Asambleas feminista y sanitaria reclaman respuestas al gobierno ante la crisis de Salud Mental

El desfinanciamiento de las políticas públicas, la saturación de los servicios de atención y la precarización de los equipos de trabajo encendieron las alertas de organizaciones de salud mental y feministas de Entre Ríos. Ambas asambleas reclaman medidas urgentes, presupuesto y una respuesta estatal frente a una crisis que afecta especialmente a mujeres, jóvenes, diversidades y sectores en situación de vulnerabilidad.

La situación de la salud mental en Entre Ríos concentra cada vez más cuestionamientos de organizaciones sociales, profesionales y colectivos que trabajan en el territorio. El desfinanciamiento de los dispositivos de atención, la falta de recursos humanos, la sobrecarga de los equipos y el debilitamiento de las políticas de prevención configuran un escenario que las organizaciones describen como una emergencia. En ese contexto, la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos y la Asamblea Feminista de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná difundieron pronunciamientos en los que reclaman respuestas concretas al Gobierno provincial y advierten sobre las consecuencias de la retirada del Estado.

Aunque sus documentos parten de distintas experiencias y perspectivas, ambos espacios coinciden en señalar que la crisis sanitaria y social requiere decisiones políticas, financiamiento y fortalecimiento de las redes públicas y comunitarias. La discusión también alcanza al Presupuesto 2027 y a las prioridades que la gestión del gobierno de Rogelio Frigerio define para atender las problemáticas de salud mental y las violencias por motivos de género.

La Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos alertó sobre el profundo desfinanciamiento de las políticas de salud mental comunitaria y del abordaje de los consumos problemáticos, tanto en el ámbito provincial como nacional. Su diagnóstico comprende al sistema público y privado y advierte que la precarización generalizada compromete el acceso a la atención de usuarios, familiares, trabajadores activos y jubilados, además de afectar a la ciudadanía en su conjunto.

El colectivo reclama que el Estado incorpore a profesionales formados en las residencias que actualmente no encuentran inserción laboral, mientras los consultorios externos de hospitales y centros de atención primaria acumulan cientos de personas en listas de espera por falta de personal. También plantea la necesidad de crear equipos móviles y guardias activas para responder a urgencias y emergencias en los distintos territorios de la provincia.

Entre las demandas se encuentran la apertura de Centros de Atención Primaria de la Salud especializados en consumos problemáticos, la reglamentación del Plan IACOP y el fortalecimiento presupuestario y de recursos humanos de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC). La Asamblea también reclama sostener las becas de externación para quienes atravesaron internaciones prolongadas, impulsar cooperativas y emprendimientos sociolaborales para personas con discapacidad e incorporar equipos interdisciplinarios de salud mental en las escuelas.

El documento incorpora, además, una dimensión que atraviesa de manera directa las desigualdades de género: el reconocimiento económico y simbólico de las tareas de cuidado, que recaen principalmente sobre mujeres y feminidades. También exige fortalecer la epidemiología en salud mental para diseñar políticas de prevención del suicidio que vayan más allá de la primera escucha y ampliar las coberturas de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

La posición de la Asamblea es contundente frente a cualquier intento de modificar el marco normativo nacional. «No es con menos Ley, es con más implementación», sostiene el documento en referencia a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. A esa consigna suma un rechazo explícito a su reforma y una exigencia que expresa la dimensión política del reclamo: «que el sufrimiento de la gente tenga consecuencias políticas YA».

La salud mental y las violencias de género

Desde otra perspectiva, pero sobre un diagnóstico que comparte buena parte de esas preocupaciones, la Asamblea Feminista de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná reclamó que el Gobierno provincial declare la emergencia en salud mental y en violencias de género. El pronunciamiento cuestiona la orientación de las políticas de la gestión Frigerio, advierte sobre la saturación del sistema público y exige que el Presupuesto 2027 contemple partidas específicas para garantizar acciones de prevención, promoción y asistencia.

