El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional firmaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario para las universidades públicas. La propuesta incluye un aumento del 24,33 por ciento en dos tramos: un 21,33 en julio y un 3 adicional en octubre. Esa recomposición cubre siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 de 2025, y el resto apunta a compensar la pérdida acumulada hasta mayo de este año.
Pero el acuerdo económico no cierra el conflicto. Los rectores dejaron en claro que no retirarán la demanda judicial ante la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario, la norma que el Congreso aprobó y ratificó y que el Ejecutivo nacional sigue sin aplicar.
El acta rubricada hoy también contempla otros puntos. Incluye un incremento del 50 por ciento en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y un financiamiento de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Desde los gremios, la desconfianza es explícita. Fuentes de Conadu señalaron que «por ahora es todo informal» y que el Gobierno «es un interlocutor muy escurridizo», al tiempo que reclamaron la convocatoria formal a paritaria, que no se realiza desde hace años.
La causa judicial tiene historia propia. Hay una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final está en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazo para expedirse.
El Gobierno sostiene que la ley es «ilegal» porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por eso insiste en que mantener la demanda judicial es incompatible con el acuerdo firmado. Los rectores no lo ven así.
La tensión no es solo en las facultades. En los colegios preuniversitarios, docentes y estudiantes también sostienen el reclamo: la quita del Fondo de Incentivo Docente agravó la situación salarial en esos establecimientos, y el tema forma parte de la negociación aún abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los sindicatos.
En síntesis: hay acuerdo en los números, pero no en el fondo del conflicto. La universidad pública argentina sigue esperando que la Corte resuelva.