El 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries cerró en Córdoba con más de cien talleres, una movilización multitudinaria y la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como próxima sede. Las conclusiones pusieron en el centro las violencias de género, el trabajo, los cuidados, la soberanía, la salud, la educación y la defensa de los derechos conquistados. El desafío hacia el año próximo será fortalecer la organización colectiva en un escenario de ajuste y retroceso de políticas públicas.
Durante tres jornadas, más de 100.000 personas —con estimaciones periodísticas que superaron las 150.000— participaron de talleres, asambleas, actividades culturales y movilizaciones. El cierre incluyó la lectura de las conclusiones elaboradas en los espacios de debate y la elección de Buenos Aires como sede de la edición número 40, prevista para 2027.
El balance permite reconocer una agenda que enlaza las violencias patriarcales con las condiciones materiales de vida, el acceso a los derechos, la defensa de los territorios y la discusión sobre el modelo de país. También deja planteada una pregunta política: cómo convertir los debates y las demandas compartidas en acciones sostenidas durante el año.
Las violencias de género y las responsabilidades del Estado
La prevención de los femicidios, travesticidios, transfemicidios, lesbicidios y crímenes de odio ocupó un lugar central en la agenda. Las discusiones abordaron la respuesta policial y judicial frente a las denuncias, la atención a las víctimas y sus familias, la protección de quienes atraviesan situaciones de violencia y la responsabilidad de las instituciones públicas.
La comisión organizadora había advertido sobre el impacto de los recortes presupuestarios en los programas de prevención y asistencia. También cuestionó los discursos que niegan o relativizan la violencia de género y las prácticas institucionales que desatienden las denuncias.
El planteo excede la condena de los agresores individuales. Interpela a los organismos que deben actuar, a los sistemas de protección que necesitan recursos y a los poderes públicos que tienen la obligación de prevenir las violencias. La distancia entre los derechos reconocidos y las respuestas efectivas sigue siendo uno de los principales problemas señalados por el movimiento.
El trabajo, los cuidados y la desigualdad económica
Otro de los núcleos del Encuentro fue la relación entre la desigualdad de género y las condiciones económicas. La precarización laboral, los bajos salarios, el desempleo, el endeudamiento de los hogares y la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado atravesaron las discusiones.
En las voces recogidas por medios independientes apareció una definición que condensa parte de esta agenda: «Cuidar es un trabajo, se tiene que pagar». El reclamo pone en discusión quiénes sostienen cotidianamente la vida, cuánto trabajo no remunerado recae sobre las mujeres y diversidades y qué responsabilidades corresponden al Estado, las familias y el sector privado.
Esta perspectiva permite leer la crisis económica desde una dimensión concreta: la pérdida de ingresos, el encarecimiento de los bienes y servicios y la reducción de las políticas de asistencia tienen consecuencias diferentes según las condiciones laborales, familiares y sociales de cada persona.
Soberanía, territorios y defensa de los bienes comunes
La soberanía tuvo un lugar explícito entre los trece ejes temáticos del Encuentro. Las discusiones abarcaron la soberanía alimentaria, los conflictos socioambientales, los pueblos originarios y afrodescendientes, el extractivismo y la defensa de los recursos estratégicos.
Desde el ámbito sindical, Yael Gabrielli, secretaria de Igualdad de Género de la Asociación del Personal Aeronáutico, vinculó la defensa del empleo con la preservación de las empresas públicas. En declaraciones recogidas por Indymedia, sostuvo que proteger esas empresas implica defender el patrimonio colectivo y la soberanía nacional.
La participación de mujeres indígenas y activistas socioambientales amplió la discusión hacia los efectos del extractivismo sobre los territorios y las comunidades. La soberanía alimentaria, el acceso al agua y la defensa de los bienes comunes forman parte de una agenda que conecta las desigualdades de género con las disputas económicas, ambientales y territoriales.
El enfoque plurinacional resulta central en este punto: reconoce que las experiencias de las mujeres y diversidades no son homogéneas y que las desigualdades se expresan de manera diferente según el territorio, la pertenencia étnica, la clase social y las condiciones de vida.
