Una investigación periodística realizada en España detectó más de mil videos de abuso sexual infantil en TikTok, con más de 48 millones de visualizaciones, y puso bajo cuestionamiento los mecanismos de moderación de la plataforma. El caso vuelve a instalar un debate urgente: cómo se construyen las redes de captación y circulación de material de abuso sexual infantil y qué responsabilidades tienen las empresas tecnológicas, el Estado y las personas adultas.
Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. Allí se comunican, juegan, aprenden, producen contenidos y construyen vínculos. Pero ese mismo espacio también puede ser utilizado por personas y organizaciones que buscan establecer contacto con menores, acosarlos sexualmente o intercambiar material de abuso. Una investigación reciente sobre TikTok expuso la dimensión de un problema que atraviesa las fronteras y exige respuestas que excedan la responsabilidad individual de las familias.
El trabajo fue realizado por la organización española Maldita.es, que durante 35 días investigó el funcionamiento de TikTok reproduciendo estrategias de búsqueda y contacto utilizadas por redes de explotación sexual infantil. El resultado fue alarmante: más de mil videos con contenido explícito de abuso sexual infantil, que acumularon más de 48 millones de visualizaciones.
La investigación también identificó alrededor de 26.000 cuentas vinculadas a redes de usuarios que intercambian, compran y venden este material y que, además, utilizan las transmisiones en vivo para acosar sexualmente a niñas y adolescentes. De acuerdo con los datos difundidos, unas 7.000 de esas cuentas operaban en español.
El relevamiento registró 78 transmisiones en vivo de menores en 13 países y detectó 1.900 comentarios de contenido sexual explícito. Otro dato puso en cuestión la capacidad de respuesta de la plataforma: de una muestra de 50 videos denunciados por la organización, TikTok eliminó solamente el 10 por ciento.
La investigación entregó las pruebas a la Fiscalía de Criminalidad Informática de España y evitó divulgar los nombres de las cuentas y determinados códigos utilizados por los usuarios investigados, para no facilitar el acceso a ese material.
El algoritmo, las transmisiones en vivo y la responsabilidad de las plataformas
De acuerdo a la información publicada en Demo Comunicación, el relevamiento señala que las herramientas de búsqueda y recomendación pueden conducir a contenidos explícitos y facilitar el contacto entre usuarios que buscan material de abuso sexual infantil. También advierte sobre el uso de las transmisiones en vivo de menores como espacios de hostigamiento sexual y sobre la posibilidad de que las monedas y los regalos virtuales se conviertan en mecanismos de intercambio económico.
La respuesta institucional en España incluyó un pedido del Ministerio de Juventud e Infancia a la Fiscalía General del Estado para que investigue los hechos. También se planteó la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma.
TikTok, por su parte, solicitó a Maldita.es que compartiera la investigación completa para localizar y eliminar los contenidos denunciados. La organización sostuvo que ya había entregado las pruebas a las autoridades competentes.
El episodio vuelve a poner en discusión una cuestión central: las plataformas no son espacios neutrales. Sus algoritmos, sistemas de recomendación, herramientas de interacción y mecanismos de moderación intervienen en la circulación de contenidos y en las posibilidades de contacto entre usuarios. Por eso, la protección de las infancias requiere controles efectivos y responsabilidades empresariales verificables.
Argentina: grooming, exposición digital y huella de las infancias
La problemática también tiene una dimensión concreta en Argentina. Según el estudio Kids Online Argentina, el 90 por ciento de los menores utiliza redes sociales y el 80 por ciento lo hace diariamente.
A su vez, Grooming Argentina advirtió en su informe de 2023 que uno de cada cuatro chicos y chicas recibió pedidos de imágenes privadas por internet. El dato muestra la importancia de abordar las prácticas de acoso y captación digital desde una perspectiva que contemple tanto las conductas de los agresores como las condiciones que permiten que estas situaciones ocurran.
En este escenario aparece otro fenómeno: el sharenting, término que describe la publicación de fotografías, videos y datos personales de niñas, niños y adolescentes por parte de sus madres, padres y familiares.
La exposición comienza muchas veces en el propio entorno familiar. Fotografías de cumpleaños, vacaciones, actividades escolares o momentos cotidianos quedan disponibles en espacios digitales donde pueden ser descargadas, reproducidas y utilizadas fuera del contexto original.
En declaraciones recogidas por Demo Comunicación, Patricio Longo, abogado especialista en derecho de daños de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, advirtió sobre la pérdida de control que implica la circulación de imágenes en internet. También señaló que muchos niños llegan a los cinco años con más de mil fotografías publicadas, lo que configura una huella digital construida por los adultos antes de que puedan decidir sobre su propia privacidad.
El especialista alertó, además, sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para producir deepfakes: imágenes manipuladas que pueden simular situaciones de desnudez a partir de fotografías cotidianas. Se trata de una modalidad que amplía los riesgos y plantea nuevos desafíos para la protección de la identidad y la intimidad.
¿Quién protege los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital?
La legislación argentina cuenta con instrumentos generales de protección, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 de Protección Integral y el Código Civil y Comercial. Sin embargo, todavía no existe una regulación integral y específica sobre las prácticas de exposición de menores en redes sociales.
La discusión también llegó al Congreso nacional. Un proyecto presentado por los diputados Nicolás Trotta, Roxana Monzón, Pablo Yedlin y Hugo Yasky propone establecer obligaciones para las plataformas digitales en materia de prevención del grooming, ludopatía en línea y uso compulsivo de pantallas. Entre sus planteos figuran mayores controles de edad y restricciones a los algoritmos diseñados para generar conductas adictivas en menores.
La discusión plantea una tensión que atraviesa a las sociedades contemporáneas: cómo garantizar el acceso a las tecnologías y, al mismo tiempo, proteger los derechos de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los entornos digitales.
La prevención requiere educación digital, acompañamiento familiar, herramientas de denuncia accesibles, intervención estatal y obligaciones concretas para las empresas que administran estas plataformas. También implica revisar las prácticas adultas de publicación de imágenes y datos personales.
El problema del abuso sexual infantil en internet no puede reducirse a una cuestión de cuidado individual ni a la eliminación de contenidos una vez que fueron denunciados. Cuando existen redes organizadas, circulación transnacional de material y mecanismos de captación que aprovechan las herramientas de las plataformas, la respuesta debe contemplar la dimensión estructural del fenómeno.
La investigación sobre TikTok vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que sigue pendiente: ¿qué mecanismos de protección existen realmente para niñas, niños y adolescentes cuando los espacios digitales que utilizan todos los días también pueden convertirse en territorios de acoso y explotación.