Por Sandra Miguez
La problemática de la violencia digital ha dejado de ser una abstracción de internet para convertirse en una de las amenazas más urgentes y tangibles de nuestra sociedad. Bajo el gran paraguas de los ciberdelitos —un término que a menudo se asocia erróneamente solo a estafas económicas o monetarias— se esconden realidades sumamente graves: el sexting sin consentimiento, las extorsiones sexuales, la difusión no consentida de material íntimo, el hostigamiento, la vulneración de derechos elementales, el cyberbullying en el ámbito estudiantil e incluso situaciones de pedofilia. Esta problemática creciente, que hoy los docentes de distintas latitudes plantean como un fuerte conflicto en las aulas, exige entender cómo se previene y se sanciona.
En la Argentina, este flagelo comenzó a encontrar un marco regulatorio a partir de la sanción de la denominada Ley Olimpia, una iniciativa impulsada por el activismo de Olimpia Coral Melo —activista mexicana que sufrió violencia digital y logró la legislación en su país— y replicada a nivel local por activistas y sobrevivientes.
Para profundizar en los alcances de esta norma, el impacto real en la salud de las víctimas y los desafíos que aún presentan la justicia y las corporaciones tecnológicas, dialogamos con María Florencia Villegas, sobreviviente de violencia digital, impulsora de la Ley Olimpia en Argentina e integrante de la Red Latinoamericana de Defensores Digitales.
Te definís a vos misma como una «sobreviviente» y no como una «víctima». ¿Por qué elegís esta presentación para poner en perspectiva la violencia digital?
-Porque siempre se subestima a las víctimas sobre todo. Y porque esta problemática ha llevado a muchas personas a la muerte, sobre todo mujeres que son instigadas al suicidio. Entonces, nosotras somos unas privilegiadas de poder estar acá y de poder ponerle voz a quienes ya no tienen voz.
Existe una fuerte tendencia a la revictimización. Inmediatamente después de que una mujer o una disidencia denuncia estas situaciones, se la empieza a cuestionar en lugar de buscar a los responsables. En el plano analógico se juzgaba «la pollera corta», ¿cómo opera esto hoy en el entorno digital?
-Como antes en el plano analógico era la pollera corta, ahora es «porque mandaste esa foto» y se pone el foco siempre en nosotras y no en los agresores, que es de quienes se tendría que hacer cargo el Estado, o por lo menos la justicia.
Para quienes no están interiorizados en el tema, ¿podrías explicar cuáles son los alcances de la Ley Olimpia y por qué fue tan importante su sanción en nuestro país?
-La Ley Olimpia modifica la Ley 26.485, que es la ley de protección para las mujeres contra la violencia de género. Lo que propone principalmente es la alfabetización digital, que es por lo que más luchamos nosotras, porque tiene que ser un cambio de raíz, un cambio social. Además, prevé rápidas medidas de protección para las víctimas, como el cese de contacto del agresor con la víctima, la eliminación del material que ha sido subido a las diferentes plataformas y establece que las empresas guarden esos datos por cierta cantidad de meses por medio de la justicia, reservando ese material por si se tiene que iniciar una acción legal.
Cuando hablás de «alfabetización digital», ¿a qué te referís concretamente?
– La Alfabetización digital para que se incorpore dentro de la ESI (Educación Sexual Integral) que es promover el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en las redes sociales.
A veces se tiende a minimizar esto como «conflictos de redes». ¿Qué impacto real y concreto tiene la violencia digital de género en la vida de una persona?
-Psíquicamente te afecta de la misma manera que en el plano analógico. En mi caso, arrancó en el 2017 y duró varios años; yo todavía estoy tratando de salir de una depresión. Tiene impacto en la parte psíquica y en la parte física, porque al estar afectada la parte psíquica empiezan los dolores en el cuerpo y diferentes sintomatologías como enfermedades.
También afecta en lo laboral: hay mujeres que tienen que dejar de trabajar o que las echan de sus casas y se tienen que ir a vivir a otro lugar para empezar de nuevo desde cero. A esto se suman los gastos por litigios, porque es muy caro pagar un abogado y el patrocinio gratuito ha sufrido muchos recortes. En lo social, una se empieza a retraer por la vergüenza que te da, aunque mis compañeras me enseñaron que la vergüenza no la tenía que tener yo, sino que la tenía que tener quien me había hecho daño.
Detrás de la difusión de estos contenidos suele haber una lógica económica y de consumo. ¿Cómo analizan ustedes este mercado?
-Tal cual. Para nosotras, por ejemplo, las llamadas páginas pornográficas son un mercado de explotación sexual porque hay alguien que está lucrando con ese material que se sube. Hay un dueño de la página y usuarios que aportan dinero para ver los contenidos. Entonces, es un proxenetismo digital.
Hoy en día, especialmente en las escuelas secundarias, se ve mucho el uso de inteligencia artificial para crear fotos y videos falsos (deep fakes). ¿La legislación actual está preparada para enfrentar este fenómeno?
