En una amplia e intensa entrevista brindada a Y de repente la noche, el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y expresidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, analizó en profundidad el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) dispuesta en el DNU 70/2023 del gobierno nacional, reactivando de este modo la venta sin límites de suelo argentino a capitales extranjeros.
Durante la conversación, el dirigente político repasó la génesis histórica de la normativa sancionada en 2011, denunció los «artilugios procesales» utilizados para eludir la discusión de fondo y remarcó la amenaza que representa esta medida para el control de los recursos estratégicos, el agua dulce y la soberanía nacional.
El origen de la ley: del interés de China e India a la protección de los recursos
Consultado sobre los fundamentos que dieron vida a la Ley de Tierras Rurales durante su gestión al frente de la cartera agraria, Domínguez recordó la coyuntura internacional que encendió las alarmas del Estado nacional a comienzos de la década pasada. «El origen de la ley de tierras surge básicamente de un viaje que hago a China en 2011, donde fondos de inversión y el propio gobierno pretendían comprar 700.000 hectáreas en la Argentina. Siguiendo viaje a la India, un fondo me pidió comprar un millón de hectáreas», reveló el exministro.
Ante el impacto de esas ofertas y la avanzada de fondos especulativos tras la crisis financiera global de 2008, la respuesta fue la elaboración de un marco legal restrictivo. «Le planteé el problema a la presidenta y nos pusimos a trabajar con un equipo de profesionales y productores para evitar que la tierra termine siendo un fondo de reaseguro inmovilizado y alejado de la producción», agregó.
Ese proceso derivó en la sanción de la Ley 26.737, una medida de carácter federal que estableció un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo (con equivalencias fijadas por cada provincia) y un tope general del 15% para la propiedad extranjera en el territorio nacional. «Fue una de las leyes que más apoyo tuvo en el Congreso y de la que me enorgullezco haber votado. Los países desarrollados tienen una legislación de protección de su tierra por razones de seguridad, geopolítica y desarrollo», enfatizó.
— ¿Qué cambia concretamente a partir de este fallo de la Corte Suprema y qué significa que hayan quedado sin efecto los límites a la ley de tierras rurales?
— La primera consecuencia es que el gobierno obtiene por un artilugio procesal precisamente lo que quería: poner al mejor postor la tierra de los argentinos y vaciar de titularidad del pueblo argentino nuestras tierras. Para la Corte de Justicia de la Nación, la tierra dejó de ser un bien colectivo. De hecho, la propia ley define a la tierra como un recurso estratégico no renovable. Tal es así que en el sector productivo se discute hoy cómo cuidar la salud del suelo para las próximas generaciones, tal como lo exige la Constitución.
— Se pone en juego también el acceso a recursos clave como el agua dulce o la energía…
— Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce del planeta en el acuífero Guaraní. Tiene condiciones extraordinarias de energía, minería y producción de alimentos, que es un recurso escaso que demanda el mundo. Está en discusión el principal recurso estratégico que tiene el planeta, que es la tierra y los recursos naturales, y estamos poniendo en la bandeja del mercado lo más sagrado que tenemos, que es nuestro territorio.
— ¿Cuál es el artilugio jurídico que utilizó la Corte para tomar esta decisión?
— La Corte en esta resolución expresa dos cosas: que ‘no hay causa’ para un pronunciamiento y desestima la legitimación activa de los excombatientes de Malvinas (como el CECIM La Plata). ¿Cómo no va a haber causa cuando se trata de la desposesión de la tierra del pueblo argentino? Además, un DNU no puede modificar una ley que no tuvo convalidación parlamentaria. Se lavan las manos sobre la cuestión de fondo y le habilitan los propósitos más entreguistas al gobierno. «Pusieron a cuidar el banco de sangre a Drácula».
— ¿Qué porcentaje del suelo estaba en manos extranjeras al momento de sancionarse la ley y cuál es el panorama actual?
— Cuando sancionamos la ley el diagnóstico daba un 8% a nivel nacional. Hoy debe estar en el orden del 13% o 14%. Pero el problema principal no es solo el promedio nacional: en municipios donde hay recursos estratégicos, agua dulce o minerales, la extranjerización llega al 60%, 70% u 8%. Cuando uno analiza el mapa digital de la Argentina y ve los puntos de concentración, nota que son lugares estratégicos, zonas de frontera y yacimientos clave como Vaca Muerta o el litio.
«La tierra no es una mercancía: marca la identidad de un pueblo»
Julián Domínguez hizo además un ferviente llamado a la toma de conciencia comunitaria y ciudadana para defender el patrimonio territorial frente a los intereses financieros internacionales.
«Desde el comienzo de la humanidad, el control de la tierra marcó las pautas de desarrollo de la propia identidad de los pueblos. Pretenden que la tierra quede en manos del mercado y sea un instrumento más de negociación del mercado financiero», advirtió.
Sobre el rol ciudadano ante este escenario adverso, concluyó: «La lucha por el control de la tierra para que cada nación conserve su titularidad es central. Es la hora señalada de defender lo nuestro y apelar a la conciencia en cada universidad, escuela y plaza. No podemos permitir que la Argentina privatice su tierra y quede a merced de los supermagnates del sistema financiero internacional».
Escuchá la entrevista completa y el análisis de la jornada en nuestro canal oficial de YouTube: @yderrepentlanoche.