Por Sandra Miguez — Y de repente la noche
“Mi vida se transformó en una rutina de miedo” — Agustina Peñalva
Agustina Peñalva denunció públicamente que desde hace dos meses su vida se convirtió en «una película de terror»: hostigamientos diarios, mensajes persistentes, persecución, custodia, botón antipánico. Más temprano, otra periodista, Felicitas Bonavita, también hizo público un episodio de intimidación. Estas experiencias no son aisladas. En Argentina, seis de cada diez mujeres periodistas sufren violencia digital, mientras que cada 30 horas una víctima pierde la vida en un femicidio. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, sostiene que esta ola de violencia es “reactiva al feminismo”, asegurando que empoderar a las mujeres y “pisotear al hombre” provoca una contraofensiva brutal. La negación de la violencia como forma de justificación muestra la inoperancia del Estado frente a la violencia de género.
Agustina Peñalva: custodia, botón antipánico y mensajes diarios
Peñalva, locutora y periodista vinculada a C5N y otros espacios, denunció que desde agosto de 2025 viene siendo objeto de acoso sistemático por parte de Walter Graziano, economista que ya integró paneles televisivos.
Según su denuncia: recibe entre 20 y 30 mensajes diarios desde diversas cuentas; su agresor se hace presente en sitios que ella frecuenta; la persigue; espera “un momento” para encontrarla sola.
La denuncia está radicada en la Fiscalía N° 18 de CABA, bajo la figura de hostigamiento. Como medidas de protección, se le otorgaron prohibición de contacto, restricción de acercamiento, botón antipánico y custodia policial.
Graziano negó los hechos y afirmó que “ella no sabe qué hacer para sacar plata”, aunque reconoció haberse acercado al canal con “un chocolate y un libro”.
Peñalva contó en el canal en el cual trabaja cómo su vida está afectada por este hostigamiento y el miedo que le produce Graziano que sigue insistiendo aún cuando ella le ha dicho NO.
“Tengo que depender de un botón antipánico, tener custodia… cada día temo que él me encuentre cuando estoy sola.”
Este caso despertó la solidaridad de colegas y gran parte de la sociedad, y permitió que otras personas den cuenta de sus propias experiencias. Soledad Larghi, por ejemplo, relató experiencias similares: “me escribía con una carga violenta y agresiva muy fuerte”.
“Te voy a descuartizar”: la amenaza a Felicitas Bonavita
Días antes, otra periodista, Felicitas Bonavita, también hizo público el acoso y las amenazas que recibió a través de redes sociales. Entre los mensajes, uno le advirtió de manera brutal: “Te voy a descuartizar y tirar en bolsas de basura”.
Bonavitta hizo pública la amenaza en sus redes: señaló el nombre del autor, convocó a denunciar la cuenta y anunció acciones judiciales. Mientras tanto, la AM 530 y la radio de las Madres de Plaza de Mayo, lugares donde trabaja, emitieron un comunicado en el que repudiaron lo ocurrido, lo calificaron como una amenaza “aberrante, inaceptable” y reafirmaron que protegerán a la colega. Este episodio expone la crudeza del hostigamiento digital: no son insultos aislados, sino amenazas de muerte explícitas, un umbral de violencia que exige respuesta urgente por parte de las instituciones.
Bonavita denunció el hecho en la Justicia y señaló que, pese a la gravedad de las amenazas, no se tomaron medidas inmediatas de protección. “El mensaje era explícito, cruel. No se trata de un insulto más, sino de una amenaza de muerte”, contó en entrevistas posteriores.
Su caso, como el de Peñalva, evidencia una impunidad estructural: mujeres periodistas que deben enfrentar solas el miedo, la exposición y la desprotección estatal.
La violencia digital como parte de la violencia de género
Según el informe “Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas” (Amnistía Internacional Argentina, 2023),
“Seis de cada diez mujeres periodistas han sufrido algún tipo de violencia en redes sociales o entornos digitales”.
Los datos del relevamiento son contundentes:
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63,5 % sufrió ataques digitales.
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85,6 % padeció hostigamiento o trolleo sistemático.
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45,9 % recibió acoso sexual o amenazas de violencia sexual.
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44 % fue amenazada con violencia física.
Lejos de ser un fenómeno anecdótico, la violencia digital forma parte de una red más amplia de disciplinamiento simbólico y social, donde las mujeres que opinan o denuncian públicamente son castigadas por su visibilidad.
Casi la mitad (49,8 %) reconoció autocensurarse tras agresiones. El 34,5 % evitó participar en plataformas digitales tras un ataque; el 13,3 % dejó de cubrir ciertas fuentes; el 2,4 % afirmó que la violencia digital la llevó a plantearse abandonar el oficio.
