La responsable de la aplicación del Protocolo contra las Violencias Sexistas de la Universidad Nacional de Entre Ríos cuestionó el enfoque de la herramienta digital que proyecta el Gobierno provincial para orientar ante situaciones de violencia por motivos de género. Advirtió sobre las limitaciones de una respuesta basada exclusivamente en información automatizada, la falta de articulación con los dispositivos territoriales y el debilitamiento de los equipos de atención. También explicó cómo funciona el protocolo de la UNER y sostuvo que la prevención requiere políticas públicas integrales.
¿Qué se presentó en la reunión convocada por el Gobierno provincial?
-Fui convocada a una reunión a fines del mes pasado. Era la segunda que se realizaba con organizaciones e instituciones del medio. Participaron personas vinculadas a la Justicia, organismos de gobierno, ministerios, la Policía de Entre Ríos, el 911 y compañeras de la Asamblea Feminista. Fue una reunión de presentación del proyecto. Lo presentó el responsable técnico, el licenciado en Psicología Fernando Reverendo, quien definió la herramienta como una inteligencia artificial curada. La intención es desarrollar una aplicación similar a Ori -herramienta digital presentada por el gobierno para casos de salud mental- y a otras herramientas que brindan información.
¿Cuál es el principal problema que observás en una herramienta de estas características?
-La cuestión central es cómo está pensada la política pública de prevención. La información previene, por supuesto, porque tener información sobre una situación permite tomar decisiones. Pero cuando hablamos de violencia basada en género, muchas veces la información abre una olla de truenos. Hay que pensar qué es necesario derivar y qué es necesario contener. Si la herramienta solamente me dice dónde puedo hacer una denuncia, dónde buscar ayuda o a qué teléfono llamar, la mirada es bastante cortoplacista.
¿Qué debería contemplar una política de prevención frente a la violencia de género?
-Hay otras necesidades. Si pensamos en los recursos del Estado, las demandas actuales son mucho más amplias. La situación de emergencia por violencia de género se viene planteando desde hace años. Los juzgados están estallados, los espacios de atención están sobrecargados y en algunos casos reducidos a su mínima expresión. Donde antes había cinco o seis compañeras trabajando, ahora hay dos para atender la misma demanda o incluso una demanda mayor.
¿La herramienta parte de una idea de víctima que no contempla las desigualdades territoriales?
-Sí. Se está pensando en una víctima ideal: alguien que tiene acceso a tecnología, datos en su celular y está en un lugar con señal. Entre Ríos es una provincia muy diversa. A veces en la propia sala de espera de un hospital no tenemos señal para comunicarnos. Eso tiene que estar contemplado. Además, muchas veces no necesitamos un teléfono al que llamar. Necesitamos hablar con alguien preparado, con formación específica, que pueda tener escucha activa y orientar realmente sobre la situación que estamos atravesando.
¿Qué ocurre si una persona en situación de violencia recibe solamente información automatizada?
-Puede ser insuficiente y hasta convertirse en una barrera. Hay que pensar también qué entendemos por violencia de género. A esta altura sabemos que no se limita al golpe. Hay amenazas, violencia económica, psicológica, digital y situaciones en las que directamente la persona no puede utilizar su teléfono para acceder a una aplicación.
¿Se planteó una articulación de la herramienta con el 911, las comisarías, la Justicia o los espacios de resguardo?
-Se planteó qué tipo de coordinación tendría con el 911 ante una situación de emergencia o de riesgo de vida, con los espacios de resguardo de la provincia y con la Casa Inés Londra, que funciona en Paraná como centro de derivación. También preguntamos por la articulación con los juzgados y con los hogares donde trabajan psicólogas, trabajadoras sociales y personal preparado para la contención. Las respuestas no fueron demasiado claras.
¿Qué respuestas recibieron frente a esas preguntas?
-En algunos casos nos dijeron que eran preguntas interesantes. En otros, hubo cierto enojo. Preguntamos, por ejemplo, si existía un monitoreo provincial sobre el acceso a internet en los distintos territorios y nos dijeron que no había un relevamiento. Entonces estamos hablando de una aplicación que no sabemos dónde se va a poder utilizar.
