La denuncia por presunto abuso sexual y acoso contra un concejal de La Libertad Avanza de Gualeguaychú trascendió el plano judicial para convertirse en un asunto de fuerte impacto político e institucional. Mientras la Fiscalía avanza con la investigación, el caso interpela al Concejo Deliberante sobre los mecanismos de prevención, actuación y protección frente a denuncias de violencia por razones de género ocurridas dentro del ámbito legislativo.
La presentación judicial fue realizada por una trabajadora del cuerpo deliberativo, quien desempeña funciones como secretaria de un bloque político. Según consta en la denuncia, el episodio denunciado habría ocurrido en una oficina del Concejo Deliberante, donde el edil la habría sometido a tocamientos sin su consentimiento tras cerrar el despacho. La mujer también sostuvo que existían antecedentes de insinuaciones y acercamientos físicos no deseados, situación que, afirmó, la había llevado a evitar permanecer a solas con el denunciado.
La causa fue radicada en el Ministerio Público Fiscal bajo la calificación de presunto abuso sexual simple y acoso sexual. En esta etapa inicial, la investigación se orienta a la recolección de testimonios y demás elementos probatorios, al tiempo que se analizan medidas de protección para la denunciante mientras se desarrolla el proceso.
Un caso que trasciende el expediente judicial
La denuncia instala un debate que excede la eventual responsabilidad penal del acusado. El foco también se desplaza hacia las responsabilidades institucionales del Estado cuando una presunta situación de violencia ocurre dentro de un ámbito de trabajo público y en una dependencia donde conviven autoridades políticas, personal administrativo y asesores.
En ese contexto, uno de los interrogantes es si el Concejo Deliberante cuenta con protocolos específicos para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia y acoso laboral o sexual, así como los mecanismos disponibles para garantizar condiciones de trabajo seguras para quienes cumplen funciones en la institución.
La repercusión política también alcanza a La Libertad Avanza, espacio al que pertenece el concejal denunciado. Aunque la investigación recién comienza y rige el principio de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme, el caso coloca al partido frente al desafío de definir una posición institucional respecto de la continuidad política del edil y de los criterios de actuación ante denuncias de esta naturaleza.
La respuesta del concejal
Tras conocerse públicamente la denuncia, el concejal Marcelo Rodríguez rechazó las acusaciones y aseguró que los hechos denunciados «son completamente falsos». Además, afirmó que hasta el momento de sus declaraciones no había sido notificado formalmente por la Justicia.
El edil manifestó que espera que la investigación avance con rapidez para esclarecer lo ocurrido y sostuvo que la denuncia perjudica tanto a su familia como a su trayectoria política.
El desafío institucional
Más allá del desenlace judicial, el episodio vuelve a poner sobre la agenda pública la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales para prevenir situaciones de violencia en los ámbitos estatales y garantizar procedimientos claros para la recepción, investigación y acompañamiento de las denuncias.
El tratamiento que adopten tanto la Justicia como el Concejo Deliberante será observado de cerca, ya que de esas decisiones dependerá buena parte de la respuesta institucional frente a un caso que impacta de manera directa en la credibilidad de las instituciones y en la confianza de quienes desarrollan tareas dentro del ámbito legislativo.
Mientras tanto, la investigación continúa en etapa preliminar y será la Justicia la que determine, a partir de las pruebas que se incorporen al expediente, si existen elementos para avanzar hacia una eventual imputación o adoptar otras medidas procesales.