La organización sostiene que las dificultades para acceder a la salud y a la salud mental se profundizan en un contexto de precarización laboral, desempleo, debilitamiento de las redes comunitarias y falta de reconocimiento de las tareas de cuidado. Las consecuencias afectan especialmente a jóvenes, personas mayores, mujeres y diversidades, al tiempo que los espacios comunitarios y los trabajadores de la salud y la educación deben responder a situaciones cada vez más complejas con recursos insuficientes.

Uno de los cuestionamientos centrales del documento está dirigido a la contratación del licenciado Fernando Reberendo, consultor vinculado al desarrollo de Ori, la herramienta de inteligencia artificial presentada por el Gobierno provincial en marzo de 2026 como respuesta a la problemática del suicidio en edades cada vez más tempranas y que actualmente se encuentra suspendida.

La Asamblea cuestionó que el Gobierno volviera a contratar al mismo consultor para desarrollar una propuesta de inteligencia artificial curada destinada al abordaje integral de situaciones de violencia de género. Señaló que no se conoce el costo de esa contratación y objetó que se recurra a asesoramiento externo sin atender, según su planteo, las particularidades y necesidades de los territorios entrerrianos.

Para las feministas, la discusión sobre herramientas tecnológicas no puede desplazar los problemas estructurales que atraviesan las políticas de género: la insuficiencia de recursos para los programas de prevención y asistencia, las dificultades de acceso a la salud mental, la precarización de quienes trabajan en esos dispositivos y la falta de fortalecimiento de las redes territoriales. También cuestionaron la convocatoria a una mesa de trabajo ampliada que, según denunciaron, deja afuera a las asambleas feministas y transfeministas y a organizaciones sociales con experiencia en el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de violencia.

El reclamo se articula con las demandas expresadas durante la movilización del colectivo LGBTIQ+ realizada el 14 de noviembre en Paraná, donde se exigieron garantías para el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, además de la implementación de una ley integral trans y el cumplimiento efectivo del cupo laboral establecido por la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins.

En ese escenario, la Asamblea Feminista sintetizó sus exigencias en tres puntos: declarar la emergencia en violencias de género, declarar la emergencia en salud mental y garantizar recursos específicos en el Presupuesto 2027. El planteo incluye financiamiento para políticas de prevención, promoción y asistencia, salud integral, Educación Sexual Integral y derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.

La pregunta con la que cierra su pronunciamiento interpela directamente a las responsabilidades políticas de la gestión provincial: «¿Quién paga los errores?»

Dos asambleas, una exigencia al Estado

Los pronunciamientos de ambas organizaciones ponen en discusión el alcance de las políticas públicas frente a una problemática que atraviesa los servicios sanitarios, las escuelas, los espacios comunitarios y las redes de acompañamiento. La salud mental no puede abordarse de manera aislada de las condiciones materiales de existencia, las desigualdades sociales, las violencias y las posibilidades concretas de acceder a una atención sostenida.

Mientras la Asamblea de Salud Mental reclama recursos humanos, dispositivos territoriales, presupuesto y plena aplicación de la Ley 26.657, la Asamblea Feminista advierte que la crisis también debe leerse desde las desigualdades de género y exige políticas específicas para prevenir y atender las violencias.

Ambas organizaciones plantean, desde sus respectivos espacios, una discusión sobre las responsabilidades del Estado y la orientación de las políticas provinciales. La emergencia que describen no se resuelve con respuestas fragmentadas ni con iniciativas que prescindan de los equipos y las organizaciones que conocen las realidades territoriales. Exige inversión, continuidad de las políticas públicas, participación comunitaria y dispositivos capaces de garantizar derechos.

Los reclamos, difundidos por Demo Comunicación en dos informes publicados el 16 y 17 de noviembre, exponen una preocupación compartida: frente al deterioro de las condiciones de atención y el crecimiento de las demandas, las organizaciones reclaman que el sufrimiento social deje de ser una estadística o una declaración de preocupación y se traduzca en decisiones presupuestarias y políticas concretas.

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