La discusión sobre la extranjerización de la tierra volvió al centro de la agenda legislativa a partir de un paquete de reformas impulsado en el Congreso Nacional. Aunque el oficialismo decidió retirar el capítulo que habilitaba modificaciones al régimen vigente de propiedad de tierras rurales, el debate abrió una discusión más profunda sobre soberanía, acceso a la tierra, recursos naturales y protección ambiental. En diálogo con Y de repente la noche, el abogado ambientalista Enzo Culasso Orué, integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, explicó qué está en juego y advirtió sobre las consecuencias que podrían tener otras reformas vinculadas al manejo del fuego, los desalojos y el acceso a la tierra.
¿Qué pasó con el proyecto que modificaba el régimen de extranjerización de tierras y por qué finalmente se decidió retirar ese capítulo?
-Lo que pasó en la última sesión realmente es para una película. Después de ese miércoles en que le ganamos a Inglaterra y salió esa bandera desde la tribuna, al otro día sesionaban y tenían los votos para aprobar esta reforma, este paquete que se llama Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Después voy a mencionar por qué ese nombre es muy confuso. Los senadores empezaron la sesión con la camiseta de Argentina puesta en su banca y les quedaba muy grande, por un lado, decir “defendemos las Malvinas, las Malvinas son argentinas”, pero por el otro lado aprobar una ley que permitía la extranjerización de la tierra sin ningún tipo de límite, sobre todo pensando que esa extranjerización incluye no solamente la tierra, sino también los recursos que están en ella, comprendiendo el agua.
La sesión finalmente se cae porque no logran conseguir los votos y se abre una ventana de oportunidad. Este paquete entró justamente mientras era el Mundial para que la gente no se enterara de lo que se estaba debatiendo. Se usó el Mundial para tapar esto y logramos que la pasión mundialista de la selección argentina se transmita a la política.
Esa ventana de oportunidad hizo que toda esa pasión por el fútbol nos dijera que hay una unanimidad en que las Malvinas son argentinas y que el resto de Argentina también es Argentina.
Eso generó que hoy tengamos la decisión del oficialismo de retirar este capítulo. Primero hubo una negociación en la que se planteó que no se iba a ir al 100 por ciento de extranjerización, sino al 25. Pero pensar que el 15 por ciento que hoy establece la ley ya es muchísimo. El 15 por ciento del territorio argentino extranjerizado significa prácticamente tres provincias. Es un montón de territorio.
¿Qué implica discutir la extranjerización de la tierra más allá de quién aparece formalmente como propietario?
-Hay que pensar que la tierra no está aislada de los recursos que contiene. Cuando hablamos de extranjerización estamos hablando también de agua, biodiversidad y de todos los bienes naturales vinculados a ese territorio.
Y ahí aparece una discusión central: ¿quién es efectivamente dueño de nuestra tierra?
No importa solamente quién sea el dueño de la tierra acá en Entre Ríos. Lo que importa son los derechos de incidencia colectiva. Porque ahí hay un sujeto protegido que no son solamente las generaciones actuales, sino también las generaciones futuras.
¿Por qué la tierra no puede analizarse únicamente como un bien privado?
-Está bueno pensarlo desde el derecho ambiental. En Argentina, el derecho ambiental comienza a tomar forma constitucional en 1994, con la reforma de la Constitución. Pero pasó mucho tiempo hasta que realmente se efectivizó ese mandato.
Todo lo que está en la Constitución dentro de los derechos y garantías son mandatos que después el Poder Legislativo tiene que convertir en leyes y el Poder Ejecutivo tiene que reglamentar y dotar de presupuesto para generar una política pública.
En 2002 tuvimos recién la Ley General del Ambiente, que crea la caja de herramientas del sistema jurídico ambiental argentino. A partir de ahí nacen el resto de las leyes de presupuestos mínimos ambientales.
Ahora, en Argentina todavía no tenemos reconocida a la naturaleza como sujeto de derecho. La naturaleza todavía es considerada un objeto, una cosa que puede ser apropiada para el uso y goce de la especie humana.
Ese uso y goce fue teniendo limitaciones a lo largo del tiempo. El derecho de propiedad nació como un derecho absoluto, pero después se entendió que ese derecho tenía límites en función de los derechos de incidencia colectiva.
El derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, tanto para las generaciones presentes como para las futuras, es un derecho de incidencia colectiva que se apoya sobre bienes colectivos.
Entonces, ese derecho limita lo que puedo hacer con mi propiedad. Yo no puedo dentro de mi campo hacer lo que quiera porque existe un derecho de incidencia colectiva que me está limitando.
Esto está expresamente establecido en el artículo 240 del Código Civil y Comercial, reformado en 2015, que establece límites al dominio en relación con los derechos de incidencia colectiva. El ejercicio del derecho de propiedad no puede afectar la sustentabilidad de los ecosistemas, la flora, la fauna, el paisaje y los derechos de incidencia colectiva en general.
¿Qué lugar ocupa Entre Ríos en esta discusión sobre los derechos de la naturaleza?
-Hay algo muy interesante en la Constitución de Entre Ríos porque acá sí, de alguna manera, reconocemos derechos a la naturaleza.
En la reforma constitucional de 2008 se estableció que las cuencas hídricas jurisdiccionales, es decir, los ríos que compartimos con otras provincias, se declaran libres de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de las aguas, es decir, el libre fluir del río.
Esta es la llamada ley antirrepresas de 1997 y también contempla el desarrollo natural de los ecosistemas asociados. ¿Cuáles son esos ecosistemas asociados a las cuencas? Las islas y los humedales.