Una cosa es vivir a diez cuadras de Casa de Gobierno, en Paraná, y otra muy distinta es estar en el departamento Islas o en cualquier otro lugar donde las condiciones materiales son diferentes. La interseccionalidad es muy importante cuando hablamos de violencia.
¿También plantearon la necesidad de contar con atención humana dentro de la herramienta?
-Sí. Se planteó la posibilidad de contar con algún botón de atención para obtener una respuesta de alguien especializado, que pueda escuchar y orientar. La respuesta fue que lo iban a tomar, que no lo habían pensado. También se planteó qué hacer en los lugares donde no hay buena señal y respondieron que iban a ver cómo resolverlo. Desde el punto de vista de una política pública, me parece poco serio que esos aspectos fundamentales no estén previstos.
¿Qué responsabilidad tiene el Estado en el diseño de una política de estas características?
La responsabilidad no es igual para quienes participamos de una reunión y para quienes tienen a su cargo la generación y gestión de una política pública. Está muy bien que el diseño sea participativo desde el comienzo, pero también es necesario que quienes tienen la responsabilidad de diseñar una política cuenten con información territorial, datos y herramientas previamente analizadas.
¿Qué lugar ocupa el presupuesto destinado a las políticas contra las violencias?
-La responsable del área señaló que durante la gestión de Frigerio se había triplicado el presupuesto destinado a la Dirección. Sería importante poder cotejar dónde está puesto ese presupuesto en los municipios y territorios y si efectivamente está destinado a prevención. Porque la prevención tiene que ser integral.
¿Por qué considerás insuficiente una respuesta basada solamente en una aplicación?
-Porque frente a una realidad concreta, con un aumento de las denuncias, de los pedidos de atención y de los femicidios, la respuesta es demasiado pequeña. La información ayuda, pero con información solamente no vamos a producir demasiadas transformaciones.
Y tampoco se trata de estar en contra de la inteligencia artificial. Puede ser una aliada. La discusión es cómo se utiliza y desde qué concepción de prevención. No podemos mirar un problema estructural como la violencia de género desde una perspectiva individualizante de una persona frente a una pantalla.
¿Qué relación tiene esto con la forma en que se entiende la violencia de género?
La violencia basada en género no tiene una única causa. Es un sistema el que la produce. Para intervenir es necesaria una mirada integral. La prevención también implica acceso a educación, trabajo digno y salud mental. Y sabemos que los espacios de atención en salud mental están estallados en la provincia.
Cuando acompañamos a una mujer en situación de violencia para pedir asistencia en salud mental, muchas veces los turnos, con mucha suerte, tardan un mes, mes y medio o dos meses. Entonces aparece una pregunta concreta: si el dispositivo identifica una situación urgente, ¿a dónde va esa persona? ¿Quién responde?
¿Qué cuestionamiento hicieron respecto de la formación de quienes desarrollan este tipo de herramientas?
Hay especialistas que vienen trabajando hace muchos años en estas problemáticas y desarrollando herramientas serias para mejorar la atención y el acceso a derechos. Me parece importante que sean convocadas esas personas. También me parece una falta de respeto hacia las compañeras que vienen trabajando desde hace tantos años, muchas veces de manera artesanal y con escasísimos recursos, poniendo el cuerpo cuando se necesita.
No se trata de quedarse afuera del mundo porque existen las aplicaciones e internet. Se trata de leer integralmente el territorio, mirar los datos disponibles y, a partir de eso, generar una política pública que pueda atender los problemas concretos.
¿Qué experiencia tiene la UNER en materia de prevención y atención de las violencias sexistas?
El Protocolo contra las Violencias Sexistas de la UNER es similar al que tienen muchas universidades nacionales, que desde 2014 comenzaron a generar herramientas de prevención y actuación frente a situaciones de violencia basada en género.