-La Ley Olimpia también abarca para las deep fakes, ya sean audios, videos o fotografías. Lo que sí, no está tipificado como delito penal. La Ley Olimpia sería la parte civil; la Ley Belén es la parte penal, que todavía no está aprobada. Lo que hacen mis compañeras abogadas es tratar de llevar el caso a la justicia mediante otros delitos que sí están tipificados, como la extorsión, el daño moral o el daño psicológico. En algunas provincias —solo en cinco— esto figura como un delito contravencional; en las demás hay que buscarle otro delito para llevar el caso adelante. Cabe destacar que la provincia de Entre Ríos adhirió a la Ley Olimpia este año, entre febrero y marzo.
¿Qué rol juegan las grandes plataformas digitales en esto? ¿Es fácil lograr que den de baja el contenido íntimo no consentido?
– Es muy difícil dar de baja el contenido, muy difícil. Los contenidos que les convienen a las empresas no los bajan; sabemos que los dueños son grandes magnates y que es un algoritmo patriarcal. Te doy un claro ejemplo: si buscás en Google «mujer pública», te va a salir una mujer con poca ropa. Pero si buscás «hombre público», te va a salir un hombre de traje dando una conferencia.
Otro ejemplo: a veces hay una foto de una mujer amamantando y la bajan a los dos segundos, pero denunciás un material distribuido sin el consentimiento de la víctima y no te lo bajan. Esa es la lógica de las plataformas: el no respeto a los derechos humanos y a la justicia social.
¿Han tenido la oportunidad de dialogar o reunirse con los responsables de estas empresas tecnológicas?
– En el año 2025 se realizó en México la primera cumbre de la Red Latinoamericana de Defensores Digitales. En uno de los paneles estaban invitadas especialmente las empresas, entre ellas Meta y Google, para que fueran a disertar. Dijeron que iban a ir y a último momento no aparecieron. Así que eso ya es una respuesta.
Ante una situación de violencia digital, ¿cuáles son los recursos y mecanismos concretos que tienen las víctimas para denunciar?
-Se pueden acercar a cualquier comisaría que les quede cerca, fiscalía o Ministerio Público. Tienen el derecho de que les tomen la denuncia, a leerla y a llevarse una copia, y pueden estar acompañadas durante el proceso. Además, no hace falta llevar testigos ni pruebas en ese momento. Si un policía les pide el video en ese instante, no se lo deben dar; de eso se encarga la fiscalía de investigar. Lo primordial es la no revictimización.
También pueden acercarse a organizaciones especializadas. Mis compañeras de GENTIC (Género y Tecnologías), que nos ayudaron a redactar los proyectos de ley porque nosotras no somos abogadas, tienen un estudio psicojurídico donde toman casos con patrocinio gratuito para mujeres que sufren violencia digital. Se las puede contactar a través de su web generoytic.com o en redes como @GenTIC_ORG.
Mencionabas también el desarrollo de una herramienta tecnológica propia para dar asistencia. ¿De qué se trata?
– Sí, con mis compañeras defensoras digitales creamos una inteligencia artificial cuyos datos fueron cargados por nosotras mismas. Consta de cuatro ejes de atención primaria. Le podés preguntar cómo guardar evidencia y cuestiones legislativas. Actualmente se le están cargando los datos de todas las provincias de Argentina, está traducida a más de 50 idiomas y envía las respuestas tanto en audio como en texto para personas no videntes. Se puede acceder a ella a través de «Olimpia», que es un código QR y un número de WhatsApp.
Para los medios de comunicación, que muchas veces abordan estos casos con sensacionalismo cuando toman estado público, ¿qué recomendaciones o pautas sugerís para no vulnerar los derechos de las víctimas?
Primero, si se van a comunicar con la víctima, que no haya revictimización, que no hagan preguntas incómodas de más y que dejen que la víctima se explaye y cuente lo que pueda contar en ese momento. Segundo, el tema de las imágenes: muchos medios las pasan blurreadas (borrosas), pero es lo mismo porque la víctima se está viendo y se reconoce igual. Y, finalmente, que aborden el tema poniendo el foco en el agresor y no en la víctima.
Para cerrar, Florencia, sabemos que estás difundiendo una herramienta muy importante para el ámbito educativo llamada «Guía Emma». ¿Qué nos podés contar sobre ella?
-Sí, la «Guía Emma» la hicimos junto a la mamá de Emma Bondaruk. Emma se suicidó en menos de 24 horas después de que le viralizaron un video íntimo, producto de un hostigamiento brutal. Pero Emma no es su último acto, Emma es un montón de cosas hermosas más. Esta es una guía para formadores, diseñada para el abordaje de casos de difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento en ámbitos educativos. Es una herramienta para prevenir, y se la pueden descargar de forma gratuita en las redes sociales de la organización Género y TIC.