El Gobierno Nacional, mediante la Resolución 36/2026, oficializó la adjudicación por 25 años de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servi Magnus (bajo la sociedad Vía Navegable Argentina). La medida consolida un esquema de gestión con un marcado perfil economicista que despierta severas alarmas por su impacto ecológico y la falta de controles sobre la principal vía logística del país, por donde circula el 80 por ciento de las exportaciones nacionales.
Para analizar el alcance de esta privatización, Y de repente la noche dialogó con el Dr. Aníbal Faccendini, abogado, jurista y director de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El especialista advierte sobre la precarización institucional, la exclusión de las universidades públicas en los monitoreos y el peligro inminente que acecha a las comunidades costeras y a la biodiversidad del Delta.
A partir de la oficialización de esta prórroga por 25 años a Jan De Nul y Servi Magnus, ¿cuál es el diagnóstico técnico y socioambiental en el que queda el Río Paraná?
–Creo que tenemos que caracterizar al gobierno como una gestión obstruccionista de lo que es un ambiente inclusivo. Cuando hablamos de ambiente inclusivo, nos referimos a una perspectiva que no vea solamente la dimensión comercial, sino todo el fenómeno ecosistémico: el río y sus humedales. El análisis que se plantea es totalmente economicista y, por ende, es un planteo realmente antiambiental. Nadie está en contra del comercio por la vía navegable; de lo que se está en contra es de someter a la naturaleza y al ambientalismo a los patrones del mercado que en nada toman en cuenta la necesidad de resguardar la ecología.
Desde los sectores que defienden la licitación privada se argumenta que profundizar el dragado es indispensable para la competitividad logística y la reducción de costos. ¿Qué responde a esa visión?
– Que es un discurso repetitivo y antiguo que no coincide con la realidad. Cuando Jan De Nul gana la concesión allá por 1994 o 1995, en pleno menemismo, el discurso era exactamente el mismo. Pero la verdad es que eso luego no se refleja en una bonanza económica o social para los ciudadanos comunes, la clase media o los trabajadores. Es una plusvalización acumulativa para los grandes grupos económicos concentrados. Beneficia a unos pocos —historia conocida de manual— y perjudica a muchos.
Estamos frente a un río majestuoso que llega a tener un caudal de 26.000 metros cúbicos por segundo y uno se pregunta: ¿Por qué el gobierno no hizo un estudio de impacto ambiental integral? No se evaluó cómo afecta a los humedales ni se respetó la biodiversidad de las 700 especies vegetales, 50 especies de mamíferos, 360 de aves y 300 especies ictícolas. Lo único que interesa es profundizar el canal de navegación para el negocio, rompiendo con la soberanía del bien común.
¿Existe algún margen de acción institucional o legal para las organizaciones socioambientales y las provincias ribereñas ahora que la concesión ya está otorgada?
– Técnicamente la jurisdicción es nacional, lo que consolida una situación jurídica compleja. Sin embargo, los estados subnacionales tienen herramientas. Existe el PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná), un acuerdo interjurisdiccional creado en 2008 entre Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires tras la crisis de los incendios. Los estados ribereños tendrían que exigirle al Estado Federal la conformación de una comisión de control efectivo sobre el impacto ambiental, el dragado y el control de las embarcaciones. Lamentablemente, hasta ahora, los legisladores de las provincias afectadas han brillado por su ausencia.
Usted suele hacer hincapié en la necesidad de democratizar el conocimiento científico en estos contratos del Estado. ¿Por qué no se convoca a los sectores académicos?
– Si uno no tiene nada que ocultar y es transparente, lo lógico sería que participen las universidades públicas, que están altamente prestigiadas a nivel internacional. Su intervención le daría transparencia, sustentabilidad y equidad social y ambiental a la gestión del río. Pero como el daño que se le hace al río lo quieren ocultar, por eso no convocan a las universidades públicas. Pasa lo mismo con la empresa estatal israelí Mekorot y los acuerdos confidenciales firmados con varias provincias para el manejo del agua. No se sabe a ciencia cierta de qué se tratan esos convenios mientras se desplaza a equipos científicos de la UNR, la UBA, la UNER o la Universidad del Litoral, que están perfectamente preparados.
El panorama global tampoco ayuda. A principios de este año, Naciones Unidas publicó un informe sumamente alarmante sobre los recursos hídricos…
– Exacto. El documento científico de la ONU de enero de 2026 habla explícitamente de una quiebra hídrica mundial y expone que el 75 por ciento de la población global ya sufre distintas dificultades para acceder al agua de forma segura. Frente a este escenario, tenemos una gestión nacional que le da la espalda a la planificación de los recursos hídricos. La bajante histórica y desoladora que vivimos en el año 2021, sumada a los incendios intencionales de los humedales, se puede volver a repetir. Al no haber políticas de prevención ni ordenamiento integral, el riesgo para los pescadores artesanales, los productores isleños y las comunidades costeras es absoluto.
El dato: La vulnerabilidad de la cuenca costera
Vecinos y trabajadores de la localidad entrerriana de Victoria vienen denunciando de forma sistemática graves problemas en el filtrado y suministro de agua potable. El origen de la problemática radica en las alteraciones de los brazos naturales del río y la proliferación de bancos de arena inusuales, consecuencia directa de las tareas de sobredragado que efectúan los buques sobre la traza principal de la hidrovía.