EXCLUSIVA | Y de repente la noche accedió en exclusiva a una carta escrita por I. Rodríguez, madre de una de las adolescentes que denunciaron al exfiscal Guillermo Federico Uriburu por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. En el texto, cuestiona la demora de la Justicia entrerriana y advierte que, a casi un año de iniciada la causa, las víctimas todavía no fueron convocadas a prestar declaración.
La denuncia se originó por un hecho ocurrido durante la madrugada del 30 de agosto de 2025. Según consta en el expediente, Uriburu —exfiscal de Nogoyá y Rosario del Tala, quien en ese momento trabajaba como conductor de una aplicación de viajes— trasladó a tres adolescentes de 16 años. De acuerdo con la acusación, no respetó el recorrido solicitado, ofreció alcohol a las jóvenes, obligó a una de ellas a conducir el vehículo y terminó protagonizando un choque en el centro de Paraná. (Ver nota completa).
El caso se sumó a otros antecedentes que ya pesaban sobre el exfuncionario judicial. Uriburu había renunciado a la Fiscalía de Rosario del Tala en septiembre de 2023, luego de que una empleada judicial lo denunciara por violencia psicológica y sexual. Anteriormente, en 2020, también había sido señalado por el presunto hostigamiento a una mujer en un bar de Nogoyá.
A raíz de esos episodios, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos le inició un sumario por conducta incompatible con el cargo. Según informaron distintos medios provinciales, la cesantía se resolvió recién en octubre de 2025, dos años después de iniciado el expediente administrativo y cuando la nueva causa penal ya se encontraba en trámite.
Mientras tanto, la investigación por los hechos denunciados en Paraná continúa sin avances sustanciales. Según denuncia la familia de una de las adolescentes, las víctimas aún no fueron escuchadas por la Justicia y las medidas de restricción que habían sido dictadas durante los primeros meses ya perdieron vigencia.
Frente a esa situación, I. Rodríguez decidió hacer pública una carta en la que describe las consecuencias que la demora judicial tiene sobre la vida de su hija y reclama una investigación diligente.
Carta completa de I. Rodríguez, madre de una de las víctimas:
Cuando la demora de la Justicia también revictimiza
A casi un año de la denuncia, escribo para proteger a mi hija, que hoy tiene 17 años. Lo hago porque siento que el silencio se ha convertido en una nueva forma de sufrimiento.
Esa madrugada del 30 de agosto de 2025, la lluvia me despertó y ese instinto me llevó a llamar a mi hija para que regresara a casa. Ella y dos amigas fueron víctimas de un gravísimo episodio que derivó en una denuncia penal por hechos que incluyen abuso, captación y privación ilegítima de la libertad. El caso tomó estado público porque el denunciado es el exfiscal Guillermo Uriburu.
Desde entonces, nuestra familia ha esperado que la Justicia hiciera su trabajo. Sin embargo, a casi un año de aquella denuncia, las víctimas aún no fueron convocadas a declarar. Esa demora es incomprensible y profundamente dolorosa.
Mientras el expediente parece avanzar con una lentitud desesperante, la vida de mi hija quedó detenida aquella noche.
Ya no puede viajar sola con tranquilidad. Ya no sale con sus amigos sin sentir miedo. Desconfía de personas que antes no le generaban temor. Cada vez que necesita tomar un vehículo de transporte revive el recuerdo de lo que pasó. La adolescencia que debería estar viviendo fue reemplazada por la ansiedad, la inseguridad y el miedo constante.
Las medidas de restricción que alguna vez existieron ya finalizaron. Nosotros, en cambio, seguimos conviviendo con el temor. Nos seguimos cruzando con la persona denunciada mientras nuestra causa continúa sin respuestas. Esa sensación de impunidad es devastadora para cualquier víctima.
Como familia nos hacemos preguntas que merecen una respuesta de las autoridades: ¿qué medidas de control existen mientras una investigación de estas características continúa? ¿Se evaluó si corresponde restringir determinadas actividades? ¿Qué garantías tienen hoy otras jóvenes y sus familias? ¿Qué mensaje recibe una víctima cuando ve que pasa el tiempo y la Justicia ni siquiera la ha escuchado?
¿Se consideró retener su licencia de conducir? ¿Continúa prestando servicios como conductor de una aplicación de viajes y trasladando adolescentes o menores de edad?
No pedimos una condena anticipada. Respetamos el principio de inocencia y sabemos que será la Justicia quien determine las responsabilidades que correspondan. Lo único que exigimos es una investigación seria, diligente y sin demoras injustificadas. Que las víctimas sean escuchadas. Que el paso del tiempo no termine favoreciendo el olvido.
Detrás de un expediente hay una adolescente cuya vida cambió para siempre. Hay una familia que dejó de vivir con tranquilidad. Hay noches sin dormir, miedo cotidiano y una sensación permanente de abandono institucional.
Esta carta no busca instalar un juicio mediático. Busca algo mucho más simple: que la Justicia actúe. Porque cuando una causa permanece paralizada durante meses, las víctimas vuelven a sufrir una y otra vez.
Esperamos que alguien escuche. Que alguien pregunte. Que alguien exija respuestas.
Porque el tiempo que para la Justicia parece un trámite, para las víctimas es una condena diaria.