Salud, educación, ESI y derechos sexuales y reproductivos
La defensa de la educación pública, la Educación Sexual Integral (ESI), el acceso al aborto legal y a los servicios de salud sexual y reproductiva integró los ejes de discusión. También se abordaron los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas mayores, junto con las condiciones de acceso a la salud y la educación.
En materia de salud, la agenda incluye tanto la disponibilidad de servicios como el trato recibido por las personas, las barreras económicas y territoriales y la necesidad de políticas que contemplen distintas identidades, edades y experiencias.
El desafío consiste en sostener las garantías legales y asegurar que puedan ejercerse de manera efectiva. La existencia de una norma no elimina por sí misma las dificultades de acceso, la discriminación ni las desigualdades entre regiones.
Democracia, derechos humanos y organización colectiva
Los talleres también incluyeron debates sobre las violencias estatales, los derechos humanos, la democracia, los movimientos sociales y la organización barrial. La agenda vinculó las libertades individuales con las condiciones necesarias para participar en la vida pública, organizarse y defender derechos.
La autonomía política y la organización horizontal son características centrales del Encuentro. Los talleres permiten compartir experiencias, exponer posiciones diferentes y elaborar conclusiones que registran tanto los acuerdos como los disensos. Según las pautas de organización publicadas por la comisión correspondiente, el objetivo no es imponer una única postura, sino dejar constancia de la diversidad de miradas.
Esa dinámica explica parte de la potencia del espacio, pero también plantea una dificultad: las conclusiones no deben leerse como una plataforma uniforme que representa de idéntica manera a todas las participantes. La pluralidad es constitutiva del Encuentro y sus debates expresan diferencias políticas, generacionales, territoriales y organizativas.
El balance político, por lo tanto, requiere atender tanto a las demandas compartidas como a las discusiones sobre las estrategias para llevarlas adelante.
Buenos Aires 2027: el regreso al lugar donde comenzó la historia
La elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede del 40° Encuentro tiene un valor histórico. Allí se realizó la primera edición, en 1986. Cuarenta años después, el movimiento regresará a la capital del país, en un año atravesado por la disputa electoral nacional.
La sede fue elegida durante el acto de cierre del lunes 12 de octubre. La decisión coloca al próximo Encuentro ante la posibilidad de ampliar la visibilidad de sus demandas en el centro político nacional y de profundizar los debates sobre las políticas públicas, los derechos y las condiciones de vida.
El regreso a Buenos Aires también abre interrogantes sobre la organización de una convocatoria federal, la participación de las distintas corrientes del movimiento y la capacidad de sostener durante el año los vínculos construidos en Córdoba.
La próxima edición será una oportunidad para evaluar qué respuestas obtuvieron las demandas planteadas, qué políticas se modificaron y qué estrategias colectivas pueden fortalecerse frente a los retrocesos denunciados.
Las conclusiones: sostener la organización más allá de los tres días
El Encuentro de Córdoba dejó una agenda amplia, en la que las violencias de género, el trabajo, los cuidados, la soberanía, la salud, la educación y los derechos humanos aparecen vinculados. Los problemas debatidos tienen una dimensión institucional, pero también económica y territorial: afectan las posibilidades concretas de vivir sin violencia, acceder a derechos y participar de la vida colectiva.
La convocatoria volvió a mostrar que existen espacios de encuentro entre organizaciones, trabajadoras, activistas, referentes territoriales y personas que llegan desde distintas provincias con experiencias y posiciones diversas. La construcción de acuerdos no elimina las diferencias, pero permite identificar problemas comunes y discutir respuestas.
El desafío hacia 2027 será transformar esa agenda en organización sostenida, capacidad de incidencia y acciones concretas. La prevención de las violencias requiere políticas públicas y recursos; la igualdad económica demanda empleo digno y una distribución más justa de los cuidados; la defensa de los derechos necesita instituciones que los garanticen y una sociedad capaz de sostenerlos.
A cuarenta años del primer Encuentro, la pregunta central sigue abierta: cómo fortalecer una construcción colectiva que reúna diferencias y produzca respuestas frente a las desigualdades. Buenos Aires será la próxima sede de esa discusión.
