Por Sandra Miguez
Hace un par de días la resolución de la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados sorprendió al oficialismo y a la oposición. Mientras se daba el debate que dejaba sin argumentos al oficialismo y que generó que las representantes de LLA se retiraran del recinto ante la imposibilidad de sostener el relato oficial, surgió el dictamen que nadie esperaba, ni siquiera quienes lo impulsaron. La emergencia en violencia de género acababa de salir de una comisión donde, hasta último momento, parecía imposible.
Mientras el gobierno nacional repite que los femicidios bajaron desde que eliminó el Ministerio de Mujeres, en los expedientes judiciales la idea de borrar los datos se repite: en Entre Ríos —y en buena parte del país— las carátulas dicen son caratuladas como «homicidio agravado», nunca femicidio. Una palabra que existe en el Código Penal y que, sin embargo, se evapora antes de llegar al papel.
En ese contraste entre el discurso y los expedientes, entre lo que se anuncia y lo que se esconde, conversamos con la diputada nacional Marianela Marclay, oriunda de Concepción del Uruguay, sobre un dictamen que sorprendió a todos, sobre la falta de estadísticas oficiales, el desfinanciamiento de los centros de salud y el debate interno que atraviesa al peronismo de cara a 2027.
Hace pocas horas se conoció el dictamen de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad para declarar la emergencia en materia de violencia de género. ¿Cómo se dio ese debate, considerando que en la propia comisión hay legisladores que se oponen abiertamente a este tipo de políticas?
– No es ajeno a los debates que venimos teniendo con el oficialismo. Ellos tratan de sostener situaciones que son insostenibles, hablan de números que no existen. Defienden que desde que se eliminó el Ministerio de Mujeres hay menos denuncias por violencia de género y menos femicidios, y sabemos que eso no es así. Lo que ocurre es que caratulan las muertes de mujeres como homicidios simples y no como homicidios agravados por motivos de género.
Esa misma situación se observa en las carátulas de causas en Entre Ríos. El título de la noticia dice “se condenó al femicida”, pero la carátula judicial dice “homicidio agravado en contexto de violencia de género”. La figura de femicidio está prevista en el Código Penal: ¿por qué cree que no se aplica esa tipificación?
– Claramente está apuntado a borrar la figura del femicidio, porque va acompañado de una línea discursiva que sostiene permanentemente que hay menos femicidios en la Argentina. Quienes trabajamos en esta temática sabemos que no es así. Hoy no tenemos los números reales de lo que está sucediendo, de lo que están padeciendo las mujeres, porque se terminaron las estadísticas oficiales. Lo que tenemos es el sentido común y el conocimiento de lo que vemos día a día. Los femicidios no bajaron, la violencia de género está agravada y hay un Estado que no solo mira para otro lado, sino que además esconde la información.
¿Y cómo se manifestó eso en el trabajo de las comisiones?
– Quedó demostrado con claridad: cuando ya no pueden sostener el relato, se levantan de sus bancas y se van, porque no saben cómo defender una realidad que es indefendible. Hace unos días, en la Comisión de Niñez y Salud, tratamos el tema de violencia vicaria y nos encontramos con posicionamientos a favor de personas que tienen condenas efectivas por trata y por abuso de menores.
Para quienes no estén familiarizados con el término, ¿a qué se refiere exactamente la violencia vicaria?
–Se trata de varones que ya tienen alguna condena y que ejercen violencia sobre sus exparejas a través de sus hijos. Ese debate fue de la mano de otro proyecto, el de falsas denuncias presentado por la senadora Carolina Losada, que terminó cayendo por la cantidad de objeciones y porque los datos no lo respaldaban.
¿Por qué cree que cuestiones como el abuso sobre menores, la trata o la violencia de género no logran un consenso básico entre los distintos sectores políticos?
–Me llama profundamente la atención que no podamos sostener un diálogo elemental: proteger a los niños y a las mujeres, que son los sectores más atacados por el sistema. Esto no tiene una cuestión partidaria, nos atraviesa como sociedad. Y sin embargo sostienen un relato que no se puede validar con datos, que los técnicos y los profesionales desmienten una y otra vez, y aun así insisten en discutir algo que no tiene sentido.
En ese vacío de información oficial, ¿qué rol terminan jugando organizaciones civiles y observatorios?
