Por Sandra Miguez
María Leonor Godoy murió este lunes en Concordia tras permanecer internada durante más de tres semanas, luego de haber sido atacada con un arma blanca por su pareja en un episodio de violencia de género que ahora es investigado como “femicidio”.
La mujer de 58 años había ingresado el 4 de abril al Hospital Delicia Concepción Masvernat con múltiples heridas punzocortantes y politraumatismos graves. Desde entonces permanecía en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y en estado crítico.
El ataque ocurrió durante la madrugada en una vivienda de la zona de calles Sargento Cabral y 53. Personas presentes en el lugar alertaron a la Policía tras escuchar gritos. Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer gravemente herida, mientras que el agresor ya se había dado a la fuga.
El principal acusado, Juan Pablo Estigard, de 37 años, fue detenido horas después y permanece alojado en una unidad penal. Con la muerte de la víctima, la causa —inicialmente caratulada como tentativa de homicidio agravado por violencia de género— será recaratulada como femicidio, lo que implica una agravación de la imputación penal.
Peritajes preliminares incorporados a la investigación señalaron además indicios de abuso sexual, lo que suma gravedad al cuadro judicial.
Antecedentes y fallas en la protección
El caso presenta un elemento crítico: la víctima había denunciado previamente a su agresor en noviembre del 2025 por una agresión grave, y sobre él pesaba una restricción de acercamiento vigente al momento del ataque.
Este dato reabre el debate sobre la eficacia de las medidas judiciales de protección en contextos de violencia de género. La reiteración de hechos con denuncias previas muestra limitaciones en los mecanismos de control y seguimiento, así como en la capacidad de intervención temprana.
Estigard tiene además otros antecedentes y denuncias que se encuentran en distintas instancias en el sistema judicial de la provincia.
Un problema estructural
En Argentina, los femicidios se producen mayoritariamente en contextos de vínculos cercanos. Registros de organizaciones como el Observatorio de Femicidios de la Corte Suprema indican que en más del 80 por ciento de los casos el agresor pertenece al entorno íntimo de la víctima, y una proporción significativa corresponde a parejas o exparejas.
Otro dato relevante es que una parte considerable de las víctimas había realizado denuncias previas o tenía medidas de protección vigentes, lo que evidencia fallas en la prevención efectiva.
El femicidio fue incorporado como figura agravada en el Código Penal en 2012, con penas de prisión perpetua. La tipificación busca reconocer la especificidad de estos crímenes, atravesados por relaciones de poder, violencia sistemática y desigualdad de género.
El aumento de denuncias hizo que en marzo de este año, el Poder Judicial de Entre Ríos pusiera en marcha el Sistema Integral de Abordaje de las Violencias (SIAV), una herramienta que intenta realizar una valoración de riesgo inmediata para que la jueza o juez dicte medidas de protección en menor tiempo, algo que comenzó a implementarse en Paraná, y que progresivamente se implementará en todas las localidades de la provincia.
No obstante, las respuestas no llegan, y el femicidio de María Leonor Godoy es una muestra más que pone en evidencia la lentitud de las instituciones frente al problema de la violencia de género, que se cobra la vida de una mujer cada 27 horas.
Impacto y demanda social
El caso generó conmoción en Concordia y vuelve a colocar en agenda la necesidad de revisar los dispositivos institucionales de respuesta. Especialistas y organizaciones reclaman mayor articulación entre el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y los sistemas de asistencia a víctimas.
La evolución de la causa dependerá ahora de la recalificación legal y de los avances periciales. En paralelo, el hecho vuelve a exponer una problemática persistente, donde la existencia de denuncias previas no siempre logra evitar desenlaces fatales.