Por Sandra Miguez
Tienen 8 años y ya consumen. No pueden dormir por las balaceras. Sus madres corren detrás de una ambulancia que no puede entrar al barrio. En Entre Ríos, una provincia que se pensaba a salvo, el narcotráfico dejó de ser un problema ajeno.
«Tenemos casos de problemas de consumo de 8 años. ¿Qué salud mental podés tener cuando no podés dormir por las balaceras?», Anabella Albornoz.
Anabella Albornoz, referente de Suma de Voluntades, habló sin eufemismos sobre lo que su organización ve todos los días en los barrios populares de la provincia: consumo en infancias, salud mental en crisis, integración sociourbana desfinanciada y un Estado que llega tarde, o no llega. Lo dijo en el foro multisectorial que se reunió días pasados junto al Colegio de la Abogacía, el Ministerio Fiscal Federal, entre otras organizaciones y lo repitió en esta entrevista para Y de repente la noche.
– El foro que organizaron convocó a sectores muy diversos, desde la justicia hasta organizaciones comunitarias. ¿Qué diagnóstico surgió de ese encuentro?
La verdad que valoramos el acompañamiento. Este tema nos preocupa y nos ocupa, sobre todo porque tenemos hoy problemas de consumo en infancia. Y lo que buscamos, justamente, es hablar sin ningún tipo de eufemismo: narcotráfico o Estado. Este término lo trajeron hace un par de años los curas villeros cuando esto empezó a implosionar. Teníamos voluntarios en situaciones muy complejas, y decidimos contar lo que vivenciamos a diario, que era el avance del consumo.
-¿Cómo fue el proceso de animarse a nombrar esto directamente?
– El año pasado, o el anterior, cuando hablamos de este tema nos fuimos hacia otras cuestiones porque había como mucho reparo, también para no criminalizar ni poner toda la responsabilidad en los niños, niñas y adolescentes, que son justamente el eslabón más vulnerable. Pero llegó un punto en que no se podía seguir evitando el tema.
–En este encuentro multisectorial plantearon que el narcotráfico ya no puede leerse solo como un delito, sino como una estructura que administra recursos, regula conflictos, genera ingresos.
-Lo que nos preocupa es que casi el 90 por ciento de los delitos están relacionados con el consumo. Casi también el 90por ciento del avance de la violencia familiar y por cuestiones de género tiene al consumo como principal factor. Entonces hoy esto es una urgencia, una urgencia hablar también de salud mental.
«Casi el 90% de los delitos están relacionados con el consumo. Casi también un 90% del avance de la violencia familiar y por cuestiones de género tiene al consumo como factor»
-En ese debate también apareció el tema de la baja de imputabilidad. ¿Cuál es la postura de Suma de Voluntades?
La ley que baja la imputabilidad representa un fracaso de las políticas sociales, que no quisimos o no supimos llegar a tiempo en la vida de muchos gurises. Con la ley de salud mental, con la ley de Narcomenudeo, siempre se va sobre el eslabón más débil, que es el que más termina sufriendo, porque no tiene un impacto real en lo cotidiano.
«La ley de baja de imputabilidad representa un fracaso de las políticas sociales, que no quisimos o no supimos llegar a tiempo en la vida de muchos gurises», Anabella Albornoz.
–¿Cómo se manifiesta concretamente esa vulnerabilidad en los niños y niñas con quienes trabajan?
-Nosotros tenemos casos de problemas de consumo desde los 8 años. Pero hay que preguntarse qué salud mental podés tener cuando no podés dormir por las balaceras, cuando una lluvia trae las mismas consecuencias que un huracán porque vivís perdiendo todo, cuando vivís en un rancho de chapa, cuando no tenés qué comer. Todo eso provoca en los niños cuestiones en el aprendizaje. Estar en un aula con realidades muy complejas es muy difícil también para el docente .
-Ante ese diagnóstico tan complejo, ¿por dónde empezar a desmantelar el problema?
