En el marco de una serie de entrevistas dedicadas a la violencia digital y sus implicancias tras la sanción de la Ley Olimpia en 2023, dialogamos con la actual directora de la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Sofía Uran. Una charla profunda sobre datos oficiales, el impacto de la tecnología en las modalidades de violencia y las respuestas institucionales en tiempos de resistencia normativa.
Estructura institucional y políticas sostenidas
¿Cuál es el rol específico que cumple la Oficina de Violencia de Género dentro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia?
-La Oficina de Violencia de Género (OVG) integra el Centro Judicial de Género «Carmen Argibay», creado hace ya más de diez años. Este centro tiene dos grandes patas: la Oficina de la Mujer, que se ocupa de la transversalización de la perspectiva de género en todo el Poder Judicial, y la OVG, que es la que me toca conducir actualmente. Es fundamental entender que somos oficinas de gobierno del Superior Tribunal de Justicia, no somos organismos jurisdiccionales y definimos y sostenemos la política judicial de género de la provincia. De hecho, considero que el Poder Judicial es quizás el que más ha logrado sostener estas políticas hacia adentro, incluso frente a decisiones nacionales que hoy van en sentido contrario a la progresividad de los derechos de las mujeres. En términos de apego al derecho y cumplimiento de tratados internacionales, los tribunales provinciales funcionan hoy como un lugar de resistencia normativa.
El REJUCAV: La radiografía de la violencia en Entre Ríos
La base para definir políticas públicas eficientes son los datos. Entiendo que la OVG maneja un registro clave en esto.
-Así es. Una de las herramientas más valiosas que tenemos es el REJUCAV, el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia. Existe hace más de una década y es una verdadera joya porque, como sabés, suele haber mucha opacidad en los datos sobre violencia de género. El REJUCAV permite historizar las situaciones. Cuando ingresa una nueva denuncia, el operador puede ver inmediatamente si hay medidas vigentes, si hubo redenuncias y qué medidas se dictaron previamente en cualquier punto del territorio. Sostener este registro nos permite, además, hacer cruces de datos con el censo para analizar indicadores socioeconómicos o de acceso a derechos sexuales y reproductivos en relación con el acceso a la justicia. También nos sirve para detectar fallas institucionales o sobredemandas. Por ejemplo, si en un departamento demográficamente pequeño los juzgados de paz están desbordados por causas complejas, el Superior Tribunal puede intervenir gracias a esta información y reforzar los equipos técnicos allí de manera directa.
La virtualidad como puerta de acceso a la justicia
Durante la pandemia surgió el formulario de denuncia virtual en la web del Poder Judicial. ¿Cómo ha evolucionado esa herramienta en la pospandemia?
-Ha tenido un crecimiento exponencial. El último año el uso creció un 70 por ciento respecto al año anterior y es una plataforma que se utiliza todos los días, a toda hora. El sistema nos permite ver incluso las cargas parciales. Si una mujer empieza a escribir su denuncia y se detiene, nuestro equipo la llama para verificar si no pudo continuar por miedo, por un problema técnico o porque creyó que ya la había enviado. La herramienta es excelente porque rompe el aislamiento geográfico, permitiendo denunciar a personas alejadas de una comisaría o fiscalía. También evita conflictos de interés locales, como cuando la pareja de la víctima es policía en un pueblo chico y la mujer no quiere ir a la comisaría a exponerse ante los compañeros de trabajo del agresor. Además, facilita el relato, porque muchas mujeres se expresan mejor escribiendo su historia que de forma oral en una mesa de entradas. Hemos tenido situaciones gravísimas donde, a partir de la lectura inmediata de la denuncia virtual, se debió enviar directamente al 911 a un domicilio porque la víctima estaba con su libertad restringida e imposibilitada de salir.
¿Y cómo es el circuito una vez que se envía ese formulario?