-Hoy por hoy es lo único que tenemos: los observatorios de organizaciones, algunas universidades, o lo que se puede relevar a través de los municipios. Pero son datos parciales. Para tener un dato real necesitaríamos un Ministerio o una Secretaría de Mujeres que mire la película completa. Hoy tenemos recortes según la región o la temática, como si la vida de las personas estuviera segmentada.
Y a esa falta de información se suma el desfinanciamiento de programas de asistencia a hijos e hijas de víctimas de femicidio.
–Así es. No alcanza con mirar a la mujer asesinada: hay que mirar el contexto en el que quedan sus hijos. Existe la Ley Brisa, que tampoco se está cumpliendo. Necesitamos una justicia con perspectiva de género, una policía con perspectiva de género, y tenemos que sostener esa mirada como un trasvasamiento generacional que no se puede dejar de transmitir.
En paralelo, se conocieron decretos presidenciales que avanzan sobre la designación de jueces y magistrados, eliminando el criterio de paridad de género, además del recorte de los centros de atención a la justicia en el territorio. ¿Cómo se está debatiendo esto en el Congreso?
–Vamos a seguir sosteniendo nuestra postura, pero la realidad es que las leyes se determinan con votos, y hoy la oposición no los tiene. Lo que más me preocupa es la falta de anticonceptivos y la falta de implementación de la Educación Sexual Integral, políticas que fueron exitosas en prevención. Hoy se va a un centro de salud y no hay preservativos, no hay ningún método anticonceptivo. Eso no solo previene un embarazo: también aumentaron las enfermedades de transmisión sexual. Este gobierno sigue atacando a los sectores más débiles.
Pese a ese contexto, lograron el dictamen favorable para declarar la emergencia. ¿Cómo fue esa negociación y qué otras herramientas tienen como legisladores para hacer visibles estos reclamos?
–Cuando salió el dictamen de mayoría nos sorprendió, a nosotros y a ellos. Ahora estamos invitando a las comisiones a organizaciones civiles, ministros, secretarios de salud, fiscales y jueces, para que otras voces hablen además de los diputados. En la Comisión de Discapacidad, por ejemplo, fueron personas con discapacidad, padres, instituciones y profesionales. Las universidades se ofrecieron a construir un observatorio único que permita volcar los datos de distintas organizaciones y municipios. Buscamos permanentemente herramientas para dar esta lucha, porque no nos sentimos vencidos.
– Quiero llevarte a otro plano. Además del congreso partidario, hubo encuentros de distintos sectores del Partido Justicialista. ¿Cómo está viendo ese escenario y cuál es el rol de las mujeres, considerando que usted es una referente joven con una incorporación reciente a la política?
– Venimos trabajando desde hace meses en el proyecto de alternativa federal, en los encuentros que llamamos “el peronismo de debate”. Estamos convencidos de que ese es el camino: sentarnos a hablar de las ideas, de los problemas de la gente, y de cómo el peronismo vuelve a poner a las personas en el centro de la escena. Tuvimos dos encuentros, en Parque Norte y el lunes 15 en Concepción del Uruguay, con una mirada federal que piensa en los sectores productivos, en la generación de empleo y en reconectar con el campo, lo que yo llamo la patria gringa.
Surgieron críticas en torno a que ese sector del peronismo estaría centrando el debate en lo económico, de manera similar al discurso del gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza, por las retenciones, el enfrentamiento con el campo y el modelo productivo. ¿Qué responde a esa lectura?
–No es así. Cuando hablamos de producción y de trabajo, hablamos del trabajo como ordenador social y de la educación como la posibilidad de realizarse en la vida. Sin trabajo, la gente no puede tener educación, no puede tener salud, no puede pensar en una vivienda ni en una vida mejor. Estamos hablando de generar empleo, de generar producción y de dialogar con el campo, que es a lo que siempre apuntó el peronismo: mejorarle la vida a la gente.
– ¿Y cómo conviven los distintos sectores dentro de ese espacio amplio?
–No le preguntamos a los compañeros de dónde vienen, sino si quieren caminar este camino con nosotros. El peronismo ya pasó por una etapa de autocrítica; ahora tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos la responsabilidad moral de volver a gobernar este país para mejorarle la vida a la gente.