La movilización del 15 de octubre reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, sindicatos y organizaciones sociales. El reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se conecta con las advertencias que docentes y autoridades académicas vienen planteando sobre salarios, investigación, becas y condiciones de enseñanza. En entrevistas con Y de repente la noche, Alejandro Carrere, Alfonsina Angelino y Ariel Villanueva explicaron por qué la crisis universitaria compromete al conjunto de la sociedad.
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a reunir a una multitud en Paraná. El jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, organizaciones gremiales, sociales y políticas se congregaron en todo el país en la quinta Marcha Federal. En Paraná, la movilización partió desde Plaza 1º de Mayo hasta Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la actualización de las becas estudiantiles.
La convocatoria se inscribió en una jornada nacional de protesta que tuvo movilizaciones en distintas ciudades del país. En Entre Ríos, también hubo concentraciones en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
La demanda central apunta a una cuestión concreta: que el Gobierno nacional garantice los recursos necesarios para sostener las universidades públicas. Detrás del reclamo presupuestario aparecen problemas que atraviesan la vida cotidiana de las instituciones: salarios que pierden poder adquisitivo, dificultades para cubrir los gastos de funcionamiento, fondos insuficientes para investigar y estudiantes que deben hacer frente a costos cada vez mayores para continuar sus carreras.
Las voces de quienes trabajan en las universidades permiten dimensionar esas consecuencias. En distintas entrevistas con Y de repente la noche, el decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere, la docente de la UNER Alfonsina Angelino y el trabajador de la Facultad de Ingeniería de la UNER Ariel Villanueva plantearon, desde diferentes perspectivas, qué representa la universidad pública y qué está en juego en la disputa por su financiamiento.
La universidad pública tiene un impacto que alcanza a toda la sociedad
En mayo, durante la convocatoria a una feria cultural en defensa de la educación pública en Oro Verde, Alfonsina Angelino sostuvo que la universidad no puede entenderse como una experiencia individual.
“La universidad no es una experiencia individual, nunca lo es. Siempre es una experiencia familiar, social, porque las comunidades también saben quiénes son los estudiantes universitarios que tienen”, señaló en diálogo con Y de repente la noche.
La docente destacó que el impacto de la educación superior se extiende mucho más allá de las aulas. Quienes se forman en las universidades públicas se incorporan luego a los sistemas de salud, educación, comunicación y trabajo social, entre otros ámbitos que sostienen la vida comunitaria.
Angelino sintetizó esa dimensión con otra definición: “La universidad transversaliza la experiencia de todo un país”.
Su planteo permite ampliar la discusión sobre el financiamiento. Cuando una institución pierde recursos, las consecuencias no quedan circunscriptas a su comunidad académica: también pueden afectar la formación de profesionales, la producción de conocimiento y las respuestas que esos profesionales aportan a la sociedad.
La defensa de la universidad pública, desde esta perspectiva, involucra tanto a quienes cursan o trabajan en ella como a quienes utilizan los servicios y conocimientos que produce.
Salarios docentes: cuánto afecta el deterioro a las aulas
La crisis presupuestaria tiene una dimensión laboral que incide directamente en las condiciones de enseñanza.
En la misma entrevista, Ariel Villanueva, trabajador de la Facultad de Ingeniería de la UNER, describió la situación económica de los trabajadores universitarios. “La mayoría de los trabajadores de la universidad, docentes y no docentes, estamos manifestando que no llegamos al 10 o al 15 de cada mes”, advirtió.
Villanueva también se refirió al salario de un docente con dedicación simple, que en aquella entrevista situó en $250.000. La cifra expuso la distancia entre los ingresos y el costo de sostener los gastos cotidianos.
Al referirse a las consecuencias sobre la tarea educativa, formuló una pregunta que resume el problema: “¿Con qué cabeza ese docente va a dar clase?”.
El interrogante conecta la discusión salarial con las condiciones concretas en las que se desarrolla el proceso educativo. La pérdida de ingresos obliga a muchos trabajadores a buscar otras actividades para completar sus presupuestos, con el consiguiente impacto sobre su disponibilidad de tiempo y energía para la docencia, la investigación y la extensión.