Los temas más atacados: aborto (57,4 %), feminicidios/violencia de género (47,3 %) y derechos humanos (46,1 %).Estas cifras no son anécdotas: muestran un terreno donde el miedo se extiende, donde muchas prefieren callar antes que exponerse al escarnio, y donde las agresiones digitales son otra cara del acoso estructural.
El discurso oficial: Bullrich y la “reactiva al feminismo”
El 16 de octubre de 2025, en una transmisión vía streaming en el programa Carajo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó “Si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera… finalmente lo que te termina pasando es que se te viene en contra.”
Y añadió: “El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica.”
Ese discurso generó críticas inmediatas: en un país ya atravesado por una crisis de femicidios, atribuir la responsabilidad simbólica del ataque al feminismo constituye una operación de desplazamiento del foco, de culpabilización indirecta. Se legitima la idea de que la víctima “provocó” su agresión, más que cuestionar al agresor, la cultura del patriarcado y las debilidades institucionales.
El relato de que “la violencia se devuelve” al feminismo configura una narrativa con múltiples riesgos simbólicos. Es una forma directa de revictimización simbólica en donde quien denuncia es puesta bajo sospecha, como si exigir derechos equivaliera a provocar violencia.
Pero también es una forma de invisibilización institucional: se instala la lectura de que el problema es interno al discurso social más que estructural: deja afuera al Estado, al poder judicial, a las plataformas digitales.
La distracción simbólica produce que en lugar de abordar las causas profundas (machismos, desigualdad, impunidad), se traslada la discusión al terreno del “lado incorrecto del enfrentamiento”.
Sin base empírica que sostenga esa relación causa-efecto, el discurso aparece más retórico que verosímil. Las estadísticas y los casos apuntan en otra dirección: no es el reclamo de derechos lo que provoca la violencia, sino un sistema que tolera agresiones y, a menudo, las refuerza.
El acoso digital no es nuevo ni fue creado por las mujeres que reclaman derechos: es una modalidad contemporánea de una misoginia preexistente. Lo que Bullrich señala como un hecho de acción “reactivo al feminismo” tiende a invertir la carga de la culpa: ubica a las víctimas como responsables del conflicto. En contextos donde las denuncias no son debidamente procesadas, responsabilizar a quien habla es una estrategia de silenciamiento.
En un escenario donde los mecanismos de protección institucional son débiles (denuncias que no prosperan, protocolos lentos, falta de articulación con redes digitales), recargar la responsabilidad simbólica sobre las víctimas es una forma de naturalizar la impunidad.
La Ley Olimpia y el derecho a una vida digital libre de violencia
En junio de 2024, Argentina dio un paso clave con la sanción de la Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital o telemática como una modalidad específica de violencia de género dentro de la Ley 26.485. Inspirada en la lucha de la activista mexicana Olimpia Coral Melo, esta normativa amplía la protección a quienes sufren hostigamiento, acoso, difusión no consentida de imágenes íntimas o amenazas a través de redes, plataformas o medios digitales.
“Internet no es un espacio ajeno a la violencia de género; es una extensión de la vida real”, sostuvo al momento de su aprobación la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las impulsoras del proyecto.
La ley incorpora la obligación del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital, y exige a las plataformas cooperar en la remoción rápida de contenidos violentos o difamatorios. También establece protocolos para la recolección de pruebas digitales y la asistencia integral a las víctimas.
Aunque su aplicación aún es incipiente, organizaciones feministas y de periodistas destacan su importancia frente a casos como los de Agustina Peñalva y Felicitas Bonavitta, donde la violencia comenzó —o se amplificó— en entornos digitales. Para muchas, la Ley Olimpia representa un reconocimiento político y jurídico de algo que el feminismo viene señalando hace años: que el acoso en redes no es un problema virtual, sino una forma concreta de violencia de género.
Volver a nombrar
Agustina Peñalva pidió poder transitar sus días con algo de normalidad, poder caminar sin sentirse vigilada, trabajar sin temor. Que le otorguen custodia o botón antipánico no es un privilegio sino una tentativa mínima de seguridad lanzada al borde del abismo institucional.
Decir que la violencia “se les devuelve” al feminismo es un giro falaz: no libera culpables, sino que construye nuevos muros simbólicos. No da respuestas: retrae el debate al terreno del juicio moral. Y, sobre todo, margina a quienes eligen hablar.
No es un acto heroico denunciar, es un derecho que tiene que estar garantizado por el Estado, la justicia y la sociedad.