El Observatorio de Tierras reúne datos sobre la extranjerización de la propiedad rural y permite identificar los departamentos donde la concentración supera los límites legales. Gabriela Elías, investigadora del equipo, analiza quiénes son los propietarios, qué recursos están en juego y cómo las modificaciones normativas impulsadas por el Gobierno nacional pueden afectar la soberanía territorial. En Entre Ríos, el mapa permite observar las diferencias entre departamentos y la importancia estratégica de la región.
¿Quiénes poseen la tierra argentina? ¿Qué recursos naturales se encuentran en esos territorios y qué consecuencias puede tener la modificación de las normas que regulan su adquisición? Estas preguntas atraviesan la discusión sobre la Ley de Tierras, que volvió al centro de la escena política a partir de los intentos del Gobierno nacional de eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
En conversación con Y de repente la noche, Gabriela Elías, integrante del Observatorio de Tierras, brindó datos sobre la propiedad extranjera y su distribución territorial. La iniciativa, que funciona dentro del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), reúne información pública y la presenta en un mapa interactivo que permite consultar la situación de cada provincia y departamento.
El trabajo identifica coincidencias entre los territorios con mayor extranjerización y zonas de glaciares, proyectos mineros, reservas de agua y áreas de importancia estratégica. También advierte sobre las dificultades para establecer la nacionalidad de algunos propietarios cuando las operaciones se canalizan mediante sociedades radicadas en paraísos fiscales.
Elías explicó cómo surgió el Observatorio, cuáles son los principales países de origen de los capitales extranjeros y qué cambios se produjeron en el perfil de los inversores durante las últimas décadas. También analizó la situación abierta por las decisiones judiciales y legislativas en torno de la Ley de Tierras y advirtió sobre las consecuencias de las modificaciones normativas.
La discusión, sostuvo, excede los porcentajes de propiedad: involucra la soberanía territorial, el acceso a los recursos naturales, el funcionamiento de las instituciones y las posibilidades de desarrollo de las provincias.
Un mapa para conocer quiénes poseen la tierra
-¿Qué es el Observatorio de Tierras, cómo surgió y cuál es su objetivo?
—El Observatorio de Tierras es una iniciativa bastante reciente dentro de nuestro programa de investigación. Surgió a fines de 2025 y forma parte del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria, que funciona en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
El año pasado, cuando Federico Sturzenegger anunció que se iba a discutir la Ley de Tierras para ampliar sus márgenes o derogarla, comenzamos a solicitar información pública al Gobierno nacional para conocer cuál era la situación de la extranjerización en Argentina.
Obtuvimos cifras realmente alarmantes y entendimos que era necesario reunirlas en una herramienta comprensible para la ciudadanía. Así nació el mapa interactivo, que permite consultar la información por provincia y departamento.
Utilizamos una lógica de semáforo que facilita la lectura. En rojo aparecen los territorios donde la extranjerización supera el límite del 15% establecido por la Ley de Tierras. En amarillo figuran los que se encuentran entre el promedio nacional, del 5%, y ese límite. En verde están aquellos que no superan el promedio nacional.
Además, incorporamos otras capas de información. Al ingresar a una provincia o departamento se puede consultar si existen zonas de glaciares, proyectos mineros en funcionamiento o previstos y comunidades indígenas. También agregamos información sobre conflictos sociales vinculados con la extranjerización.
Lo que encontramos es que los territorios con mayor presencia de propiedad extranjera suelen coincidir con zonas de glaciares, proyectos mineros y conflictos sociales.
La extranjerización tampoco se distribuye de manera uniforme ni responde al azar. Aumenta en lugares considerados estratégicos, ya sea por su ubicación fronteriza o por la presencia de recursos importantes, como el agua, el litio y otros minerales. También hay zonas vinculadas con corredores estratégicos, como la cuenca del río Paraná.
Consultá el mapa interactivo y los informes del Observatorio de Tierras.
Entre Ríos: diferencias entre departamentos y recursos estratégicos
Entre Ríos no aparece entre las provincias con los porcentajes más altos de extranjerización, pero eso no significa que el fenómeno no exista. Durante la entrevista se mencionó una estimación de aproximadamente 247.000 hectáreas en manos extranjeras, equivalentes a alrededor del 3,7 por ciento de la superficie provincial considerada en ese relevamiento. Cuando se observa el detalle por departamento, las diferencias se vuelven más visibles. La Paz, en el norte entrerriano, registra un porcentaje cercano al 8,76 por ciento.
El mapa permite advertir que el promedio provincial puede ocultar situaciones territoriales muy distintas. Por eso es importante consultar los datos desagregados y no quedarse únicamente con una cifra general.
¿Qué significa que haya departamentos que superan el límite del 15 por ciento establecido por la ley?
—Hay departamentos de distintas provincias que superan ese porcentaje, aunque ninguna provincia lo excede en su conjunto, de acuerdo con los datos que analizamos. Cuando se habla de porcentajes cercanos al 60 por ciento, por ejemplo, hay que distinguir entre el dato provincial y el departamental.
