestras infancias y adolescencias no están puestas en discusión ni se cuestionan, en cambio inmediatamente se culpabiliza a quien ya es víctima,. Y esa es una operación que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de no reproducir.
Los números del Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano» de La Casa del Encuentro ubican estos casos en su dimensión estructural. Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género en Argentina: más de tres mil femicidios directos y vinculados de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, cuatro lesbicidios, y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Detrás de esa cifra, 3.840 hijos e hijas que crecen sin su madre. Un femicidio cada 30 horas durante once años.
Lo que va de 2026 no ofrece ningún dato tranquilizador. Entre el 1 de enero y el 30 de mayo se registraron 104 víctimas fatales y 233 tentativas de femicidio. En el primer trimestre, el 72% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima. En más de la mitad de los casos el agresor era la pareja o expareja. El 83,5% de las víctimas conocía a su agresor. La violencia no viene de afuera. Viene del vínculo, de la convivencia, de donde se supone que hay cuidado.
El gobierno nacional presentó como logro una leve baja en el registro de femicidios. Esa baja se explica, en términos concretos, por la reducción de casos en la provincia de Buenos Aires. Y esa reducción se explica porque la provincia de Buenos Aires sostiene políticas públicas activas en la materia. Pero también por el subregistro que en muchos casos hace la justicia al no calificar como femicidio el delito, y usar la categoría de homicidio agravado en contexto de violencia de género.
No es un dato menor: es la demostración empírica de que las políticas públicas funcionan cuando existen y se financian. Y de que cuando se desfinancian, las mujeres mueren.
El Presupuesto 2026 no asignó partida específica al Programa Acompañar ni a la Línea 144. El Programa Acompañar ya había sufrido en 2024 un recorte del 90% respecto al año anterior, con una caída de cobertura de más de cien mil personas a menos de quinientas. La Línea 144 perdió dos tercios de su presupuesto ese mismo año y desde 2025 opera sin asignación presupuestaria identificable. El Comité CEDAW de Naciones Unidas calificó la situación argentina como un retroceso crítico en derechos humanos y exigió medidas urgentes. Desde La Casa del Encuentro lo sintetizaron sin eufemismos: no hay organismo rector de políticas de género, no hay plan nacional de prevención como exige la Ley 26.485, y la Línea 144 está prácticamente desmantelada.
A esto se suma que días atrás un concejal de Chascomús, Maximiliano Donato, declaró que la Ley Micaela no servía para nada. Es exactamente al revés: lo que no sirve es no aplicarla. La Ley Micaela, la educación sexual integral, el Programa Acompañar, la Línea 144, el Plan ENIA no son caprichos del feminismo. Son herramientas construidas durante años de lucha colectiva para intervenir antes de que ocurran hechos como el de Agostina Vega. Desfinanciarlas, vaciarlas o ridiculizarlas tiene consecuencias directas y medibles en vidas humanas.
También hay que decirlo con precisión: debatir las responsabilidades políticas e institucionales en estos casos no es politizar el dolor ni instrumentalizar una muerte. La ausencia de política pública es en sí misma una decisión política. Reclamar por las herramientas que podrían haber evitado un femicidio no compite con el dolor de las familias. Lo reconoce.
Lo que el caso de Agostina Vega expone, once años después del primer Ni Una Menos, no es una anomalía ni un hecho aislado. Es la prueba de que los patrones se reproducen cuando las instituciones minimizan, cuando los medios revictimizan, cuando la cultura valida en el gesto cotidiano lo que condena cuando se convierte en noticia, y cuando el Estado desfinancia de manera sistemática las políticas que podrían interrumpir esa cadena.
El feminismo no surgió para exagerar. Surgió para nombrar lo que existía pero no se nombraba. Para poner sobre la mesa las desigualdades, los abusos de poder, los casos que tienen nombre y apellido y que afectan la vida de las mujeres de manera concreta y real. No solo la de las víctimas directas. La de toda la trama social.
Este 3 de junio, como todos los días, seguimos exigiendo que el Estado deje de mirar para otro lado.