En la UNER existe una autoridad de aplicación que funciona en la órbita del Rectorado y equipos de referentes en las diez sedes, incluido el Rectorado. Son personas formadas en perspectiva de género que realizan la primera escucha y funcionan como anclaje territorial en cada facultad.
¿Cómo actúan esos equipos ante una situación de violencia?
Los equipos recaban información, escuchan la primera consulta y, cuando aparecen elementos que indican una situación de violencia de género, derivan el caso a la autoridad de aplicación. Allí se acompaña a la persona y se trabaja de acuerdo con lo que ella acuerde, tanto cuando realiza una consulta como cuando decide avanzar con una denuncia.
Dentro de la universidad existen caminos administrativos, como el juicio académico y el sumario administrativo. Pero también hay estrategias no punitivas: articulación de espacios, acompañamientos, acciones restaurativas y capacitaciones. La universidad tiene un perfil pedagógico. No es la Justicia. Por eso buscamos que las situaciones que llegan generen transformaciones y modifiquen las formas de habitar la institución.
¿Qué sucede cuando una situación requiere intervención judicial?
Cuando aparecen elementos que pueden constituir un delito, también se acompaña a la persona ante la Justicia. Si existen medidas de protección, como una restricción de acercamiento, la universidad tiene que cumplirlas y al mismo tiempo garantizar el derecho a la educación.
Se buscan alternativas para que ninguna de las personas involucradas quede sin acceso a la educación. Puede ser un cambio de comisión, una reorganización de horarios o, cuando no existe otra posibilidad, un trayecto completamente virtual. Se trata de resguardar a la persona y también garantizar el derecho humano a la educación.
¿El protocolo también alcanza a estudiantes?
Sí. El protocolo acompaña a las personas desde su ingreso hasta su egreso. Además, desde el ingreso existe un programa de acercamiento a la universidad que incluye un módulo sobre perspectiva de género. Después se realizan talleres presenciales en las distintas sedes.
La idea es que las personas conozcan la herramienta desde el comienzo, aunque ojalá nunca tengan que utilizarla. Pero cuando aparece una situación, la universidad tiene que estar preparada para actuar.
¿Qué formación reciben docentes y no docentes en perspectiva de género?
En la UNER es obligatoria la capacitación de la Ley Micaela para quienes ingresan como docentes o no docentes. Los estudiantes también tienen la posibilidad de realizarla. En la carrera docente, además, esa capacitación suma puntaje para concursos y reválidas.
Ahora estamos avanzando hacia una profundización de esa formación. Probablemente a finales de este año o durante el próximo podamos tener espacios para quienes ya hicieron la capacitación, de manera que puedan continuar formándose, debatiendo y trabajando sobre perspectiva de género.
¿Cómo analizás el contexto actual, marcado por retrocesos en materia de derechos de las mujeres?
Es difícil cuando existe un bombardeo permanente desde instituciones, representantes institucionales, medios de comunicación y también desde la calle. Hace poco alguien me preguntaba si la Ley Micaela todavía estaba vigente. Claro que está vigente. También están vigentes la Ley 26.485, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la Educación Sexual Integral. Son leyes vigentes.
Hay una opción discursiva que instala la idea de que esas herramientas ya no existen o que los derechos ya fueron conquistados definitivamente. Esa banalización también produce retrocesos culturales.
¿Existe margen para el optimismo?
Hay una resistencia feminista muy grande. Muchas compañeras que participaron de la cuarta ola, de la llamada revolución de las hijas, tomaron todo eso y no lo soltaron. Lo llevan a las aulas, a los talleres y a los debates.
Es mucho más difícil que hoy alguien naturalice una situación de maltrato en determinados espacios, como la universidad. Las personas llegan a los protocolos y a los espacios diseñados para atender esos problemas. Eso implica hacerse cargo del papel que tenemos en la transformación de las instituciones que habitamos.
También hay un reservorio muy grande en la ciencia y la investigación. Hay muchas compañeras investigando sobre perspectiva de género, incluso con muy poco presupuesto, y esos espacios se han mantenido. Hay resistencia, hay oídos atentos y hay ojos atentos. Eso sigue estando.
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