-Ingresa a la Mesa de Información Permanente, que funciona las 24 horas, y se deriva inmediatamente según la jurisdicción y la competencia territorial. La magistratura está obligada por normativa a dictar una primera resolución o medida preventiva en las primeras 24 horas. Además, es una herramienta sumamente transparente porque queda un solo relato consolidado con fecha y hora, evitando la revictimización de hacer declarar a la mujer múltiples veces. Este formulario es el espejo del CIAB, el Sistema Interinstitucional de Actuación en Violencia, un proyecto muy avanzado que busca agilizar la corresponsabilidad entre salud mental, niñez y justicia, poniendo verdaderamente a la mujer en el centro.
El hogar, el espacio más inseguro y la irrupción de lo digital
Mencionabas que el 80% de las denuncias que ingresan al sistema corresponden al ámbito doméstico. Sigue siendo una cifra alarmante.
-Es la realidad que reflejan de manera contundente las estadísticas de la provincia. Seguimos arrastrando la idea de que la violencia de género es sinónimo de violencia doméstica porque, lamentablemente, el lugar más inseguro para una mujer sigue siendo su propia casa. No es la calle a la madrugada; es el hogar, y los agresores principales son las parejas o exparejas. En cuanto a los tipos de violencia que se despliegan en este ámbito, la psicológica se denuncia siempre por fortuna, la física mantiene números altos y la económica se está denunciando cada vez más debido a la visibilización de estos derechos.
Y en este mapa de violencias, en 2023 se incorporó formalmente la violencia digital o telemática a través de la Ley Olimpia. ¿Qué están observando desde la OVG respecto a este fenómeno?
-La violencia digital hoy es una realidad ineludible. Ya cayó esa vieja dicotomía que separaba lo «virtual» de lo «real». Hoy lo digital es parte constitutiva de nuestra vida, especialmente en las generaciones más jóvenes que ya nacieron como ciudadanas digitales desde el arranque. La violencia digital debe entenderse de dos maneras: como una violencia en sí misma, que incluye la difusión no consentida de material íntimo, la extorsión o los contenidos falsos creados con Inteligencia Artificial, y como una herramienta para potenciar y exacerbar otras violencias ya conocidas, como la persecución, el control, el hostigamiento laboral o las amenazas. La Ley Olimpia fue un primer paso fundamental porque nos permitió empezar a nominar el problema y registrarlo de forma específica. En nuestros informes oficiales ya consta la categoría de violencia digital, lo cual habilitó además a los jueces a dictar medidas cautelares específicas, como la orden de no perturbar por vías virtuales o digitales.
El vacío legal frente a las corporaciones y el debate de la Ley Belén
Sin embargo, a menudo nos encontramos con el límite de que estas agresiones ocurren en plataformas de grandes compañías internacionales que no tienen sede en el país o no responden a la legislación local.
-Totalmente, y eso da lugar a niveles de crimen organizado digital que son realmente preocupantes en la actualidad. El daño sigue produciéndose en la red si la corporación no baja el material, por más que haya una orden judicial de un tribunal local de nuestra provincia. Por eso es tan necesaria la discusión que se está dando en torno a la Ley Belén. Para que se entienda de forma sencilla: así como la violencia física tiene su correlato penal en el delito de lesiones del Código Penal, la violencia digital necesita una respuesta penal contundente. El bien jurídico protegido debe ser la ciudadanía e integridad digital. Hoy existe un gris legal muy complejo. Hace poco tuvimos un caso de hostigamiento digital masivo donde la fiscalía recién pudo intervenir penalmente cuando se sospechó que entre el material audiovisual digitalizado podía haber contenido de menores de edad. Si las víctimas son adultas, el caso queda relegado al ámbito civil o de familia, y las herramientas de sanción se quedan sumamente cortas.
No estamos hablando de delitos menores. Hay mujeres que han perdido sus trabajos, chicos que se han suicidado por el acoso virtual. El daño es real, físico y psíquico.
-Exactamente. No es un chiste, no es una cuestión «virtual» o una «mentira» porque pasa a través de una pantalla. Tiene efectos reales y devastadores en la vida de las personas. Necesitamos una discusión legislativa seria para que el agresor no reciba simplemente una orden de «portarse bien» o de cesar el acto molesto en la red, sino una sanción penal que esté a la altura de la gravedad del daño ocasionado. La integridad digital es parte de nuestra integridad humana.