Las situaciones más preocupantes a escala provincial son las de Misiones y Salta, que registran porcentajes superiores al 11 por ciento, según los datos presentados en el Observatorio.
Por eso es importante mirar cada escala territorial. El promedio nacional y los porcentajes provinciales no muestran por sí solos dónde se concentran las propiedades extranjeras ni qué características tienen esos territorios.
Estados Unidos, España e Italia, entre los principales propietarios extranjeros
– ¿Qué países tienen mayor presencia en la propiedad de tierras argentinas? ¿Se trata de personas particulares, empresas o fondos de inversión?
—El origen de los capitales varía mucho según la provincia. Si miramos el panorama nacional, podemos identificar tres grandes países de origen: Estados Unidos, España e Italia. En conjunto, concentran una proporción muy importante de las tierras extranjerizadas.
Después aparecen diferencias regionales. En Misiones, por ejemplo, hay una presencia significativa de capitales chilenos.
Pero tenemos otro problema: existe un porcentaje importante de propiedades cuya nacionalidad no está declarada, porque están radicadas en paraísos fiscales. En esos casos resulta difícil establecer con precisión de qué nacionalidad son los titulares y a qué intereses responden. Esto también constituye una limitación para investigar el fenómeno.
En cuanto al tipo de propietarios, durante la década de 1990 se produjo una nueva oleada de extranjerización, con una presencia importante de grandes fortunas individuales y familias. Los casos de Joe Lewis y Ted Turner son ejemplos conocidos.
Después de la crisis de 2001, la caída de la convertibilidad y el crecimiento de las actividades agroalimentarias, se observa un cambio en el perfil de las inversiones. A partir de los años siguientes comenzaron a adquirir mayor protagonismo los grandes capitales y los fondos de inversión.
Ambos tipos de propietarios siguen presentes, pero en el siglo XXI adquirieron mayor peso los fondos de inversión y los grandes capitales extranjeros. También existen propiedades vinculadas con Estados extranjeros, aunque su presencia es menor en comparación con la de los grupos privados.
La Ley de Tierras y los cambios impulsados por el Gobierno nacional
– En las horas previas a esta entrevista se conocieron informaciones sobre una posible marcha atrás del oficialismo respecto de la derogación de la Ley de Tierras. ¿Cómo interpretan estos movimientos políticos y legislativos?
—La noticia es un bochorno y me parece que tiene como objetivo desmovilizar a la gente.
Recordemos lo que ocurrió el 6 de agosto, cuando se discutía el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. El día anterior se retiró el capítulo referido a la Ley de Tierras, porque era el que generaba mayor indignación. Me parece que volver a introducir cambios o anuncios en la víspera de una movilización busca producir un efecto similar.
Hay un problema de fondo. El Gobierno ya había incluido la derogación de la Ley de Tierras en el DNU 70/2023, una de las primeras medidas adoptadas después de su asunción.
Pero existe otra cuestión importante. A fines de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió sobre el amparo presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Según el análisis que hacemos desde el Observatorio, entre esa decisión y un nuevo pronunciamiento judicial transcurrieron diez días en los que se abrió una situación de incertidumbre sobre la vigencia de la normativa.
¿Qué nos preocupa ahora? Que continúe el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada mientras quedan en pie los capítulos referidos a las expropiaciones y los desalojos.
El capítulo de las expropiaciones plantea mayores obstáculos para que el Estado pueda recuperar tierras por razones de utilidad pública. Si se combinan esos cambios con el período de incertidumbre generado por las decisiones judiciales, surge una preocupación concreta: que se consoliden propiedades adquiridas durante ese intervalo, aun cuando esas operaciones se hayan realizado en un escenario de cuestionamiento normativo.
Por eso considero que esta nueva jugada del Gobierno no garantiza la protección de las tierras. Por el contrario, puede contribuir a consolidar grandes propiedades en manos extranjeras.
-¿Cómo se vincula esta discusión con otras iniciativas del Gobierno nacional, como la propuesta de los llamados pasaportes dorados?
—Es un escándalo que se pueda plantear la compra de la ciudadanía argentina. Eso podría abrir la puerta a que personas o empresas con grandes capitales busquen acceder a determinados beneficios para sus propios intereses.
La cuestión es que las medidas deben analizarse en conjunto. Si se modifican las reglas sobre la adquisición de tierras y, al mismo tiempo, se proponen mecanismos que facilitan el acceso a la ciudadanía mediante inversiones, es necesario discutir qué consecuencias podrían tener esas decisiones y qué controles deberían existir.
Diez días de incertidumbre y una operación inmobiliaria en la Patagonia
-El Observatorio publicó un informe sobre una inmobiliaria que promocionaba la venta de un campo con un lago en la Patagonia durante el período en que se discutía la vigencia de la Ley de Tierras. ¿Qué encontraron?
—El último informe que publicamos analiza el caso de una inmobiliaria que utilizaba el nombre de fantasía Loma Alta Propiedades. Según nuestra investigación, ese perfil no correspondía a una empresa real independiente, sino que remitía a otra firma inmobiliaria.
