Por Sandra Viviana Miguez y Stefanía de la Fuente — Y de repente la noche
En las últimas dos décadas, Argentina construyó uno de los marcos normativos más avanzados de América Latina en materia de derechos de género y diversidad. Desde la Ley Micaela hasta la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el proceso combinó movilización social, producción legislativa y niveles de institucionalización en el Estado.
Ese andamiaje enfrenta hoy tensiones evidentes. Recortes presupuestarios, iniciativas legislativas regresivas y un discurso oficial que relativiza la violencia de género configuran un escenario de disputa. En ese marco, Barrancos introduce un concepto: “contra-backlash”, una reacción emergente frente al retroceso.
Un ciclo de avances y un presente en disputa
—Argentina construyó un ordenamiento jurídico significativo en derechos de género. ¿Qué está ocurriendo hoy con ese andamiaje?
—Argentina fue uno de los países más avanzados de la región en materia de derechos para mujeres y disidencias. A eso hay que agregar el derecho al aborto, con una técnica legislativa muy valorada a nivel internacional.
Si analizamos el período previo al 10 de diciembre de 2023, el Poder Legislativo tuvo un desempeño destacado en la ampliación de derechos. El Poder Ejecutivo también acompañó, con un ciclo de expansión que se inicia a comienzos de los años 2000 y se prolonga, con matices, hasta la sanción de la ley de aborto en 2020.
El Poder Judicial fue siempre más complejo, aunque hubo avances a partir de capacitaciones y la implementación de la Ley Micaela. Hoy estamos frente a un retroceso evidente, que también alcanza al Poder Judicial. Aun así, observo algunos signos de resistencia.
“Hay un retroceso muy evidente, pero algo todavía está resistiendo en el Poder Judicial”.
El “contra-backlash”: cuando el retroceso genera reacción
El concepto que propone Barrancos busca describir una dinámica menos visible: la reacción institucional y profesional frente a políticas regresivas.
—¿Cuáles serían algunos ejemplos de esa resistencia?
—La Suprema Corte bonaerense publicó guías de actuación con perspectiva de género, incluso en este contexto adverso. También hay sectores de la magistratura que están revisando sus posiciones.
Este retroceso tan violento produjo una reacción paradójica: personas con posiciones más ajustadas empezaron a expresar puntos de vista que antes no aparecían.
Además, fiscales de todo el país se pronunciaron contra proyectos de penalización de las llamadas “falsas denuncias”. No es habitual que lo hagan colectivamente.
“Este retroceso tan violento ha producido una reacción paradójica”.
“Lo que llamo provisoriamente un ‘contra-backlash’”.
El retiro del Estado y la individualización del riesgo
El repliegue de políticas públicas tiene efectos concretos, especialmente en sectores vulnerables. Programas como el acompañamiento a víctimas, pierden capacidad operativa cuando se desfinancian.
—¿Qué implica el recorte de políticas públicas en términos concretos?
—Hay una desertización. El Programa Acompañar prácticamente no tendrá recursos. Es una forma indirecta de desmantelamiento.
Lo más grave es la negación del carácter estructural de la violencia de género. Se intenta devolver el problema al plano individual.
“Se niega que la violencia sea un problema colectivo para devolverla al ámbito individual”.
La ausencia de políticas integrales, como una ley de cuidados, profundiza esa tendencia. El impacto es diferencial: las mujeres de sectores populares concentran las consecuencias más severas.
Aun en un contexto regresivo, Barrancos identifica núcleos duros que resultan difíciles de desmontar.
—¿Qué conquistas consideras irreversibles?
—La Ley Micaela y la ley de aborto tienen un nivel de consolidación que hace muy difícil su reversión. Esto no responde a una garantía institucional sino a la capacidad de movilización social que sostienen estos derechos.
“No lo digo ingenuamente: hay un dique que tiene que ver con la capacidad de movilización”.
Experiencias internacionales muestran límites similares. Gobiernos con agendas regresivas no lograron revertir completamente estos derechos.
Reforma judicial: antes jurídica que institucional
La discusión pública suele concentrarse en la estructura del Poder Judicial, pero Barrancos plantea una distinción clave.
—¿Qué debería estar en la agenda de una reforma judicial?
—Antes que una reforma judicial, necesitamos una reforma jurídica. Es decir, revisar el contenido del derecho. El Código Penal, por ejemplo, no puede reformarse sin debate profundo. No es materia para tratamientos exprés. En términos de justicia con perspectiva de género, hay avances ya sistematizados. El acuerdo con la CEDAW a partir del caso de Olga Díaz establece lineamientos concretos: escucha directa a la víctima, incorporación de perspectiva de género, obligaciones para fiscalías.
“Si tomamos el 70% de esos acuerdos, tenemos la reforma judicial”.
También plantea reservas sobre los mecanismos de selección de jueces y aboga por esquemas mixtos que eviten una dependencia exclusiva del sistema partidario.
Optimismo estratégico: una posición activa
El cierre conceptual de Barrancos se organiza en torno a una idea: el optimismo no como expectativa pasiva sino como estrategia.
—¿Cómo se distingue el optimismo estratégico del ingenuo?
—No es un optimismo naïf. Implica acción, reflexión y construcción de alianzas.
Hay sectores, incluso dentro del liberalismo, que perciben los riesgos de las extremas derechas. Eso abre márgenes de articulación.
“Mi optimismo me obliga a actuar”.
La referencia a Hannah Arendt introduce una dimensión ética: los procesos históricos tienen límites, y esos límites pueden ser activados políticamente.
“El mal también se cansa”.
Un escenario abierto
El diagnóstico combina retroceso y reconfiguración. La ofensiva antiderechos convive con nuevas formas de articulación dentro del sistema judicial, la academia y los movimientos sociales.
El “contra-backlash” no implica una reversión automática del escenario. Define, en cambio, un terreno de disputa donde los derechos conquistados operan como piso y la reacción como estrategia.
En ese marco, la pregunta que queda planteada no es si habrá conflicto, sino cómo se organizará la respuesta y con qué capacidad de incidencia institucional.