El problema tampoco se limita a las remuneraciones. Cuando faltan recursos para laboratorios, insumos y proyectos científicos, las universidades ven restringida su capacidad de producir conocimiento y sostener actividades que requieren continuidad.
En ese contexto, el financiamiento universitario aparece como una condición para garantizar el funcionamiento integral de las instituciones.
Carrere: previsibilidad para enseñar, investigar y producir conocimiento
Alejandro Carrere, decano de la UTN Regional Paraná, había planteado en septiembre de 2025, durante otra entrevista con Y de repente la noche, que la discusión sobre los recursos universitarios debía contemplar la posibilidad de planificar a mediano y largo plazo.
“La ley permite proyectar un horizonte de previsibilidad, con la meta de llegar al 1,5% del PBI en 2031”, explicó al referirse a la norma de financiamiento educativo que se debatía entonces.
Carrere vinculó esa previsibilidad con la capacidad de las universidades para sostener sus funciones esenciales: enseñanza, investigación, producción de conocimiento y trabajo en territorio. Sin recursos suficientes, advirtió, las instituciones quedan obligadas a responder por la continuidad de la actividad científica sin contar con el respaldo financiero necesario.
El planteo conserva relevancia en el escenario actual, en el que la comunidad universitaria reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y partidas que permitan sostener el funcionamiento de las casas de estudio.
La previsibilidad presupuestaria es un componente central de la planificación académica. La formación de profesionales, el desarrollo de investigaciones y la continuidad de los equipos de trabajo requieren recursos que no pueden depender exclusivamente de respuestas coyunturales.
La ley, el presupuesto y las responsabilidades del Estado
La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo como principal demanda el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente.
La disputa por su aplicación mantiene en tensión al Gobierno nacional y a la comunidad universitaria, que reclama los fondos previstos para atender la pérdida salarial y las necesidades de funcionamiento de las instituciones.
En Paraná, la movilización también puso en primer plano la situación de las becas estudiantiles. Durante la jornada se denunció que las becas universales permanecen congeladas en 35.000 pesos, un monto insuficiente para afrontar gastos de transporte, alimentación, materiales y alojamiento.
Las dificultades económicas repercuten especialmente sobre quienes llegan desde otras localidades y deben sostener una carrera lejos de sus hogares. A esos gastos se suman las dificultades académicas que pueden aparecer cuando una materia queda sin dictarse por falta de docentes o cuando se interrumpe la continuidad de una actividad formativa.
En la previa de la movilización, desde la UNER se había advertido que el presupuesto nacional proyectado para 2027 quedaría un 33% por debajo de los recursos que la institución estima necesarios para funcionar. Esa proyección plantea interrogantes sobre la continuidad de las actividades académicas, científicas y de extensión.
La discusión, por lo tanto, excede el monto asignado a cada universidad. Involucra las responsabilidades del Estado para garantizar el derecho a la educación superior y las condiciones materiales que permiten ejercerlo.
Una defensa que se construye en las aulas y en las calles
Las entrevistas de Y de repente la noche permiten reconocer tres dimensiones de un mismo conflicto. Carrere pone el acento en la previsibilidad necesaria para planificar el desarrollo universitario; Angelino, en el alcance social de la formación y el conocimiento; Villanueva, en el deterioro de las condiciones laborales y sus consecuencias sobre la enseñanza.
Esas perspectivas ayudan a comprender por qué la defensa de la universidad pública reúne a sectores diversos y convoca a personas que no necesariamente forman parte de las instituciones, pero reconocen su aporte a la sociedad.
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a expresar esa convergencia en Paraná y en distintas ciudades del país. La movilización reclamó respuestas concretas frente a una crisis que compromete salarios, becas, investigación y funcionamiento institucional.
El desafío inmediato es que la discusión se traduzca en decisiones presupuestarias y en el cumplimiento de la ley. De ello dependerá la capacidad de las universidades para sostener sus actividades y garantizar que las próximas generaciones tengan oportunidades de formación equivalentes a las que hicieron posible la trayectoria de miles de profesionales.
Como plantearon Carrere, Angelino y Villanueva en sus entrevistas, el destino de la universidad pública está ligado tanto a las condiciones de quienes la sostienen como a las necesidades de la comunidad a la que pertenece.