Lo llamativo fue la forma en que se presentó la oportunidad de invertir en tierras patagónicas. Se creó un perfil en Instagram para promocionar las ventajas de comprar en ese momento, cuando la Ley de Tierras no estaba vigente según la interpretación que difundían esas publicaciones.
El perfil comenzó a funcionar el 26 de septiembre, tres días antes del fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre. Esa coincidencia temporal plantea interrogantes sobre la información con la que contaban quienes promocionaban esas operaciones.
No podemos afirmar, únicamente a partir de esas fechas, que existió una filtración de información judicial. Pero sí podemos señalar que las publicaciones promocionaban la oportunidad de invertir antes de que se conociera públicamente la decisión de la Corte.
Ese es precisamente uno de los aspectos que buscamos documentar: qué ocurre en los territorios cuando se producen cambios normativos y quiénes están en condiciones de aprovecharlos.
-¿Qué lectura hacen de la secuencia de decisiones judiciales y legislativas?
—Creo que estamos ante un manoseo de las instituciones del Estado que contribuye a su deslegitimación.
También tenemos que discutir cuáles son las bases reales de nuestro sistema democrático. En este último tiempo quedó expuesta una tensión entre el principio de división de poderes y las decisiones que, en los hechos, pueden favorecer los objetivos del Poder Ejecutivo.
La discusión sobre la Ley de Tierras está relacionada con el DNU 70/2023, que constituye una pieza central del programa de desregulación del Gobierno. Por eso, el debate involucra a muchos sectores que tienen intereses distintos, pero que pueden coincidir en el rechazo a determinadas medidas.
No se trata únicamente de quienes trabajan sobre la extranjerización de la propiedad rural o defienden la soberanía territorial. También están en juego cuestiones vinculadas con la educación pública, la producción, el conocimiento científico y los derechos sociales.
La movilización social y el derecho a reclamar
-¿Qué lugar ocupa la movilización social frente a este escenario?
—Me parece que es un fenómeno interesante cómo distintos grupos, sectores e intereses comienzan a converger en una misma lucha y a organizarse.
Desde principios de este año, y especialmente a partir de lo ocurrido el 6 de agosto, se observa un hartazgo social frente a los cambios permanentes en las reglas y al modo en que se manejan las instituciones.
También hay que prestar atención a la respuesta del Gobierno frente a las movilizaciones. El 6 de agosto, cuando comenzaba a llegar más gente a la Plaza de los Dos Congresos, se produjeron episodios de represión. Eso hizo que muchas personas se retiraran o buscaran alejarse de los lugares donde se concentraban.
El derecho a reclamar y expresar la voluntad popular debe estar garantizado. La movilización social puede modificar el escenario político y elevar el costo de las decisiones de quienes intentan evitar determinadas discusiones.
La participación ciudadana es fundamental para que estos temas no queden restringidos a los ámbitos legislativos o judiciales.
-¿Por qué consideran que esta discusión convoca a sectores que, en principio, tienen reclamos diferentes?
—Porque hay muchos sectores perjudicados por las medidas incluidas en el DNU 70/2023 y muchos intereses que confluyen en el debate. No se trata solamente de la extranjerización de tierras o de la soberanía territorial.
También hay cuestiones vinculadas con la educación, la producción y el desarrollo científico. Cuando distintos grupos empiezan a reconocer que hay problemas comunes, pueden organizarse y construir una agenda compartida.
Me parece que el modo en que se han manejado las instituciones y los cambios que se introducen de manera permanente generan un hartazgo social importante.
La movilización también funciona como una señal para quienes deben tomar decisiones en el Congreso. Cuando más personas conocen lo que está en discusión y reclaman respuestas, aumenta la necesidad de que los representantes expliquen sus posiciones.
El Observatorio de Tierras: información para conocer cada territorio
Conocer los porcentajes nacionales de extranjerización es importante, pero insuficiente para comprender las consecuencias territoriales del fenómeno.
En Entre Ríos, la ubicación de la provincia en la región litoral, su relación con la cuenca del Paraná, la hidrovía y los corredores comerciales del Mercosur obligan a considerar el valor estratégico del territorio y de sus recursos naturales.
El acceso al agua dulce, las posibilidades de desarrollo productivo y la distribución de la propiedad rural forman parte de una misma discusión. Las decisiones sobre la tierra pueden tener consecuencias económicas, ambientales y sociales que se extienden mucho más allá de los límites de cada establecimiento.
El Observatorio permite acercarse a esa realidad con información sistematizada y consultar las particularidades de cada jurisdicción.
Ingresá al Observatorio de Tierras para explorar el mapa interactivo, consultar los datos por provincia y departamento y acceder a los informes del equipo de investigación.
Como señaló Elías durante la entrevista, informarse es un paso necesario para participar de una discusión que involucra la propiedad de la tierra, los recursos naturales y las decisiones sobre el futuro del país.
La entrevista con la investigadora amplía el recorrido iniciado con Julián Domínguez en una nota anterior: de los fundamentos de la Ley de Tierras y la controversia judicial a los datos que permiten dimensionar la extranjerización en el territorio. Ambas conversaciones aportan elementos para comprender por qué la propiedad rural, el agua y los recursos estratégicos forman parte de un debate que concierne a toda la sociedad.