Entonces, de alguna manera, se le reconoce a los ríos la libertad de fluir. Y eso, sin dudas, es reconocerle derechos a la naturaleza.
Sin embargo, la lucha por la no hidrovía o por la llamada hidrovía sigue siendo hasta hoy una cuestión a discutir.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias a mediano y largo plazo de las modificaciones que se están discutiendo en el Congreso?
-Principalmente, la que ahora queda es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego y la posibilidad de que el fuego se utilice para la especulación.
La reforma de la Ley de Manejo del Fuego que se hizo después de las intensas quemas de 2020 y 2021 incorporó un artículo que establece una limitación a la posibilidad de cambiar el uso del suelo de aquellos territorios que hayan sido incendiados.
Establece un plazo de 30 años para los ecosistemas de pastizales y de 60 años para los ecosistemas de bosques. Durante ese período no es que no se pueda vender esa tierra, sino que no se puede cambiar el uso del suelo.
Si antes esa tierra incendiada era un bosque, durante 60 años tiene que seguir siendo un bosque. Esto desalienta la especulación con la venta de tierra y la utilización del fuego como herramienta para cambiar los usos del suelo.
Hemos visto el fuego en manos de personas para poder vender y hacer especulación inmobiliaria o negociados inmobiliarios, sobre todo en la Patagonia. También lo hemos visto en las islas y los islotes frente a nuestra costa.
Cuando estas situaciones suceden, no solamente es una cuestión de la tierra. Respiramos peor aire, desaparece la biodiversidad y todo lo que nos hace existir tiene un malestar.
¿Qué podría ocurrir si se modifica esa protección sobre los territorios incendiados?
-Podría darse la posibilidad de que el fuego se utilice como herramienta para cambiar el destino de un territorio.
Por ejemplo, incendio una isla que tenía un determinado uso del suelo y, después de la modificación de la ley, el propietario podría plantear que ese territorio ahora puede ser destinado a un barrio privado, una cantera de arena de sílice para enviar a Vaca Muerta u otro emprendimiento.
Esto es justamente lo que restringe la Ley de Manejo del Fuego y lo que se quiere modificar.
¿La discusión también alcanza al acceso a la vivienda y a la tierra?
– Sí. Hay otras modificaciones que se están planteando, por ejemplo, que los desalojos sean vía exprés.
Hasta el día de hoy, los desalojos se realizan por la vía ordinaria: es un proceso judicial que lleva tiempo, donde las partes pueden defenderse, presentar pruebas y alegar.
Lo que se quiere hacer ahora es que el desalojo se produzca en 20 días, con una declaración jurada del propio demandante diciendo que tiene derecho a hacerlo y que ya intimó al inquilino deudor.
Pero acá estamos debatiendo el acceso a la vivienda y a la tierra.
Tenemos un país con una vasta extensión, pero existe un problema muy serio para que la juventud pueda acceder a un pedacito de tierra para vivir y mucho menos para producir.
Esto genera grandes impactos en nuestra habitabilidad y en nuestro arraigo en la provincia.
¿Qué relación existe entre el acceso a la tierra y el arraigo de las nuevas generaciones?
-Nuestra provincia es una provincia que expulsa a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no tenemos un proyecto de futuro.
Si nosotros no podemos garantizar el sustrato material de nuestra vida, es decir, una vivienda, tampoco podemos pensar una familia ni un proyecto a largo plazo.
Y esto también nos lleva a preguntarnos de dónde viene el alimento que consumimos. Acá tampoco se hizo una reforma agraria que les dé a quienes producen alimentos la propiedad de la tierra y la posibilidad de que dejen de arrendarla.
El precio de ese arrendamiento después se transfiere a los alimentos.
Por eso la discusión sobre la tierra también es una discusión sobre arraigo, producción de alimentos y las posibilidades concretas de construir un proyecto de vida.
¿Qué papel tiene la movilización social frente a estas discusiones legislativas?
-Hay una cuestión que me parece importante y que trae esperanza: la movilización logró que, por lo menos, el capítulo que tenía que ver con la extranjerización de la tierra se diera de baja.
En Paraná, por ejemplo, se convocó a una volanteada desde las 12 en la peatonal, una marcha desde Plaza de Mayo a las 15 y una concentración frente a Casa de Gobierno a las 16.
La intención es defender el territorio adentro y afuera de la cancha.
¿Qué significa hoy hablar de soberanía sobre el territorio?
-La invitación es que nos pongamos la camiseta como lo hicimos durante el Mundial. Que entendamos que las Malvinas son argentinas, que el resto del territorio es argentino, los ríos son argentinos, las montañas, los cerros y toda esa belleza natural que tenemos es nuestra y tenemos que defenderla.
También nos tenemos que dar la posibilidad de imaginar un futuro, de imaginar un desarrollo productivo integral que nos permita a las y los argentinos aprovechar las riquezas que tiene nuestra tierra.
Entonces, el debate no debería ser solamente si extranjerizamos el territorio, sino qué hacemos con los recursos naturales estratégicos que tenemos.
Qué hacemos con la producción de alimentos, con las reservas estratégicas de litio, oro, cobre e hidrocarburos. Qué hacemos con el mar argentino.
Todas esas son cuestiones que tenemos que poder debatir y decir: tenemos el derecho a decidir qué es lo que queremos hacer con nuestros recursos. Porque cuando algo le pasa al territorio, también nos está pasando a nosotros.
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