-Una de las cuestiones que nosotros defendemos son los espacios de contención, que funcionan como prevención. En esos espacios, sean culturales, deportivos, educativos, vas identificando cuestiones sobre la trayectoria del niño: cuando tienen problemas de violencia, de abuso, cuando no tienen la libreta sanitaria al día. Son esos espacios los que terminan dando resultados.
En nuestro caso hacemos seguimiento y se trabaja la singularidad de cada niño. Hay un equipo completamente territorial que acompaña toda la trayectoria. Hay gurises que entraron muy chiquitos con nosotros y hoy ya son adultos.
–El foro también discutió la integración sociourbana como respuesta estructural. ¿Qué significa ese concepto para quienes trabajan en territorio?
Siempre decimos que la integración sociourbana es la lucha por la dignidad. Tiene que ver con el acceso a los servicios básicos: agua, cloacas, red eléctrica. Hoy en la mayoría de los barrios populares el agua llega a través de una manguera, con todo lo contaminante que eso conlleva. Tiene que ver con equipamiento urbano: una cancha, un salón comunitario donde puede ir un psicólogo, un psicopedagogo, dar acompañamiento escolar.
Cuando se abre una calle, cuando se ponen canaletas, cuando se ilumina, cuando llega el agua, cuando está el servicio cloacal, cuando está el centro de salud y la escuela, todo eso pensado junto: eso es la integración sociourbana.
–¿Y qué pasa con la ambulancia, con el patrullero? ¿Llegan?
-Nosotros hemos tenido que sacar a upa a una criatura porque no entraba la ambulancia. Tenemos videos de madres corriendo con sus hijos para llegar a la ambulancia antes de que se fuera. Ni hablar cuando tiene que entrar un patrullero. Esas son las consecuencias concretas de la falta de integración.
–¿Cómo ven el momento actual en términos de políticas públicas?
-El avance del narcotráfico se explica en parte por lo que viene sucediendo: el desmantelamiento de programas que tenían que ver con la prevención. Se desfinanció la mejor política social, que es la integración sociourbana, que genera movilidad social ascendente en los barrios y mejora la infraestructura. Eso deja un vacío que el narcotráfico estructura.
–¿Cuántas personas atiende hoy Suma de Voluntades?
-En asistencia alimentaria son aproximadamente 12.400 platos de comida. Después está la parte de merienda y desayuno, aproximadamente 4.200 tazas de leche diarias. En ropa, unas 300 o 340 personas suelen pasar. Y en acompañamiento de infancias son más de 300 gurises cuya trayectoria se sigue de manera integral: que tengan lo mínimo indispensable al inicio de clases, acompañamiento escolar durante todo el año y espacios deportivos.
-¿Cómo se financia todo eso?
Nunca llegamos a poder definir cómo nos financiamos del todo porque siempre, cuando estamos con el agua al cuello, aparece alguien. La semana pasada estábamos viendo cómo resolver que una sola comida requiere entre 55 y 60 paquetes de fideos, y apareció un señor y nos llenó el almacén. Así funciona. La donación sostenida de la comunidad es lo que nos permite seguir.
Para cerrar: ¿qué le piden al Estado, a las instituciones, a la sociedad en general?
Que pongamos en agenda un tema que no solo interpela a los sectores de mayor vulnerabilidad, sino a toda la comunidad. El avance del narcotráfico no es un problema de otros barrios ni de otras ciudades. La respuesta no puede limitarse al plano punitivo. La seguridad tiene que entenderse en el sentido más amplio, y eso requiere presencia del Estado, integración sociourbana, espacios de contención. Hay que llegar a tiempo en la vida de los gurises. Eso es lo que venimos pidiendo.
*El foro convocado por Suma de Voluntades reunió al juez de menores Pablo Barbiroto, al fiscal Candiotti, al Instituto Penal de la Abogacía, al Colegio de la Abogacía y al Ministerio Fiscal del Orden Federal, entre otras instituciones. El debate se centró en la figura de los llamados «soldaditos», niños y adolescentes incorporados a estructuras narco no por su inimputabilidad, sino por su bajo costo como mano de obra y su alta reemplazabilidad, según señaló el fiscal Candiotti en el encuentro.